Es muy complejo, por lo extenso, hacer un listado de las cosas que la ciudad de Córdoba tiene sin resolver desde hace décadas.
La complejidad pasa también por el hecho de que algunos de esos problemas crónicos están atados a otros problemas crónicos.
Por ejemplo, la ausencia de criterios lógicos de crecimiento y desarrollo urbanístico racional en el más que amplio ejido potenció dos cuestiones a las que no se les encuentra solución: el transporte y la higiene.
Las licitaciones de ambos servicios deben hacerse en la actual gestión municipal de Daniel Passerini, que ya dejó vencer el servicio de transporte urbano sin llamar a una nueva licitación y decidió apostar por unas concesiones precarias en el más amplio sentido de la expresión, a la espera de que llegue el mentado proyecto metropolitano que abarque a la Capital y a los municipios que la rodean.
A la concesión por la higiene urbana le faltan algunos meses, sin que haya siquiera un borrador de los nuevos pliegos del servicio.
El convenio vigente, aprobado con mucha polémica en la segunda gestión de Ramón Javier Mestre, ha sido objeto de numerosas denuncias judiciales que derivaron en causas que se tramitan en la Justicia federal y que involucran a las tres patas del servicio: funcionarios, empresarios que se quedaron con concesiones y los gremialistas del Surrbac.
Aquella concesión fue severamente cuestionada por una razón central: se mantenía un servicio de recolección obsoleto, costoso e ineficiente. O sea, los vecinos de la ciudad pagaban (y pagan) mucho por una prestación no muy buena.
Al poco tiempo ya saltó, porque era cara y de baja calidad: la Justicia federal comenzó a investigar los millonarios patrimonios de los dueños del Surrbac –los Saillén y los Catrambone–, además de causas que involucraban a algunos empresarios y funcionarios de la gestión mestrista.
Empoderados
Martín Llaryora y Passerini, quienes sucedieron a Mestre, no amagaron siquiera con revisar ese convenio sospechado, costoso y poco eficiente.
Lejos de eso, empoderaron a los líderes gremiales, que mantuvieron la llave en la recolección de residuos a través de la provisión de insumos y puestos clave en los organismos estatales encargados de la higiene.
Como en el transporte, con la basura todo es entrópico. Tres empresas concesionarias para algunas tareas, un ente municipal para otras, una planta provisoria de años para la disposición final, compartida con otros municipios.
Y un gremio que parece tener el control real de la prestación pese a tener a sus líderes, multimillonarios, tapados de denuncias judiciales por manejos económicos y violencia, entre otras cuestiones.
Por eso, aunque los funcionarios municipales se esfuercen en intentar despegar la situación de no recolección de residuos en algunas áreas de la ciudad de la discusión del nuevo pliego para la higiene urbana, no hay manera de escindir.
Todo indica que el Surrbac ha decidido jugar con esas cartas con las que juega siempre: ir notificando a modo de apriete preventivo, antes de la multimillonaria negociación.
La Municipalidad sostiene que ya están estudiando el nuevo pliego, pero nadie ha esbozado en público un solo lineamiento.
La oposición en el Concejo Deliberante sospecha que harán algo similar con el transporte. Una prórroga precaria, como si no fuera ya precario todo lo relacionado con la higiene en la ciudad.
Pero hay otras sospechas que relacionan estos sistemas poco claros del transporte y de la basura. Se habla de la presencia de operadores político-empresariales que relacionan a interesados en prestar cada uno de esos servicios.
Lo que sólo es visible es la imagen de contenedores rebalsados de desperdicios. Es una mugre, sin dudas. Pero tal vez sea más sucio lo que se esconde detrás, donde se entremezclan negocios e internas políticas.
