Martín Llaryora fue uno de los pocos gobernadores que estuvieron el sábado pasado en el Congreso para la apertura del período de sesiones que encabezó Javier Milei, en el contexto de un enrarecido clima institucional en el país.
El gobernador de Córdoba fue el único que se pronunció a favor de abrir la discusión fiscal que esbozó Milei, sin precisión alguna, sobre esa especie de competencia fiscal entre provincias que reemplace a impuestos nacionales coparticipables.
Está claro que Córdoba sería uno de los distritos más favorecidos por un esquema de ese tipo, que tiene pocas posibilidades de pasar por el Congreso.
A Milei y a Llaryora, en ese juego permanente de estar cercanos y distantes según se vayan dando las circunstancias, hay cuestiones que los unen.
Por caso, el reclamo de aliviar la presión tributaria y señalamientos sobre el respeto debido a cuestiones institucionales.
Esos dos puntos se unen por estos días en las relaciones entre los tres poderes en la provincia de Córdoba.
El reclamo por el incremento del Inmobiliario Urbano, que el Gobierno insiste en considerar que está acotado a una pequeña cantidad de casos, se dirime en dos instancias: la Justicia y la Legislatura.
Desde que ingresó el amparo al Tribunal Superior de Justicia para que este declarara inconstitucional el cálculo por el que se ajustó el Inmobiliario, se intensificó el accionar de operadores políticos en el edificio de la sede judicial.
En la Legislatura, en tanto, la oposición está a un voto de aprobar una norma que suspende el último aumento impositivo hasta que se fije un mecanismo de cálculo más claro.
Como hasta que empieza cada sesión el oficialismo duda de si logra mayoría en cada votación, se aprobó –una vez más– un cambio de reglas que exige mayoría agravada de dos tercios de los votos para aprobar proyectos sobre tablas; es decir, sin despacho de comisión.
La oposición –más precisamente, el radical Rodrigo de Loredo– afirma que este cambio de reglamento sólo busca evitar que se suspendan los aumentos impositivos.
Los dos tercios complican el tratamiento sobre tablas para cualquiera de las fuerzas. Pero está claro que al peronismo cordobés le cuesta cada vez administrar el esquema de paridad que las urnas determinaron en la Legislatura.
El escándalo de los “fantasmas”
Esa tensa situación, que se renueva en cada sesión, se da en el contexto de un escándalo que crece cada vez más: el de los “empleados fantasma”.
Luego de dos meses de ocultamiento bien cuidado, se conoció que fue la propia vicepresidenta del cuerpo, Nadia Fernández, la que tramitó el ingreso de la empleada que nunca firmó contrato y cuyo sueldo intentó cobrar el dirigente Guillermo Kraisman.
Fernández negoció con Kraisman ese contrato fallido aun cuando su compañero de la seccional 12ª de la capital provincial había sumado a su frondoso prontuario el haber sido sorprendido en flagrancia robando mercadería de un supermercado.
La legisladora y otros importantes dirigentes del PJ se reunieron con Kraisman para acordar nombramientos después de que este se viese obligado a dejar su cargo en la Municipalidad capitalina por el escándalo en el supermercado.
Fernández lo admitió recién después de la difusión periodística, cuando hace casi dos meses que se viene planteando la pregunta sobre quién la designó.
El escándalo no se circunscribe al tándem Fernández-Kraisman, sino que compromete al cuerpo de conducción de la Legislatura, que rehúsa revelar el listado de los mil contratados que hay en el cuerpo.
Esa cerrazón no ha hecho otra cosa que agrandar las sospechas respecto del manejo de nombres y recursos que hay detrás de ese empleo público temporal.
Se espera que el secretismo al respecto ceda la semana próxima, si la Justicia resuelve favorablemente el pedido de acceso a la información pública presentado días atrás por La Voz.
