En medio de la polémica por el aumento de la anualidad del Impuesto Inmobiliario de Córdoba, desde el Gobierno provincial salieron a dar algunas explicaciones por las subas estrepitosas que tuvieron más de 21 mil cuentas, que representan el 1% del total.
Aseguraron que en el 99% de las cuentas el incremento no superó el 172,5%, que para determinar la base imponible se siguen usando las valuaciones de 2019 y que las viviendas con subas mayores, en rigor, dejaron de recibir los beneficios fiscales que tuvieron hasta 2024 por su alto valor de mercado.
Explicaron también que el tope sigue activo para todo el resto y que el polémico coeficiente de equidad inmibiliario (CEI), una de las variables de la fórmula para obtener el impuesto (junto con la base y la alícuota), no se determina de “manera oscura”, como asegura la oposición, sino que en su conformación interviene el Idecor (Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba), con información detallada y veraz del valor de la tierra actualizada todos los años.
La Provincia, a través de una alta fuente del Ministerio de Economía y Gestión Pública, apuntó también a la denuncia del legislador Rodrigo Agrelo, quien en su calidad de contribuyente del fisco provincial presentó la semana pasada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un recurso de inconstitucionalidad en contra de la suba del Inmobiliario Urbano.
Cómo se calculó el Inmobiliario de Córdoba
Según la administración de Martín Llaryora, cuando se elaboró el Presupuesto 2025, se decidió que el cálculo del Inmobiliario se determinara de la misma forma que en 2024. La única diferencia fue que un conjunto de inmuebles de alto valor, que de acuerdo con el Gobierno no representan más del 1%, no se iba a poner un tope de incremento.
Ese “techo” es el aumento interanual de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que para esta anualidad se estableció en 172,5% porque se usó el registrado entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024.
Se usó ese segmento interanual porque, según la Provincia, era el último publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al momento de presentar el paquete de leyes económicas en la Unicameral.
El Ripte es un indicador que se utiliza para el cálculo de la movilidad jubilatoria y en el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo.
“A esas 20 mil cuentas, se decidió que este año no se les iba a dar el beneficio fiscal en función de su alto valor”, explicaron desde el Ejecutivo provincial.
Las cuentas fueron determinadas por Catastro con base en la información de Idecor. Son propiedades que tienen un valor de mercado superior a los $ 180 millones en lo que es la tierra y tienen más de $ 270 millones en mejoras. “Esas propiedades, que representan el 1% de las aproximadamente dos millones de unidades, hasta el año pasado, sí gozaban del tope de incremento determinado por el Ripte, pero desde 2025, se quitó”, detallaron.
Ubicación
El 80% de esas propiedades que sufrieron aumentos mayores está en Córdoba Capital, mayoritariamente en barrios o zonas con tierras de alto valor. Según pudo conocer La Voz, algunas están en sectores céntricos, y otras en barrios privados y countries.
En la lista hay hoteles de categoría en Capital, complejos habitacionales de alto nivel, complejos de oficinas, boliches bailables de Villa Carlos Paz y casas de entre 750 y 1.200 metros cuadrados cubiertos. También influyeron las mejoras que no se habían declarado.
Desde el Panal, dijeron que hasta el lunes pasado, el 73% de esos contribuyentes, alrededor de 15 mil, ya habían pagado el impuesto. De ese conjunto, poco más de la mitad abonó la anualidad y otras 7 mil cuentas, efectivizó la primera cuota.
“El CEI no se toca a mano ni discrecionalmente, a ese coeficiente lo elabora Idecor en conjunto con Catastro, donde a través del observatorio del valor de mercado de las propiedades, se toman los datos durante todo el año hasta septiembre y octubre, que es cuando se empieza a armar todo para presentar a la Legislatura, es un trabajo enorme relevando también el valor de las ventas reales en toda la provincia”, explicaron.
“El CEI viene a equilibrar la base imponible que se está usando, que es de 2019, cuando fue el último revalúo”, ampliaron, y agregaron: “A partir de eso, se decidió por segundo año aplicar el índice de actualización con base en el último Ripte publicado, que es el que dio 172,5%. Hasta ahí, es como se hizo el cálculo para todas las propiedades urbanas; pero hay un conjunto, unas 20 mil, a las que se les sacó ese beneficio, el tope, entonces el aumento quedó liberado en función del verdadero valor de la propiedad. Los datos se fueron limpiando. Se trata de unidades de más de $ 180 millones del valor de la tierra y $ 270 millones del valor de la mejora”.
Ejemplos
Un ejemplo aportado por Rentas es el más significativo. Un edificio en la zona sur de Villa María que el año pasado, por todo el edificio, recibió un impuesto anual de $ 64.019. Luego de revisarlo y sin el beneficio del tope, en 2025 tiene que pagar $ 19.966.195. Todo el edificio. Esa unidad tiene un valor de mercado de $ 3,4 mil millones.
“Por supuesto que la suba fue más del 172,5%, pero porque se calcula sobre la base del 2024 que tuvo un beneficio de casi $ 7 millones”, dijeron desde el Panal.
Otro ejemplo, unas cocheras en barrio General Paz, en Córdoba Capital: pagó en 2024 un anual de $ 660 mil y en 2025 debe abonar $ 11,6 millones. Todo el conjunto de garajes. El valor de mercado es de $ 2,1 mil millones. El aumento, muy superior el 172,5%, se debió a que se sacó el tope que en 2024 permitió un beneficio de $ 3,3 millones.
El “caso Agrelo”
Volviendo al caso de Agrelo y su denuncia, el Gobierno provincial dice que el edificio familiar en Nueva Córdoba, que fue motivo de la denuncia, pagó $ 201 mil pesos anuales en 2024 porque tenía el beneficio del tope que dejó de gozar en 2025. “Tendría que haber pagado $ 736 mil, fueron más de $ 500 mil de bonificación, de subsidio. Entonces, claro, cuando aumentó a dos millones ahora, la suba es superior al 172,5%”, explicaron desde Economía.
Agrelo no se presentó ante la Justicia en su rol de legislador opositor (Encuentro Vecinal), ya que al ser funcionario público está impedido de litigar contra el Estado. Lo hizo como heredero del inmueble de Buenos Aires casi Estrada, es decir, como vecino.
En ese rol, interpuso la acción declarativa de certeza (el nombre técnico del pedido de inconstitucionalidad) sobre el texto del Código Tributario y la Ley Impositiva 11.016, y en ese marco pidió que se cite a declarar al gobernador Martín Llaryora.
Al mismo tiempo, Agrelo solicitó al TSJ que dicte una medida cautelar para que la Provincia se abstenga de “iniciar el reclamo del cobro del tributo indebidamente liquidado, hasta tanto recaiga sentencia firme” en el marco de este reclamo. En un mismo tono, pide que ante una hipotética medida de no innovar dispuesta por la Justicia “se mantenga el beneficio del contribuyente cumplidor”.
Las mejoras también impactan
Según la Provincia, la amplia mayoría de las quejas son de propiedades ubicadas en lugares de tierras con valores altos, sólo 20 mil cuentas de un universo de dos millones.
Un ejemplo en Villa Eucarística de 1.116 metros cuadrados cubiertos, también aportado por la Provincia, refleja la misma situación.
En 2024, el impuesto determinado fue de $ 469.138 y el propietario abonó, con todos los descuentos, $ 279.130. “El año pasado, se detectaron por censo 741 metros cuadrados no declarados que impactaron en 2025. Sin el tope, pasó a $ 9.662.142. De allí el aumento”, dijeron. En 2024, según la Provincia, con el tope y con los metros reales, debería haber abonado casi $ 4 millones.
