En el primer semestre de 2025, la Policía Caminera de Córdoba recaudó $ 24.721 millones por multas en rutas provinciales. Es una suba real del 55,9% frente al mismo período del año pasado, tras descontar la inflación.
Esa cifra representa el 56% de lo presupuestado para todo el año ($ 43.784 millones). Si se la compara con lo ingresado en igual período de 2024 ($ 10.016 millones), el incremento nominal fue del 146%. Descontada la inflación, el aumento real fue del 55,9%.
Para el cálculo del aumento en términos constantes, se consideró una inflación promedio interanual del 57,8% en el primer semestre del año, basada en las variaciones mensuales publicadas por la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia.
La suba en la recaudación obedece a tres factores: una posible intensificación de los controles en las rutas, el aumento del valor de la Unidad Fija de Multa (UF) y el nivel de cumplimiento en el pago por parte de los infractores.
Sin embargo, la Policía Caminera no informa cuántas actas de infracción se labran, los conceptos de esas multas (cinturón, alcoholemia, velocidad, luces bajas), ni qué porcentaje de ellas se paga en término, lo que impide conocer con precisión el impacto de esas variables.
Lo que sí se conoce es la evolución del valor de la Unidad Fija de Multa (UF), que se ajusta de acuerdo al precio de la nafta súper en las estaciones de servicio YPF.
En el primer semestre de 2025, ese valor pasó de $ 1.200 a $ 1.278, un leve incremento del 6,5%, según las resoluciones publicadas por la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia.
El ritmo de ingresos da cuenta de la magnitud: en promedio, la Caminera recaudó unos $ 4.120 millones por mes durante el semestre, lo que equivale a casi $ 137 millones por día. Si se mantiene este ritmo, a fin de año la recaudación podría superar los $ 49.000 millones, un 40% de lo que la administración de Martín Llaryora presupuestó para el Impuesto a los Automotores este año: $ 120.624 millones.
Aunque los montos recaudados por multas de tránsito representan una porción menor del total de ingresos públicos, su participación viene en franco aumento. En el primer semestre de 2025, los $ 24.721 millones obtenidos por la Policía Caminera equivalieron al 0,53% del total de la recaudación de la provincia en ese periodo, sumando recursos propios y fondos coparticipados por la Nación.
Esa proporción fue del 0,43% en todo el 2024 y del 0,31% en el 2023, lo que marca una tendencia sostenida al alza en la incidencia de las multas viales sobre las finanzas provinciales.
A dónde va la plata
Según establece el artículo 8 de la Ley Provincial de Tránsito 8.560, modificado por la Ley 9.688, lo recaudado por multas se canaliza a través del Fondo de Seguridad Vial. Ese fondo tiene una distribución fija del 5% para la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial y otro 5% para los municipios y comunas adheridos.
El resto se reparte entre la Policía Caminera y el Ministerio a cargo de la seguridad vial, dependiendo de qué organismo haya constatado, juzgado y cobrado la infracción.
Cuando la Policía de Córdoba actúa tanto como autoridad de control como de juzgamiento (es decir, cuando detecta y procesa la multa), se queda con el 50% del monto recaudado y el 40% va a la autoridad de aplicación, que es la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito.
El 10% restante corresponde a la distribución fija mencionada anteriormente (5% para la Comisión y 5% para los municipios y comunas adheridos), de acuerdo con lo establecido en la misma ley.
El texto también establece que los montos asignados a la Caminera deben usarse para gastos operativos vinculados con su función: equipamiento, capacitación, logística, tecnología y otras acciones relacionadas con el control en rutas.
Si tras cubrir esas necesidades queda un excedente, ese dinero puede destinarse a equipamiento para otras áreas de la Policía provincial.
A su vez, el Ministerio a cargo de la seguridad vial puede usar los fondos excedentes de la autoridad de aplicación para tareas relacionadas con el tránsito o, también, para equipar a la fuerza de seguridad.
Cambios
La magnitud de la recaudación en concepto de multas ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Córdoba prepara una batería de reformas legales vinculadas al tránsito, la seguridad vial y la convivencia urbana.
Según publicó este miércoles Comercio y Justicia, los proyectos están bajo la supervisión directa del gobernador Martín Llaryora y apuntan a modernizar el sistema, con la incorporación de tecnología como radares fijos, pórticos de control de velocidad y drones para detectar infracciones graves, como sobrepasos indebidos.
La intención oficial es que muchas multas puedan aplicarse sin la necesidad de que haya un control presencial de la Policía Caminera, utilizando medios digitales como el Cidi para notificar al infractor.
También se prevén cambios en el Código de Convivencia para sancionar con multas más severas a quienes faciliten fiestas clandestinas y avanzar en la capacitación policial ante situaciones complejas.
El paquete legislativo ingresaría en las próximas semanas a la Unicameral, con el objetivo de ser aprobado antes de fin de año, según confirmó una fuente oficial al medio citado.
