La expansión de la digitalización en toda América Latina es entendida hoy como uno de los motores de la recuperación económica, por lo que líderes empresariales y expertos en materia de transformación digital propondrán en ese evento internacional nuevas regulaciones más equilibradas para propiciar la inversión y la inclusión de más ciudadanos.
La novena Cumbre de las Américas será entre el 6 y el 10 de junio de 2022 en Los Ángeles, California y reunirá a líderes del continente. El anfitrión será el presidente estadounidense Joseph Biden. El jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, ya confirmó que asistirá en lo que será su primera visita a la superpotencia global.
Las personas y las empresas de las Américas forman parte desde hace tiempo del proceso oficial de la Cumbre, principalmente a través del Foro de la Sociedad Civil, el Foro de Jóvenes de las Américas y la Cumbre de CEO de las Américas, pero también a través de foros adicionales. Todos estos sectores dialogarán durante cinco días sobre la recuperación económica de la región.
Y entre los motores potenciales de crecimiento, los organizadores de la cumbre han identificado la transformación digital de América Latina. La región está logrando un progreso notable en la ampliación de la adopción de tecnologías digitales para una amplia gama de servicios, desde finanzas y atención médica hasta educación y entretenimiento.
La transformación digital de América Latina enfrenta obstáculos, incluida la “brecha digital” de la región y la falta de capacitación en sus fuerzas laborales y hasta en los consumidores. En muchas partes de la región, sin embargo, las regulaciones bien diseñadas y la creciente inversión de los gobiernos y del sector privado en capacitación, conectividad e innovación de los trabajadores están acelerando este proceso alentador.
El debate que ya se está dando
Sobre la brecha digital en la región se focalizó un debate organizado por el Programa Latinoamericano del Wilson Center, con sede en Washington. Participaron la ministra de Telecomunicaciones Ecuador, Vianna Maino; la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), Maryleana Mendez; el director de Estrategia Global y Asuntos Externos de la empresa Vrio, Carlos Magariño.
Los tres coincidieron en que se necesitan “nuevas y más equilibras regulaciones” para encarar inversiones en infraestructura, reducir los precios para los usuarios y generar contenidos que amplíen la inclusión, porque la digitalización es uno de los motores de la recuperación económica regional y global.
Magariños confirmó que participará en el foro de CEOs que se dará en el marco de la Cumbre de las Américas. El empresario dijo que expondrá la necesidad regional de redefinir el concepto de TV paga y entretenimiento con el objetivo de facilitar una desregulación en el sector que aumente y mejore la oferta, reduzca los precios y aumente la conectividad.
“La inclusión digital impulsa la recuperación económica y se necesitan regulaciones más equilibradas para fortalecerla”, dijo Magariños. Ante ello, Maino comentó que en su país el sector público y el privado vienen trabajando en forma mancomunada para mejorar las posibilidades de inversión y de alcance de los servicios digitales, con nuevas regulaciones y estrategias que surgen del diálogo con las compañías que prestan servicios.
Méndez agregó que durante la pandemia de Covid-19 quedó claramente establecida la necesidad de que las tecnologías de información, comunicación y los servicios de contenidos, especialmente la TV, estuvieran disponibles para los usuarios porque era la forma de conectarlos a pesar del distanciamiento que exigió el problema sanitario.
“Allí se vio la importancia de estos servicios para el desarrollo económico”, expresó Méndez y agregó que en América Latina hay un problema: el 87% de la población vive dentro de una zona en la que hay 4G disponible, pero el uso y la penetración de ese servicio siguen siendo bajos mientras que la penetración de la banda aún no llegó al 47% de la población.
Magariños precisó que esta situación de brecha digital en la región se da en un merco de cambios vertiginoso para la industria. Dijo que, por ejemplo, a mediados de la década pasada comenzó a verificarse la sustitución del servicio de TV paga por el de Over The Top (OTT o plataformas de streaming) que se mantiene hasta hoy, pero con exigencias muy distintas para cada uno de los tipos de servicio.
El directivo de Vrio dijo que no existe hoy en la región un escenario de regulación simétrica y equitativa para la TV paga y las OTT, lo que genera una competencia desigual en contra de la primera. “En la medida en que se incentive la competencia, mejorará la inversión en tecnología y la ampliación de la grilla y de los servicios para consumidores”, aseguró.
“Nosotros pensamos que en esta etapa en la que hay que acelerar la conectividad y asegurar la digitalización de la economía, es muy importante contar con una regulación equilibrada entre TV paga y las Over The Top (OTT)”, señaló Magariños al referirse a la necesidad de un marco regulatorio a nivel regional.
Para Maino, todos los elementos que hacen a la industria digital deben ser tratados en forma conjunta entendiendo una nueva perspectiva regulatoria y de política pública que deben permitir “bajar costos y ayudar a la asequibilidad” más allá de la “frontera por las limitaciones de los ingresos”. Por eso es que allí solo el esfuerzo público/privado podrá avanzar los cierres de brecha digital.
Maino consideró también es que fundamental la capacitación ciudadana para la reducción de la brecha digital, porque los usuarios deben saber cómo utilizar los dispositivos para aprovecharlos al máximo. Y consideró que para ello también es clave una articulación del sector público y el privado para abordarlo desde la educación.
Méndez coincidió con que no solo hay que pensar en ampliar la cobertura sino en que la misma sea cada vez más asequible para los usuarios y que la población tenga los dispositivos necesarios y los conocimientos básicos para acceder. Esto, entendiendo que América Latina tiene fuertes restricciones desde el punto de vista de los bajos ingresos de los ciudadanos.
