En un clima social caldeado por el reclamo de mayores ingresos, el diputado del Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo envía un mensaje hacia el interior del Gobierno: “Lo primero que tenemos que hacer es un plan anti-inflacionario para lograr que un conjunto de alimentos sea verdaderamente accesible”.
En diálogo con este medio, el legislador oficialista reconoce que “hay un serio problema económico, pero no hay riesgo para la unidad del Frente de Todos ni hay una crisis institucional”.
Además, sostiene que “el salario básico universal va a suceder en los próximos años en América Latina gobierne quien gobierne” y considera que es posible implementarlo en Argentina, pero “por etapas y paulatinamente”.
El clima de conflictividad social es cada vez mayor, ¿hasta dónde se puede tensar la situación?
Creo que todos (y yo también me lo tomo en lo personal como una tarea) tenemos que ayudar a bajar decibeles, a colaborar, a generar ámbitos de diálogo y de menor tensión. El problema central hoy es que la plata no rinde por el precio de los alimentos: el pan a 300 pesos, la leche a 180 pesos y el kilo de asado a 1.200. Y que mucha gente no llega a fin de mes; con trabajo, sin trabajo, con planes o sin planes. Este problema tiene otra característica: como la plata no rinde, no alcanza y cuesta mucho llegar a fin de mes, las familias se endeudan. Hay un sobreendeudamiento de las familias que no arranca de cero, arranca de menos diez, porque deben plata y terminan siempre tapando agujeros. En este clima, lo primero que tenemos que hacer es un plan anti-inflacionario para lograr que un conjunto de alimentos sea verdaderamente accesible.
El Gobierno ya dejó trascender que no avanzará con el salario básico universal, ¿cree que, ante el reclamo creciente, podría rever esa postura?
El salario básico universal va a suceder en los próximos años en América Latina gobierne quien gobierne. Nosotros tenemos un 45% de informalidad laboral y no va a entrar el grueso de la población en el trabajo formal, por los cambios tecnológicos, por las nuevas modalidades de trabajo. No lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas y varios ministros de América Latina: en los próximos años sin dudas vamos a ir hacia ese esquema. Hoy no es posible en términos fiscales porque hay una situación muy crítica. Creo que debería avanzar el proyecto en el Congreso y luego debería llevarse adelante por etapas. Los países que lo están haciendo, como Alemania, España e Israel, lo hacen por etapas. En Argentina yo empezaría por las provincias del norte.
¿Y cómo proponen financiarlo?
En una primera etapa, el salario básico universal arranca del reordenamiento del programa Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar. Es decir, arranca de una base, no arranca de cero. Arranca de una base de 1.300.000 personas que cobran el Potenciar Trabajo, que es el 50% del salario mínimo, algo más de 22.000 pesos; y 3.500.000 niños cuyos padres reciben la tarjeta Alimentar. Lo que falta es entre el 0,8% y el 1,2% del PBI. Es mucho, pero no es que falta de la nada. Por eso lo primero es reordenar los programas que existen, lo segundo es empezar por etapas, y luego ir avanzando hacia los grandes centros urbanos.
Una de las críticas que recibe el SBU, además del costo, es que es una manera de “igualar para abajo”…
En el mundo hay tres caminos para resolver el problema de los planes sociales y la informalidad laboral. Uno es quienes dicen que hay que reducir la jornada laboral para que trabaje más cantidad de gente. Esa es la “salida europea”, pero sería difícil en Argentina, donde tenemos un 45% de informalidad laboral. El segundo camino es el ingreso ciudadano universal, y yo creo que hacia ahí va América Latina. El tercer camino es el neoliberal, el de la flexibilización: reducir aportes patronales y flexibilizar las condiciones de contratación de los trabajadores creyendo que entonces se va a contratar más gente. Este tercer camino ya se hizo en Argentina en los ‘90 y terminamos con un 57% de pobreza y 28% de desocupación. Por eso creo que el ingreso ciudadano universal es el camino hacia el que vamos en América Latina, porque no hay condiciones para la incorporación plena del conjunto en el mercado laboral. Pero no tiene que ser un desincentivo al trabajo: una persona tendría durante un tiempo el salario básico universal, en el cual tendría que capacitarse, hacer cursos, cumplir determinada actividad en el mundo laboral y salir hacia el otro lado. Estamos hablando de ingresos de indigencia. El debate sobre “igualar para abajo” es un debate que se da en general, pero como lo estamos pensando en Argentina, asociado a la indigencia y como un mecanismo de vínculo con el trabajo, no debería suceder esa “igualación hacia abajo”.
¿Se puede implementar una medida así en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
El acuerdo con el FMI, a diferencia de otros, es sobre metas y no sobre políticas públicas. Normalmente estos acuerdos implican una reforma previsional, una reforma laboral o determinadas privatizaciones. El de Argentina son metas (tal nivel de déficit fiscal, tal nivel de emisión monetaria) que dan más libertad para definir las políticas públicas. En un contexto restrictivo y con dificultades, este acuerdo con el FMI le da más posibilidades al país de definir cuáles son las líneas y las acciones a encarar. Pero solo es posible hacerlo por etapas y paulatinamente.
Algunas de las organizaciones sociales que reclaman contra el Gobierno son parte de él, ¿está en riesgo la unidad del Frente de Todos?
No me parece que esté en riesgo la unidad del Frente de Todos ni veo que exista una crisis institucional. Sí hay una conflictividad económica y social importante y hay una crisis económica en términos de inflación y de disparada del dólar. Todos en un barrio saben (aún el que no compra dólares) que si aumenta el dólar, aumenta todo. Hay un serio problema económico, pero no hay riesgo para la unidad del Frente de Todos ni hay una crisis institucional en Argentina.
