José Hernández escribe en 1879 La vuelta de Martín Fierro, donde aparece un personaje que describe una especie de manual de la viveza criolla, el Viejo Vizcacha, y en su primera cita aconseja: “Hacete amigo del juez…”.
Un siglo y medio después, las instituciones argentinas parecen haber hecho una involución que quedaría expresada ya no por el sentido de “amigarse” con el juez, sino directamente de poner a los “amigos” como jueces.
En muy poco tiempo, el presidente Javier Milei y el gobernador Martín Llaryora han elegido transitar por ese camino, harto conocido en un montón de distritos argentinos a los que solemos catalogar como “feudales”.
Con contextos y caminos legales muy diferentes, Milei y Llaryora han explicitado su intención de armar un Poder Judicial a medida y necesidad de cada uno. Y han comenzado por la cabeza misma de la Justicia.
Al elegir el camino de designar miembros de la Corte Suprema por decreto, Milei quedó en una soledad que no tuvo siquiera en el reciente criptoescándalo, uno de los hechos más graves en la historia democrática reciente.
Usó un atajo constitucional para ir en contra de la letra y el espíritu de la Constitución que estableció los dos tercios del Senado para validar a los miembros de la máxima y última instancia que tiene el Poder Judicial. La idea de esa mayoría agravada es que quien llegue a ese sitial tenga características acordes a semejante responsabilidad que debe cumplir.
El Senado le demoró el tratamiento de las propuestas de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla no por una acción obstruccionista sobre una gestión que tiene una escuálida representación parlamentaria, sino por los dudosos antecedentes y por las muchas denuncias ante el Consejo de la Magistratura del actual juez federal, fiel exponente de la “casta” judicial.
Pero Milei no está preocupado por terminar con esa “casta” judicial, sino por volver a entronizar a Ricardo Lorenzetti, quien manejó durante años la Corte y cuidó desde allí a los gobiernos con los que coexistió.
El presidente libertario también necesita de esa protección y acelera a fondo en un momento en que sectores que lo respaldaron posan su mirada sobre cuestiones de transparencia e institucionalidad.
En ascenso
Hace un par de meses, el gobernador Llaryora transitó un camino similar. Creó cargos en las máximas esferas del Poder Judicial para poner a los suyos y cubrió una vacante en el Tribunal Superior con una persona que había sido funcionaria de su gestión municipal en la ciudad de Córdoba y con una lejana relación de parentesco.
A aquella llegada de Jessica Valentini al Tribunal Superior, que sí cumplió con los requisitos exigidos por la ley, se sumó un detalle por demás sugestivo.
En la primera reunión que participó Valentini, sin conocer siquiera el despacho que le asignaron, fue nombrada como representante ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar a jueces y a fiscales provinciales.
Avanzadas en otros estamentos para poner representantes muy cercanos al oficialismo confirman la pretensión de control en todos los niveles del Poder Judicial provincial.
Esas movidas en Tribunales confirman que la lentitud es más que selectiva. Cuando hay que resolver cuestiones que tienen que ver con sus propios intereses, los magistrados son expeditivos. Del resto de las causas, lo sabemos de sobra. Por caso, en el propio Tribunal Superior no asoma apuro alguno en tratar cuestiones como el planteo para revisar la suba de impuestos provinciales.
Mientras, se acumulan máculas. Un ejemplo de estos días lo constituye la condena en Corrientes a Leonardo Cositorto. La causa original por las estafas de Generación Zoe se inició en Córdoba, pero acá quedó enredada en cuestiones de competencias y nulidades.
Otro gran tema que ha desacomodado a las autoridades judiciales y a los funcionarios de Seguridad refiere a la desaparición de Lian en Ballesteros Sud, donde lo ostentoso del despliegue no se condice con los resultados y ha encendido más de una señal de alarma.
