Allá por 1982, los abogados Néstor Kirchner y Cristina Fernández defendieron en Río Gallegos a un jefe policial acusado de violación, lograron disminuirle la condena y entablaron una demanda contra la mujer que lo había denunciado, a la que terminaron desapoderando de parte de su casa.
El modesto inmueble pasó a engrosar una larga lista de propiedades que el matrimonio estaba consiguiendo en esos años a través de la consultora Finsud, dedicada a las cobranzas extrajudiciales, de deudores hipotecarios asfixiados por los efectos confiscatorias de la tristemente célebre circular 1050 de Martínez de Hoz, en la dictadura militar.
Rafael Flores, compañero de militancia de Néstor en la década de 1970, defendió a la mujer y les ganó el juicio. En una de las audiencias, Flores se cruzó con Cristina y le preguntó por qué hacía esas cosas.
El dirigente peronista santacruceño contó varias veces la respuesta que recibió: “Queremos hacer política. Para hacer política en serio, se necesita platita”.
No había vuelto aún la democracia y tampoco había filmaciones como la de Néstor extasiado ante una caja fuerte.
43 años después, a quien le adjudican la frase se transforma en el primer presidente democrático de la historia argentina con una condena de corrupción que deja firme la Corte Suprema de Justicia.
Al sur y en fases
En diciembre de 1987, Kirchner llegó a la intendencia de Río Gallegos. Comenzó un proceso de construcción política acompañado de una serie de movimientos vinculados con hacer negocios y dinero a partir del Estado.
Algunos de sus amigos dejaron de ser simples empleados de clase media patagónica para transformarse en empresarios o funcionarios de primera línea. O ambas cosas, como el emblemático caso de Lázaro Báez, quien era cajero de un banco, vivía en los suburbios de Río Gallegos y terminó siendo el dueño de un grupo de empresas constructoras que se quedaron con buena parte del negocio de la obra pública santacruceña, primero, y nacional, después.
Con Báez en Santa Cruz, da una vuelta de rosca a la corrupción en la Argentina, que después alcanza otra dimensión cuando llega a la Casa Rosada en 2003.
El modelo de las coimas para asignar licitaciones multimillonarias a las cartelizadas empresas del “club de la obra pública”, que tuvo su apogeo en el menemismo, fue reemplazado por el de ser propietario de la compañía que hacía negocios con el Estado. Mucho más “platita” para hacer política y para el patrimonio propio.
Y había una tercera fase que se frustró por la división de bienes de un divorico. Fue cuando Laura Muñoz denunció que su exmarido, Alejandro Vandenbroele, era el testaferro del entonces vicepresidente y exministro de Economía Amado Boudou, y había montado un entramado para quedarse con la empresa encargada de imprimir los billetes en Argentina.
Ya Néstor había muerto y las acusaciones de corrupción jaqueaban a su sucesora y esposa.
De arranque
Las primeras denuncias nacionales contra los Kirchner llegaron cuando estaban en su apogeo. Elisa Carrió denunció por enriquecimiento ilícito al matrimonio en enero de 2008, apenas Cristina había sucedido a Néstor después de una amplia victoria electoral en 2007.
Pero ya antes había habido resonantes hechos, como el caso Skanska, por millonarios sobornos para la construcción de gasoductos. Fue en 2005, en plena luna de miel entre los Kirchner y la sociedad. Esa causa sigue abierta en la Justicia.
Meses después de aquella denuncia de Carrió, vino el conflicto con el campo y el inicio de lo que hoy conocemos como la grieta. Las denuncias y los hechos de corrupción se sucedieron de manera vertiginosa. Con dimensiones que tuvieron fuertes connotaciones sociales.
La primera, relacionada con el impacto en la vida cotidiana de los hechos ilícitos en el Estado, como la tragedia de Once (aquella de la que la propia Cristina se encargó de burlarse en público), que vino a reforzar y dejar clara aquella consigna de que “la corrupción mata”.
La segunda, en el plano del efecto visual del dinero mal habido. Las imágenes de la cueva “La Rosadita”, donde el dinero se contaba y se pesaba; Julio López dejando pesados bolsos con dólares en un convento de madrugada; las anotaciones de un chofer sobre cómo se repartía el dinero de la obra pública.
Fue tal la dimensión de esa voracidad de hacer dinero que empezaron a caer los funcionarios cuando todavía estaban en el poder, tal el caso de un verdadero emblema del corrupto, como el cordobés Ricardo Jaime, ya varias veces condenado.
Pero el aluvión de denuncias vino cuando Cristina dejó el poder. De hecho, tiene aún una docena de expedientes abiertos.
La causa Vialidad, que hoy la lleva a prisión, está lejos de ser la más importante, pero tiene un alto valor simbólico y refiere a que aborda un eslabón clave en la matriz de la corrupción kirchnerista y nos lleva a aquellos orígenes en los que Néstor reclutaba a sus amigos santacruceños para hacer negocios millonarios.
La causa se inició en 2016. Se investigó y probó –en instrucción y en tres tribunales– que se direccionó obra pública nacional en Santa Cruz al amigo Lázaro Báez, quien montó su constructora antes de que llegase Kirchner a la Presidencia. Y que esa obra se pagó con sobreprecios, se demoró de manera injustificada, en muchos casos no se terminó y se borraron pruebas antes de dejar el poder.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina y a otros acusados por administración fraudulenta, pero no logró probar la asociación ilícita. Fallo ratificado por Casación y por la Corte.
Lo que viene
La causa Vialidad, que lleva ahora a la expresidenta a prisión, está íntimamente relacionada con otros procesos elevados a juicio, como Hotesur y Los Sauces. Estos refieren a cómo Báez, el empleado bancario que se transformó en multimillonario, le devolvía y blanqueaba el dinero obtenido en maniobras corruptas al patrimonio de los Kirchner.
Más allá de que la gran matriz de corrupción está descrita en la causa Cuadernos, en especial porque apunta al circuito completo de los negocios sucios en ese lazo entre políticos, empresarios e intermediarios.
El tema es que la Justicia ha tenido un criterio diferente para exfuncionarios y para los empresarios, a los que desvinculó en su mayoría.
Quedan decenas de causas en el tintero. Pero el impacto que impone el fallo de la Corte las deja en un plano más que relativo.
Puede activar otros procesos para gobernantes de distinto signo político que priorizan engrosar su patrimonio con recursos públicos.
Es que no es menor que quedé firme una condena para quien decía que la prioridad en la actividad política es hacer “platita”.
