Otro de los jefes políticos de Juntos por el Cambio se pronunció en contra del proyecto de ley para crear el Ministerio Público de la Defensa en el ámbito provincial, cuyo texto tiene como aditivo la creación de cinco cargos vitalicios en la Justicia provincial –un defensor General y cuatro adjuntos– y la ampliación del Consejo de la Magistratura para sentar allí al nuevo jefe de los defensores públicos.
“Sin dudas, dotar de mayor fortaleza al régimen de la defensa es una deuda pendiente. Sin embargo, el Gobierno provincial, amparado en este noble objetivo, aprovecha para crear cinco cargos vitalicios, con derecho a jubilaciones de privilegio, en los que seguramente terminarán los amigos del gobernador”, dijo De Loredo al pronunciarse por primera vez en rechazo al proyecto de ley que se debate en la Legislatura provincial.
Apenas La Voz dio a conocer los detalles del proyecto, Luis Juez lo había rechazo:”El Gobierno provincial dice que va a crear el Ministerio de la Defensa, con cargos millonarios y vitalicios para garantizar la defensa penal de los más vulnerables. En mi barrio le llamamos zanahorias”, dijo el senador nacional.
Ahora, De Loredo se sumó con las críticas, en particular por la ampliación del Consejo de la Magistratura para sentar allí –en caso de aprobarse la ley como está en el proeycto– al defensor General, el único que sería vitalicio en ese organismo: “Esta pretensión de que el Poder Político tenga mayor injerencia sobre el Poder Judicial tiene el mismo patrón de las reformas que intenta el kirchnerismo a nivel nacional”, dijo el jefe del bloque Evolución en Diputados.
En ese sentido, señaló: “De aprobarse esta reforma, la colonización del organismo sería escandalosa y terminaría de politizar un organismo que debe gozar de independencia para poder cumplir con transparencia sus funciones en el proceso de selección de magistrados”.
Finalmente, el diputado radical sostuvo: “Claramente el proyecto significa un retroceso institucional, ya que la creación del Consejo de la Magistratura tuvo como uno de los principales objetivos disminuir la discrecionalidad del gobernador en el nombramiento de los magistrados y, sin duda, de avanzar traerá como consecuencia la pérdida de calidad en el servicio de justicia”.
Desde el Centro Cívico se advirtió que “para avanzar” en la creación de este nuevo ente judicial “debe haber consenso político y un acuerdo con el Poder Judicial y los estamendos vinculados al ámbito judicial”.
“No habrá ningún avance si no se cumplen esas condiciones: acuerdo legislativo con otras fuerzas políticas y un entendimiento con el Poder Judicial”, confirmó la fuente consultada en el Gobierno provincial.
Fue la reacción a las duras críticas que Sebastián López Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia, hizo al proyecto que Oscar González presentó en mayo, pero que está discutiéndose ahora.
