Como si no hubiera crisis. Como si todos estuviesen convencidos de que la Argentina tiene el frente despejado, un capitán avezado y suficientes botes para todos, en el caso de que llegara el estrépito. Como si esta fuese una elección más.
Pero no es así. El barco ya chocó contra el iceberg y lo que urge discutir es qué hacemos. Los pronósticos indican que de acá, y por varios meses más, la inflación en el país no bajará del 7% mensual. En los próximos 12 meses alcanzará el 140%, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro que acelere los pronósticos. Es decir, se puede poner peor. La híper puede dejar de ser un recuerdo lejano.
El salario mínimo en el país es de 180 dólares, el segundo más bajo de toda (toda) América latina, detrás de Venezuela. En 2001, había 400 mil personas que vivían de la asistencia del Estado y hoy son 23 millones, casi la mitad de la población argentina. Muchos celebran que gracias a eso no implosionamos.
Pero si 45% de pobreza, 50% de deserción escolar, avance narco e inseguridad creciente no significan en sí mismo una implosión, ¿qué celebran quienes aplauden?
Apenas el 25% de los argentinos en edad de trabajar está contenido bajo convenio colectivo, y el mercado laboral ajustó por precio y no por cantidad: hay bajo desempleo, pero con ingresos bajos. Es creciente la cantidad de trabajadores con dos trabajos, porque uno no alcanza. La demanda para trabajar en Uber, en deliveries y similares es récord. Eso se paga con salud, estrés e infelicidad, porque así y todo sigue sin alcanzar.
En los últimos 50 años, Latinoamérica aumentó, en promedio, 110% el producto interno bruto por habitante. Argentina, en medio siglo, apenas 15%. Ser cada vez más pobres ha sido una decisión, no una consecuencia.
En la gestión de los Fernández, el Estado emitió el equivalente a 16 puntos del PIB y eso explica la inflación de tres dígitos anualizada. Ni autoconstrucción ni multicausalidad. El 73% de la plata que los ahorristas depositan en los bancos está prestada al Estado, que tiene un riesgo país estrepitoso, no tan lejos de cuando estaba en default.
Las Leliq –los pesos que el Central logra sacar de circulación para que la inflación no sea peor de lo que es– sumarán 16 billones de pesos en agosto y equivalen a 2,5 veces la base monetaria total. Pagan 140% anual y generan un billón pesos al mes de gasto en concepto de intereses. Así, las Leliq son hoy el mayor gasto del Estado: 7% del PIB. No hay monetarista que no asegure que ahí la mecha ya está encendida.
Con precios siderales por efecto de la guerra, en 2021 la agroindustria liquidó 32.800 millones de dólares y 40.400 millones en 2022, cuando el promedio histórico es de 23.300 millones. O sea: en los últimos dos años le llovieron al Central 70% más de dólares. Pero no están y se desata una corrida que pone la gobernabilidad en juego.
Nada fue suficiente: el BCRA tiene reservas netas cercanas a cero y algunos aseguran que se están usando encajes de los depósitos.
La sequía dio el golpe final. Fue el iceberg que no se pudo esquivar, porque expuso –todas juntas– las inconsistencias macroeconómicas. Sin embargo, la política sigue entretenida mirando la orquesta: arman listas; se pasan de bando; gritan el pase como si hicieran un gol; los goleados denuncian pagos y jugadas ocultas.
Son más o menos siempre los mismos, desesperados por el orden en que aparecerán para las bancas legislativas. Otros siguen escondiendo nombres, convencidos de que el país entero espera la revelación. Se juran organicidad, pero por lo bajo destilan traición. Se mostraban escandalizados entonces por lo mismo que hacen ahora.
Los argumentos de un lado o del otro tienen todos los condimentos, menos esa preciada capacidad de estar a la altura de las circunstancias. Saben que la devaluación es inevitable, pero esperan que la haga el otro. Nunca un plan, nunca un consenso, nunca una idea integral. Aplauden la orquesta, convencidos de que estamos en un país normal.
