La política ha tomado cosas del ilusionismo y hace sus propios trucos para mostrarnos algo en un lugar cuando en realidad está en otro. Un caso típico es ubicar como marginal a aquellos que tienen una ubicación de centralidad.
Hay ejemplos por todos lados, pero en Córdoba tenemos uno bien actual y a mano, que nos permite adentrarnos en los oscuros meandros de la política doméstica: la ruta del dinero Kraisman.
Desde hace rato nos hacen el truco para que veamos a Guillermo Kraisman, un dirigente tradicional del peronismo cordobés con múltiples causas y condenas en su haber, como un sujeto marginal, pero cada vez vamos pudiendo observar con más claridad las tretas ilusionistas y nos encontramos que es una pieza importante en los esquemas de poder.
El Kraisman que era director de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos, pese a que la Justicia ya había probado que era un delincuente, y que robó productos varios en un supermercado, aparecía como marginal.
Pero ya era sugestivo que la desvinculación como funcionario jamás fuese formalizada y comunicada oficialmente, ni que ningún dirigente del PJ, desde los más encumbrados hasta los más rasos, condenase semejante actitud.
Es que ahora, con el episodio de la empleada fantasma de la Legislatura, a la que Kraisman le usaba el DNI para cobrar un sueldo por ninguna tarea realizada, vamos logrando visualizar a un dirigente que sigue siendo un engranaje para que circule el dinero sucio en la política.
La secuencia bien puede haber sido esta: a Kraisman lo echan (o supuestamente lo echan) como funcionario municipal. Nadie explica nada, él reclama por los servicios prestados y por prestar, y le dan para que nombre gente y se cobre de ahí.
Él busca una vecina a la que alguna vez le habrá hecho un favor con dinero público, le pide el DNI y logra que le hagan un legajo como empleada en la Legislatura. Ahí no hay filtros para este tipo de pedidos, se formaliza la designación, la nueva empleada ni sabe dónde queda la Legislatura y probablemente tampoco sabe que ella es empleada.
Llega la fecha de cobro, le depositan el sueldo en una cuenta del Banco de Córdoba (con proporcional de aguinaldo y vacaciones incluido), la cuenta está inactiva porque su titular vaya a saber si sabe que la tiene, Kraisman y otra funcionaria municipal, Luciana Castro, van con el DNI de la empleada fantasma a validar esa cuenta y a las pocas horas intentan sacar por ventanilla el casi millón de pesos que está depositado allí.
Un guardia, un cajero
Así como escribimos en septiembre que un guardia de Mariano Max había hecho más por la transparencia que todas las instituciones de Córdoba que cobijaban a Kraisman con cargos, ahora una cajera de Bancor nos mostró esta evolución en la manera de usar los recursos públicos de manera discrecional.
Es que hasta acá una práctica habitual en el Estado eran los ñoquis, personas que cobraban un sueldo sin cumplir tareas y le entregaban a su benefactor una parte. El “empleado fantasma” es una evolución. Personas que aportan sólo su identidad para ser designadas en el Estado, pero que reciben una mínima parte o nada de lo que se les paga para no existir. David Copperfield mira asombrado el espectáculo.
Porque no es marginal sino central el escándalo de la ruta del dinero Kraisman, nadie dice una palabra. La vicegobernadora Myriam Prunotto no da explicaciones, el presidente provisorio Facundo Torres y el jefe del bloque oficialista Miguel Siciliano mandaron a decir que ellos no conocen ni saben quién hizo entrar a la empleada fantasma. En el abanico de bloques opositores el silencio es atronador.
¿Será que la Legislatura y otras áreas del Ejecutivo tienen fantasmas por todos lados?
Reservados
Sin dar la cara, algunos ensayan que son montos mínimos para lo que circula en los tres poderes del Estado. Es probable, aunque no dejan de ser prácticas delictivas que, acumuladas, hacen un monto. Claro está que hay otros movimientos de dinero que siguen generando sospechas, como el significativo aumento que hubo el año que cerró en gastos reservados, esos que no tienen ningún comprobante que los avale.
La cuestión es que la ejecución de esos gastos reservados no se dio sólo en Seguridad, donde se arguye que se utilizan para prevenir y perseguir delitos varios, sino en otras áreas del Gobierno, donde no les cabe esa excusa.
