Hace mucho que se discute sobre las remuneraciones de los funcionarios públicos. Los contextos de crisis le suelen dar otro cariz a esa discusión siempre espinosa, compleja, cargada de medias verdaderas e hipocresías.
Lo que ocurre en el Senado de la Nación reactualiza el debate, con una cuestión que sobresale a cualquier enfoque que se le busque dar: es escandaloso que un país con la situación social y económica de Argentina tenga parlamentarios con remuneraciones cercanas a los seis dígitos.
Eso debe quedar claro para asomarnos a todo lo que se esconde cuando se habla de los sueldos de los funcionarios públicos.
Esas remuneraciones por encima de 10 millones de pesos son más que frecuentes entre magistrados del Poder Judicial, tanto nacionales como provinciales. Generalmente, es el poder menos expuesto a la valoración ciudadana y también menos transparente al exhibir sus números.
Pero hay un gran tema que tiene que ver básicamente con que una cosa es lo que dice el recibo de sueldo y otra, los ingresos reales. Puede que esas dos cifras no coincidan.
En una de las conversaciones que antecedieron a la andanada de designaciones en altas esferas de la Justicia de Córdoba, concretadas en la sesión de la semana pasada en la Legislatura, una de las personas propuestas consultó sobre el salario que iba a recibir a partir de ser nombrado y cuando le dijeron la cifra, replicó que con el ejercicio de la profesión de abogado ganaba mucho más.
Le dijeron que debía considerar también una larga lista de extras, incluida la posibilidad de designar personal, que iban a engordar significativamente su ingreso.
O sea, una manera de abordar el tema es que el Estado debería pagar lo que el mercado ofrece a alguien de primera línea. Pero está claro que lo debería hacer de manera transparente y sin vueltas.
Números que no cierran
Y parece que no está ocurriendo eso. El último recibo de sueldo disponible en la web oficial de la Provincia es de noviembre y muestra que los ministros tenían un bruto de poco más de cuatro millones, con lo cual deben rondar los tres millones de bolsillo.
Varios, no todos claro está, de los ministros y secretarios del Ejecutivo provincial viven en barrios cerrados, al menos así dejan constancia en su declaración jurada de bienes. Entre expensas, servicios, personal doméstico, la vida en un country arranca cada vez con un millón de pesos o más al mes.
Un puesto como ministro exige dedicación exclusiva con lo cual cuesta entender de dónde salen el resto de los recursos para mantener determinados niveles de vida. Y no estamos hablando de la manera en que adquirieron la propiedad, que estará debidamente justificada ante los organismos impositivos, sino en cómo se sostienen mes a mes.
Es altamente factible, no está informado en ningún lado, que los ingresos incluyan el combustible para trasladarse, determinados gastos de comida, pasajes y algunas flexibilidades de la denominada “caja chica” de cada cartera.
Tal vez sería más honesto y menos hipócrita decir que para ser ministro se debe ganar tanto, recibo en blanco con todos los aportes, y aguantarse la discusión.
Corteses
Porque también en el Poder Legislativo provincial ocurren escándalos como el de las dietas del Senado, pero sin la repercusión que tiene lo de la Cámara Alta nacional.
La Legislatura cerró el año 2024 con un gasto de 260 millones de pesos en un difuso rubro de “cortesía y homenaje”.
Allí la vicegobernadora y legisladores de varios bloques rinden como gastos “almuerzos”, “meriendas para visitas”, “bicicletas”, “cajas navideñas”. Y hay muchísimos comprobantes sin siquiera consignar el motivo.
