En la ciudad costera de Mar del Plata, un fiscal acusó a Estela de Carlotto, figura emblemática de las Abuelas de Plaza de Mayo, por supuestas “amenaza de rebelión” y “alzamiento en armas contra la Constitución”. Estas acusaciones surgieron tras unas declaraciones de Carlotto en una entrevista televisiva donde expresó la necesidad de que el presidente Javier Milei “cambie o se vaya rápido”.
La denuncia fue formulada por Juan Manuel Pettigiani, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la mencionada ciudad, quien anteriormente había solicitado la imputación e indagatoria de Juan Grabois por cuestiones relacionadas con fondos fiduciarios.
Según la interpretación de Pettigiani, el comentario de Carlotto sobre la pronta salida del presidente sugiere un llamado al uso de la fuerza para desplazarlo de su cargo, una vía considerada ilegítima y sancionada por la legislación vigente.
Las declaraciones de Carlotto se dieron mientras se retiraba de la Plaza de Mayo, en un intercambio con periodistas del canal C5N, donde criticó la estabilidad emocional de Milei y sugirió mantener vigilancia sobre sus acciones y palabras. El fiscal también hizo referencia a declaraciones similares previas en el canal A24.
Para Pettigiani, estas palabras, pronunciadas en un contexto de movilización y amplia cobertura mediática, incitan a acciones violentas contrarias a los principios constitucionales y son pasibles de sanción según el Código Penal argentino, que busca preservar la discusión pública dentro de marcos democráticos y pacíficos.
El fiscal enmarca estas declaraciones en un contexto más amplio de acciones consideradas desestabilizadoras, incluyendo la quema de un muñeco representativo del presidente Milei en La Plata y amenazas en redes sociales contra Victoria Villarruel, reflejando un clima de tensión y confrontación.
Esta situación destaca la delicada línea entre la libre expresión y la incitación a la violencia en el ámbito político, subrayando la importancia del debate constructivo y respetuoso dentro de los límites que establece la ley y la democracia.
