En el marco de una investigación que se sigue a nivel nacional y tiene implicaciones en Córdoba referida a empleados públicos provinciales que paralelamente habrían percibido beneficios del Plan Potenciar Trabajo, la Justicia de Córdoba informó en las últimas horas que se libraron “algunas imputaciones” pero descartó que haya existido algún tipo maniobra generalizada o confabulación en la que haya intervenido algún funcionario.
En diálogo con Cba24n, el fiscal federal Hairabedian se refirió a los 194 casos cordobeses de la investigación por defraudación contra la administración pública iniciada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, en la cual se detectó que 9.413 empleados públicos de distintas provincias percibieron por algunos meses el Potenciar Trabajo.
en ese oportunidad, se informó que en todo el país el perjuicio al Estado Nacional llegó a ser de más de $ 7.000 millones al mes, lo que anualizado ascendía unos $ 84.000 millones (sin contar los bonos extras que recibían y aguinaldos).
El fiscal indicó que una de las primeras constataciones en los casos cordobeses fue el hecho de que muchos de los empleados públicos provinciales que mantuvieron durante algunos meses el cobro simultáneo lo hacían de manera correcta, debido a que los ingresos por el trabajo que realizaban eran inferiores al salario mínimo.
Falta de comunicación
En los casos restantes, se detectó como problema central la falta de comunicación entre las administraciones provincial y nacional, debido a que la primera era la que prestaba el empleo y la segunda la que brindaba el subsidio.
También hubo una omisión de parte de las personas que percibieron el doble cobro sin notificar a las autoridades.
“Ambas administraciones no tuvieron la conectividad o la comunicación suficiente en sus sistemas para detectar rápidamente que una persona no podía estar cobrando al mismo tiempo un plan y al mismo tiempo el sueldo de la administración pública”, explicó.
En ese punto, aclaró: “No es que hayan estado complotados o confabulados los funcionarios que pagaban los planes”.
Para el fiscal, se trató de falta de control, de incapacidad o de alguna combinación de ambas.
Deberán devolver el dinero
Agregó que en la causa hay “algunas personas imputadas” y agregó que aquellos que percibieron el subsidio de manera indebida deberán devolver el monto. Aclaró que las irregularidades se habrían extendido por un plazo de entre tres y cuatro meses, dependiendo los casos.
“Si hay alguien que cobró de más tres o cuatro meses un plan que no le correspondía, no tiene antecedentes penales y devuelve lo que cobró de más, es muy probable que esa causa penal se cierre porque en la ley está previsto que para esos casos menores la reparación integral del daño puede extinguir la acción”, cerró.
