El 18 de enero, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) publicó la aprobación de un nuevo sistema de análisis y autorización de incrementos para las tarifas de las concesiones bajo su control.
Desde entonces, poco más de un mes, el organismo de la Provincia dio luz verde a siete aumentos, un proceso que con el anterior esquema le hubiera demandado al menos un trimestre completo.
La medida impacta en la premura (“agilidad”, dicen desde el organismo) con que se materializan los pedidos de aumento de cada una de las empresas.
El cambio afecta a las solicitudes de ajuste de Aguas Cordobesas, las cooperativas de agua y saneamiento del interior, Epec, las cooperativas eléctricas, Caminos de las Sierras (los peajes de la Red de Accesos a Córdoba) y a los precios de boletos de todas las empresas de transporte interurbano.
En concreto, lo que tomó vigencia desde el día de la publicación de la resolución general Nº1 del 2024 del Ersep (“Autorización Procedimiento Especial Audiencias Públicas”) es un mecanismo casi automático que agiliza en el entorno inflacionario actual los incrementos, reduciendo las audiencias públicas a una sola anual para los peajes, el agua y los interurbanos. Algo similar a lo que ya viene haciendo Epec desde hace unos años.
En paralelo, la resolución incorporó un tope a los pedidos de incremento para evitar que estas solicitudes contuvieran porcentajes exagerados a la realidad de cada sector.
Ese “techo” es el promedio de los pronósticos de inflación que publica el Banco Central en su relevamiento de expectativas de mercado (REM).
El REM es, en rigor, una encuesta sobre variables macroeconómicas que hace la autoridad monetaria a unos 40 bancos y consultoras.
Debut: interurbanos y peajes
El nuevo esquema debutó con los interurbanos. En efecto, la segunda resolución general del año del Ersep, a horas de tener aprobado el sistema exprés, el Ente habilitó un incremento del 97,4% en las tarifas de ese servicio.
No fue la única vez en los últimos 30 días que el Ersep usó la nueva herramienta para este servicio. La semana pasada, luego de un pedido de las empresas y tras un breve análisis en el seno del organismo (ya sin la necesidad de convocar a una audiencia pública), los boletos interurbanos de toda la Provincia subieron otro 44,3%, acumulando en lo que va del año más del 184%.
En 2023, el boleto había aumentado en cuatro ocasiones: 16,7% en enero, 36,2% en julio, 25% en octubre y 25% en noviembre. El año finalizó con un 148% de suba.
Otra de las empresas bajo el control del Ersep, Caminos de las Sierras, también usó el flamante esquema. A finales de enero, ya sin necesidad de audiencia (o avalados por la única audiencia del 16 de enero), el organismo de control otorgó un incremento del 60% aplicable de la siguiente manera: 20% en febrero (ya rige), 16,6% en marzo y 14,2% en abril. Así, el valor de cada pasada para la categoría 2 (autos) iba a pasar de $ 500 a $ 800 desde el primero de abril.
Sin embargo, también haciendo uso de las nuevas facultades exprés del Ersep, la empresa de mayoría accionaria en manos de la Provincia solicitó que ahora –desde el 1º de marzo–, se aplique directamente todo el incremento autorizado restante (33%). Es decir, adelantar para marzo lo autorizado para abril.
El Ersep terminó por avalarlo este martes con una nueva resolución “exprés”.
Para Facundo Cortés, vocal por la UCR en el directorio del organismo, el nuevo mecanismo “pone en crisis derechos de los usuarios y consumidores emanados de la Constitución Nacional, ya que las modificaciones de las tarifas de los servicios públicos deben garantizar la participación y el derecho a ser oído por parte de los usuarios ‘ex ante’ y no ‘ex post’ de la decisión respectiva”.
Según el análisis de Cortés, las audiencias no son “mera formalidad, aun cuando su desvalorización institucional haya sido permanente en la toma de decisiones del Ersep”. “Por el contrario, su realización previa a la modificación de las tarifas de servicios públicos constituye un requisito de orden legal y constitucional que no puede ser obviado”, agregó.
Respecto del ejemplo de los peajes, “las audiencias por lo menos permitían exponer la problemática de cada zona; intendentes, concejales y vecinos siempre participaron; y ahora ya ni siquiera pueden reclamar”, recalcó Cortés.
Agua y luz
Aguas Cordobesas también ya hizo uso de la agilidad del nuevo sistema de aumento y se puso al día con los pedidos.
En la resolución general Nº3 del 26 de enero, el Ersep habilitó una suba del 67%. De este total 35,1% correspondieron a las variaciones de costos que la empresa del Grupo Roggio aludió haber tenido entre octubre y diciembre; y el 23,7% restante (acumulativo), por la estimación de enero. Para este último cálculo, la concesionaria usó por primera vez el REM del Central (había pedido 25%).
Antes, el 1º de enero, el agua ya se había incrementado un 20% por el periodo agosto-octubre del año pasado.
En el caso de Epec, se produjeron tres aumentos en enero.
Junto con el ajuste por la variación del precio en el mercado mayorista, la empresa actualizó la mayor parte de los remanentes en el valor agregado de distribución (VAD) que le habían quedado sin aplicar. Epec, cuando activó subas durante los meses de campaña electoral, no había trasladado a la tarifa todo lo que le daban sus estudios.
Aparte, la Epec recibió el aval para aumentar por la VAD de enero, porcentaje que ya rige desde los primeros días de este mes.
Piden la nulidad de los últimos aumentos
El legislador radical Dante Rossi le pidió al Fiscal de Estado, Jorge Córdoba, que abra un sumario de remoción contra tres miembros del Directorio del Ersep.
El reclamo del representante de Construyendo Córdoba se basa en lo que considera un “incumplimiento grave de los deberes que le asigna la ley y sus reglamentos”.
En concreto, Rossi reclama que los directores del oficialismo en el ente regulador, Mario Agenor Blanco, Mariana Alicia Caserio y José Luis Scarlatto, sean removidos basado en el artículo 29 de la Ley 8.835 (Carta del Ciudadano), norma con la que se creó el organismo.
En ese contexto, el parlamentario requirió un dictamen de nulidad de los dos últimos aumentos autorizados referidos al transporte interurbano de la provincia. Uno del 97,4% y otro del 44,3%.
El radical dice que el organismo los autorizó sin haber realizado la audiencia pública que obligatoriamente prescribe el artículo 20 inciso d) de la mencionada norma. “Para eliminar las audiencias públicas a los efectos de autorizar aumentos de tarifas de los servicios públicos se debe modificar expresamente la ley”, dijo.
Además, algo que ya había denunciado días atrás, Rossi dijo que “el presidente del organismo, Mario Blanco, ha excedido largamente su mandato, y actúa fuera del marco normativo, por lo que se tornan nulas las disposiciones que firmó”.
Desde el Ersep dijeron que el mandato de Blanco vence en diciembre de 2024.
