Ante la crisis de ingresos que está atravesando la Provincia de Córdoba por la fuerte caída de la actividad económica y por los recortes del gobierno de Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora está aplicando varias estrategias.
Por un lado, el recorte de gastos. En efecto, las erogaciones corrientes se redujeron a aquellas que son estrictamente necesarias. Por otra parte, el Centro Cívico agudizó el ingenio a la hora de recaudar, con la idea de conseguir ingresos quirúrgicamente de las más diversas fuentes.
La sobretasa que desde mayo pagarán aquellos que contraten servicios adicionales a la Policía de la Provincia es el último ejemplo, pero hay más.
En 2024, por ejemplo, el Ejecutivo provincial creó dos nuevas “canillas” que ya están activas: el Fondo de Seguridad Ciudadana y de Mejoramiento de los Servicios Públicos y Sociales (FSC) y Fondo Provincial de Inclusión Social de Personas con Discapacidad (FPI). Ambas imposiciones hicieron su debut este año, son obligatorias y están siendo pagadas por aquellos que tributan el Impuesto Inmobiliario Urbano (no así el Rural) por sus propiedades.
El primero se conforma con un adicional del 4% del Inmobiliario Urbano y, el segundo, con un extra del 2% en el mismo impuesto. Según las modificaciones del Código Tributario Provincial, ambos serán “de carácter transitorio” y regirán hasta el 31 de diciembre de 2027.
Junto con el FPI y el FSC, las modificaciones en el Código Tributario para 2024 incluyeron un “aporte extraordinario” que recaerá sobre todos los contribuyentes de los impuestos patrimoniales (Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones).
Se determina aplicando una alícuota del 0,05% sobre la base imponible atribuible a cada uno de esos impuestos. El artículo 41 de la Ley 10.927 (Presupuesto) habla de “obligatorio”, “de carácter de emergencia” y “por única vez”; y el 45 dice que el Ejecutivo tendrá la facultad de establecer la vigencia. Hasta ahora, no fue reglamentado.
Otro de los cambios que debutaron este año fue una ampliación a las cooperativas del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (Fodep). Son ingresos que llegan a las arcas provinciales desde la factura de Epec y que está destinado a la financiación y ejecución de las obras de infraestructura del sistema eléctrico en todo el territorio de la provincia.
Según comunicó Rentas este año, “se adicionó como agente de percepción a las cooperativas prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica, a través de las distintas federaciones”.
El Fodep fue creado en el 2019 y, por aquel entonces, iba a tener vigencia sólo hasta el 31 de diciembre de 2021.
También se prorrogó este año, una vez más, la aplicación del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias (Foprocot), que se creó en 2001 y apunta, desde entonces, a “compensar a los usuarios y garantizar la uniformidad tarifaria”.
Además, el Apross creó, no sin polémica, el Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica (Fosaet), donde cada afiliado debe abonar casi 5 mil pesos para ayudar a cubrir los costos de enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras.
A finales se marzo, se suspendió la aplicación por 30 días.
Siga, siga
En paralelo, se prorrogaron hasta 2027 fondos que vencían el 31 de diciembre pasado. en esa lista está el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego (Ley N°8751), el Fondo para la Asistencia e Inclusión Social (Ley N°9505), el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar (Ley N°9505), el Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba (Focca) y el Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas.
Asimismo, se extendió hasta fin de 2024 la vigencia de la Emergencia de la Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Provincia dispuesta por la Ley Nº 10863, por la cual se creó en el 2022 el Fondo de Emergencia de la Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Provincia de Córdoba.
“Todos estos fondos son ejemplos de cómo se introducen, inicialmente por única vez, pero año a año se van prorrogando. Como el “impuesto al cheque” nacional, que se decidió en el 2001 como parte de una emergencia, por un año, y hasta el día de hoy existe”, explicó Nicolás Boglione, tributarista cordobés que asesora al Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
“Son fondos para uso específico, pero pasan los años, las prórrogas, y se convierten en parte del impuesto; rara vez los eliminan o los transforman en parte del tributo”, agregó.
Ingresos Brutos
Desde 2024, Ingresos Brutos grava la mera compra de productos del agro y el servicio de agua al consumidor final.
Además, no incrementa los importes de facturación a partir de los cuales los sujetos pagan alícuotas reducidas, generales o agravadas, manteniendo los mismos valores que el año 2022.
Esto genera por el sólo por efecto de la inflación, todos los contribuyentes paguen más de Ingresos Brutos.
