En el gobierno de Martín Llaryora son cautos frente al anuncio de la Nación. “Es una decisión de ellos. Vamos a esperar la letra chica”, dijeron este lunes desde la Secretaría de Transporte, en el Centro Cívico.
Una vez que el gobierno de Javier Milei avance con los detalles, se pedirá una reunión con las autoridades nacionales para ver cómo puede impactar la desregulación en Córdoba. De todas maneras, este lunes desde la Provincia adelantaron que adherirá al decreto (ver página 5). “Lo que no queremos, y no vamos a permitir, es una pérdida de calidad”, agregaron.
Una aclaración: a Córdoba le corresponde legislar sobre el transporte de media distancia (el de larga está bajo la órbita de la Nación).
“El control en la provincia lo realiza el Ersep. Y hay una ley, la 8.869″, explicaron, para aclarar que los colectivos que vienen desde otras provincias tienen como órgano de contralor la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que tiene una oficina en la Terminal de la Capital. “Sobre ellos, no tenemos ninguna competencia”.
En off, la administración de Llaryora asegura que no hay una idea acabada de lo que pasa en las provincias (el ministro Federico Sturzenegger dio un ejemplo de Jesús María).
“En Córdoba, se encuentra abierto el Registro de Prestadores. Es para tratar de cubrir rutas que cayeron por la pandemia o por la crisis... Es complicado conseguir prestatarios porque, en muchos casos, no hay demanda”, reconocieron.
“El tema no es desregular para que todos vayan a brindar el servicio a Carlos Paz, que es una ruta que anda bien. Porque puede pasar como con las canchas de pádel: les fue bien a las primeras, se llenó de otras canchas y a las que les iba bien les empezó a ir menos bien”, graficaron desde el Centro Cívico.
