La desregulación del servicio de transporte de media y larga distancia apunta a tres objetivos.
El primero es seguir alimentando la identidad que La Libertad Avanza entiende que es parte de su ADN: la desregulación es sinónimo de patear hormigueros y que salte lo que tenga que saltar. Se ufanan de pisar callos y desarmar castas en una retroalimentación permanente: el ciudadano aplaude eso y ese aplauso es combustible para el siguiente desarme.
Hay hasta un ministerio dedicado a eso que día tras día se dedica a dar de baja una serie de normas que moldean la vida pública argentina desde hace más de 40 años. Hay que advertir que mucho de lo anunciado se quedó en eso, en un título (porque falta la letra chica o porque no hay gestión detrás que se ocupe de que se cumpla lo desregulado), pero al menos es el puntapié inicial para desarmar toda una serie de normas, trabas y trámites que encarecen el objeto en cuestión.
Ahí hay de todo y de diferente envergadura: la eliminación de las Sira para importar, la habilitación de la firma digital y remota, la eliminación de la cédula azul del auto y del vencimiento de la verde, la anulación de la cuota cero de los viajes de egresados, la baja de la Sube como medio de pago monopólico, la posibilidad de pedir que te paguen el salario en una billetera virtual, la derivación del aporte de la salud a una prepaga sin intermediación, la entrega de rutas aéreas sin audiencia y el permiso para usar aviones con menos de 200 asientos, entre otros.
Pareciera ser que la punta de lanza de la desregulación a fondo estará en el transporte aerocomercial y terrestre, donde el exministro cordobés Franco Mogetta encontró la horma para su zapato. El decreto N° 883 desregula todo lo que es media y larga distancia en el país en tramos que van de una provincia a la otra o de una ciudad a un aeropuerto, que es jurisdicción nacional. No tiene alcance para tramos que van y vienen dentro de Córdoba, porque eso es competencia de la Provincia.
El segundo objetivo está en que bajen los precios. Está claro que, en el primer semestre, la inflación bajó del 25 al 4% y se estancó en torno del 4%. Economía no quiere tocar nada del plan que ajusta el tipo de cambio al 2% mensual y dice que la baja de costos tiene que venir por otro lado: rebaja de aranceles, más competencia, o las dos cosas a la vez. El decreto de Transporte les quita la exclusividad a los operadores que han hecho fortunas en un país tan extenso como el nuestro, sin trenes ni aviones porque adrede hubo corporaciones que impidieron el desarrollo del tren y del avión. Encima, con rutas pobres de una sola calzada y muchas sin banquina. La idea es que las empresas del interior (no es tan fácil que un don Juan con dos colectivos se anote), que tienen severos problemas de rentabilidad en su territorio, pidan ir hasta localidades vecinas. Tienen que presentar recorridos, horarios, tipos de vehículos, seguros contratados, choferes con sus licencias, origen y paradas intermedias.
Para que eso pase le quita la categoría de servicio público al transporte de pasajeros y que el mercado acomode. ¿Que no van a ir más a destinos no rentables? Ya no van. Hoy la larga distancia no tiene subsidio y una empresa puede devolver una concesión si los números no le cierran. Van a las capitales de provincia, eventualmente de departamento o alguno que otro destino turístico autorizado allá lejos y hace tiempo por Nación.
Los destinos no rentables están puertas adentro de las provincias adonde ya no llega un MercoBus, un AndesMar o un Chevallier. Esto es la liga grande que por años se han amañado para que nadie les compita: son pocos y entre ellos acomodan precios y horarios. el problema de que el colectivo no llegue a Santa Catalina o a Villa Valeria es de la Provincia, no de la Nación.
No obstante, fuentes de Gobierno anticiparon que Córdoba adherirá al decreto, lo que en los hechos significa que autorizará paradas intermedias en los corredores nacionales.
El tercer objetivo es empujar a las provincias a que hagan algo parecido: desregular y abaratar costos. Acá hay un punto para nada menor: en Córdoba el servicio es público, el Estado provincial fija frecuencias, tarifas y regula las concesiones y condiciones de servicio. No obstante, en 10 años, el sistema se redujo a la mitad y quedaron más de 50 localidades sin ser servidas. ¿Pudo el Estado impedirlo? No, aunque alguien podría decir que sin Estado hubiese sido peor. Es contrafáctico, porque la Provincia decidió darle por años y años una torta de subsidios a un grupo de empresas que no hicieron más que continuar el statu quo. Hoy la consecuencia es tremenda: viajar de Córdoba a Río Cuarto cuesta $ 25 mil, lo mismo que un semicama de Chevallier a Buenos Aires. A Río Cuarto hay 213 kilómetros; a Retiro, 696 kilómetros. Bajo jurisdicción de la Provincia, el kilómetro cuesta $ 117; en el ámbito de la Nación, $ 36,40. Un 70% menos.
Con estos resultados, está claro que la regulación absoluta no está funcionando. Es probable que haya que liberar para el grueso de los pasajeros y que tanto la Provincia como los intendentes deban abocarse a buscar soluciones locales, con unidades más chicas y aportes directos de las jurisdicciones. Tampoco es justo encarecer al extremo los pasajes de la mayoría de los ciudadanos para sostener algunos destinos.
Es saludable ir a un sistema donde las cosas valgan lo que deben valer, sin agregados, ni adicionales, ni subvenciones.
