Las empresas de medicina prepaga de capital cordobés tomaron con preocupación el anuncio del Gobierno en el sentido de que en horas se publicará la reglamentación del capítulo del mega-DNU 70/2023 que avanza con una desregulación de la cobertura de salud y suma costos.
“Tendrán que hacer un ajuste muy grande de sus gastos de estructura, comercial, y trabajar la eficiencia operativa, sino serán inviables”, resumió una fuente del sector, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se mantiene el esquema impulsado a nivel oficial. Otros interlocutores, consideraron necesario conocer los detalles del decreto.
La preocupación parte de la intención del Gobierno de desregular el sistema de obras sociales que administran los sindicatos, de forma tal que los trabajadores puedan elegir libremente entre los servicios de una obra social o de una empresa de medicina prepapaga desde el momento en que inician una relación laboral.
“Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación”, dijo Adorni. Pero los cambios, lejos de entusiasmar, amenazan con abrir un conflicto con las prepagas ya que se establece la obligatoriedad de que para inscribirse en ese sistema las firmas aporten un 20% de las cuotas que cobran a sus clientes a fin de sostener el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), tal como lo hacen las obras sociales.
Ese fondo solo se nutría del 15% de los aportes y las contribuciones que empleadores y trabajadores realizaban a las obras sociales sindicales, recursos que administra la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y son usados para financiar tratamientos de alta complejidad, medicamentos de alto costo y servicios para personas con discapacidades.
Si bien el grueso del sistema de cobertura de medicina privada funciona en manos de grandes jugadores -Osde, Swiss Medical, Sancor Salud, Omint y Medifé, por ejemplo-, en Córdoba los principales centros de salud privados también trabajan con esquemas propios para la atención de sus asociados.
Con los datos que se conocían hasta este lunes, para poder captar un trabajador nuevo o incluso uno que ya está actividad y pretende cambiar de prestador, las prepagas deberán inscribirse en un registro y comenzar a pagar ese 20%. “¿Qué empresa de medicina prepaga va a tomar esa decisión”, se preguntó un ejecutivo del sector.
Otra lectura, dentro del mar de dudas que subyace en el sector, es que el cambio podría eventualmente derivar en planteos judiciales, ya que el porcentual aparece como un nuevo impuesto.
El secretario de Acción Social de la CGT y titular del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, consideró que el Gobierno “comete un error si su único plan para mejorar el sistema de salud” de las obras sociales pasa por desregular la inscripción de los trabajadores registrados habilitando el ingreso de empresas de medicina prepaga. “No ha dimensionado el estado actual del sector”, analizó el gremialista.
“La desregulación de las obras sociales ya está desde la década de los ‘90, en el gobierno de Menem y Cavallo. Lo de la libre elección (impulsada por el actual Gobierno) excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obra social de origen, y ahora lo puede hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese”, explicó Lingeri.
“Por otra parte -agregó- se incorpora la posibilidad de optar por una medicina prepaga en forma voluntaria. Para eso, el trabajador se deberá inscribir en el registro de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud y tendrá que aportar el 20% al fondo”.
En ese análisis, sin tener el texto final, Lingeri consideró que supuestamente “se eliminará la triangulación que se hacía entre las obras sociales y las prepagas. Este fue un tema largamente pedido por la CGT”, aclaró el líder gremial. “Ahora, el trabajador podrá hacer directamente el aporte a la prepaga en caso que opte por esta, y una vez hecha la opción deberá permanecer un año en la misma”, advirtió.
Por otra parte, trascendió que las prepagas podrían trasladar aumentos para todos los meses del año. Para marzo las subas llegan al 25% y hay un porcentaje igual en carpeta en abril. Durante el resto del año, se trasladará la inflación, según el criterio que maneja la cámara sectorial, la Unión Argentina de Salud (UAS).
