Con la firma del decreto 38, uno de los primeros de 2024, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dejó todo preparado para buscar fondos frescos que le permitan afrontar un escenario nacional que, a todas luces, se advierte como complicado.
En efecto, según consta en la norma publicada este martes en el Boletín Oficial, pero con fecha del pasado 19 de enero, la Provincia dio a conocer que delega en el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, el ejercicio de una serie de funciones y facultades de decisión respecto de aspectos clave de la gestión en relación con la deuda.
Anticipándose a los problemas económicos que se vienen en los próximos meses a partir del fortísimo ajuste fiscal en el que está embarcado el Gobierno nacional, Llaryora, con este decreto, allana el camino y genera las herramientas necesarias para enfrentarlos.
Según una alta fuente del Ejecutivo provincial, lo que se busca con el decreto es habilitar a Acosta a que éste lleve adelante negociaciones relativas a la deuda, ya sea un reperfilamiento de vencimientos o, más probablemente, “buscando deuda nueva”.
Hoy, no es intención de la Provincia reestructurar la deuda, lo que supone cambios de las condiciones para los tenedores, en plazos y tasas. Es lo que hizo la Municipalidad en 2020 y la Provincia en 2021.
“No es esa la idea en el escenario actual”, confió el informante.
El núcleo de la deuda de Córdoba está compuesta en la actualidad por cuatro bonos en dólares que suponen el 80% del pasivo en moneda extranjera. “La probabilidad más alta está en colocar un nuevo título, hay interés, el ejemplo del cupón de YPF por debajo del 10% de tasa ayudó, vamos a ver”, explicó la fuente.
Con la idea de ir en ese camino, trascendió que funcionarios de Economía mantuvieron reuniones con interesados en Buenos Aires. Hubo avances, pero aún nada concreto.
La delegación de facultades en Acosta es una práctica que Llaryora ya llevó adelante cuando inició su gestión en la Municipalidad, confiando en su mano derecha en Economía la negociación de esta clases de acuerdos técnicos en busca de fondos.
De concretarse la operación, el nuevo titulo, del que no trascendió el monto ni la tasa, será en dólares.
En paralelo, desde el Panal no descartan buscar pesos en el mercado doméstico que podría también usarse para avanzar con algunas obras públicas.
El decreto 38
“Disponer la emisión de títulos públicos, rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar los títulos de deuda provincial en circulación con el fin de mejorar los términos y condiciones pactados oportunamente en función de condiciones de mercado que resulten favorables para la Provincia”, dice el texto del decreto firmado por el Gobernador.
También el decreto le da las herramientas al titular de Economía y Gestión Pública para que apruebe y suscriba “todos los documentos relacionados a la operación” y adopte “todas las medidas, disposiciones y/o resoluciones complementarias, aclaratorias e interpretativas que sean requeridas a tales fines”.
Córdoba enfrenta vencimientos de intereses y de capital por U$S 488 millones en 2024, con vencimientos en junio y en septiembre de uno de los bonos más grandes (CO21D); y por 600 millones en 2025.
Letras para gastos corrientes
Por otro lado, el decreto habilita a Acosta a disponer “la emisión de letras de tesorería, determinar la época y oportunidad para su emisión, fijar sus términos y condiciones, declarar total o parcialmente desierta cada una de las licitaciones, determinar el precio o la tasa de corte y adoptar todas las medidas, disposiciones y/o resoluciones complementarias, aclaratorias e interpretativas que sean requeridas a efectos de su emisión y colocación”.
El objetivo de esta herramienta financiera es, básicamente, habilitar un medio para saldar gastos corrientes, básicamente proveedores de servicios y de obras.
Acosta utilizó habitualmente este medio de pago cuando fue secretario de Economía de la Municipalidad , precisamente con Llaryora en el primer piso del Palacio 6 de Julio.
El gobierno de Juan Schiaretti no fue afín a las letras. Por el contrario, en los últimos años sólo las usó una vez, cuando en abril de 2020, en plena cuarentena por Covid, emitió $ 9 mil millones para pagar compromisos con proveedores.
A esos títulos, los contratistas los podían usar para cancelar deudas tributarias.
El decreto 38 también permite al Ministerio de Economía y Gestión Pública poner como garantía de la nueva deuda los recursos automáticos llegados desde la Nación.
“Afectar la coparticipación federal en los montos que correspondan al Tesoro provincial, o instrumentando la cesión fiduciaria de recursos propios, como garantía de las operaciones de crédito público y de emisiones de letras de tesorería que se realice y/o de la refinanciación, reestructuración o canje de operaciones de crédito concertadas por la Provincia”, dice el texto.
Como sustento de la delegación de estas facultades en Acosta, Llaryora se asienta en el artículo 174 de la Constitución Provincial y en la Ley 10.618.
Volviendo al potencial nuevo bono internacional que podría emitir la Provincia, hay dos caminos. Si se acuerda con compañías de seguros, fondos y otras entidades, no se precisan mayores trámites que los habituales.
Por el contrario, si participan bancos, allí debe intervenir la Nación a través del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Relaciones con las Provincias y del Ministerio de Hacienda, lo que suele complicar el proceso. Aunque si hay buena relación política, no debería haber mayores problemas.
