Luego de casi cuatro horas de reunión, los funcionarios nacionales y los gobernadores se mostraron satisfechos –al menos en público– con el inicio del diálogo formal entre el Gobierno central y las provincias. Hubo frases de ocasión, como “buen clima”, “diálogo franco” y “debate abierto”.
Sin embargo, un colaborador de uno de los mandatarios que estuvo en la Casa Rosada, que no es cordobés, sin anestesia sintetizó: “Hubo 24 reclamos y ninguna respuesta concreta”. Aunque luego agregó: “Lo bueno es que se inició un diálogo franco”.
Los 23 gobernadores –entre ellos, Martín Llaryora– y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llevaron sus reclamos al enigmático jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al verborrágico ministro del Interior, Guillermo Francos.
Cada mandatario provincial tiene preocupaciones diferentes, pero todos reclaman por algo en común: la baja de la recaudación y los recortes de fondos que impulsó el Gobierno nacional, que están haciendo estragos en las finanzas provinciales.
Según distintas fuentes, Llaryora planteó varias cuestiones, pero la principal es que la Nación cumpla con los desembolsos de la Anses a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Es una cuestión que está prevista en el Presupuesto del año pasado (ley 27.701) que rige para este año, porque el nuevo Gobierno ni siquiera intentó aprobar en el Congreso otro esquema de ingresos y gastos.
En el artículos 93, la norma vigente dice, sin grises y sin lugar a interpretaciones: “La Anses debe enviar antes del día 20 de cada mes un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual (para Córdoba, es el del año 2019). Cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentina (Sipa)”.
El Sipa es un cálculo que indica las actualizaciones que se debían hacerse con base en los aumentos que reciben los jubilados nacionales.
El año pasado, el anterior gobierno nacional giró a Córdoba $ 1.070 millones mensuales. La misma cifra de tres años atrás, sin actualización.
La gestión libertaria fue más allá: en estos casi tres meses, no envió un peso. Según el extitular de la Anses, el cordobés Osvaldo Giordano, fue una decisión del ministro de Economía, Luis Caputo.
Precisamente, todos los gobernadores querían hablar con el titular del Palacio de Hacienda, quien faltó a la cumbre en la Rosada porque se encuentra en el exterior.
El propio Giordano admitió a La Voz que, con las actualizaciones, la Caja de Jubilaciones de Córdoba debería recibir más de $ 10 mil millones mensuales.
Córdoba y otras 12 provincias padecen este incumplimiento de la Anses, salvo la provincia de Buenos Aires, que, según Giordano, “mágicamente” recibió los fondos pocos días antes de retirarse la anterior conducción de la Anses, que estaba en manos de la camporista María Fernanda Raverta.
“Francos y Posse sólo anotaron el reclamo”, describió un funcionario llaryorista, quien habló con el gobernador luego de la cumbre.
Como ya lo había hecho de manera pública, Llaryora también planteó su rechazo a la reforma de la ley del Impuesto a las Ganancias, para que lo paguen más trabajadores con altos ingresos.
Los mandatarios patagónicos se sumaron con fuerza a este reclamo, teniendo en cuenta que en el sur del país hay muchos trabajadores que volverían a pagar este impuesto.
No una, sino dos comisiones
Más allá de anotar los reclamos en un borrador, Posse y Francos decidieron crear dos comisiones: una económica, con los ministros de Finanzas de las provincias, y una política, con los ministros de la cartera política de cada distrito.
Los dos funcionarios mileístas no deben haber leído una de las máximas del expresidente Juan Perón: “Si querés que algo no funcione, creá una comisión”. En este caso, serán dos. Alguien podría decir que le llama la atención de Francos, que es de origen peronista.
De todos modos, los gobernadores se retiraron de la Casa Rosada con algo positivo, que genera una llamita de optimismo para lo que viene: fueron escuchados.
A su vez, los funcionarios libertarios se quedaron con la impresión de que se aprobará una “ley ómnibus”, más restringida que la anterior, que les presentaron a los gobernadores.
No obstante, ahora falta la opinión de quien decidirá sobre los planteos de las provincias: el presidente Javier Milei.
No hubo voces en tonos altos, ni altisonantes. Aunque sí, diferencias. La coincidencia general es que seguirán dialogando, aunque en una negociación entre dos partes que se desconfían. El Presidente se lo dijo en la cara a los gobernadores, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso: “No confío en ustedes, pero espero que me sorprendan”.
Los gobernadores también esperan que el Presidente los sorprenda con una mayor flexibilización a su política de ajuste con motosierra y licuadora.
