Los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, del bloque “Encuentro Federal” impulsan una modificación a la ley que regula las retenciones con el fin de que cualquier modificación a futuro no impacte en los productores.
La iniciativa es consecuencia del escándalo que se originó tras la eliminación temporal de retenciones, cuyo cupo se agotó en tres días y solo fue aprovechada a pleno por un grupo de cerealeras.
Gutiérrez, quien encabeza el proyecto, responde políticamente al ex gobernador Juan Schiaretti, quien como principal referente de Provincias Unidas trazó como eje de campaña la eliminación de las retenciones.
El proyecto presentado en la Cámara de Diputados modifica el artículo 1 de la Ley 26.351 con la intención de actualizarlo y dotarlo de una mayor capacidad de control
Puntos Clave del Proyecto:
1 - Ampliación del Supuesto de Acreditación:
La normativa actual solo obliga a los exportadores a demostrar la tenencia o compra previa de la mercadería cuando hay un “incremento” en las alícuotas de exportación entre el registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y la oficialización de la exportación.
La reforma propuesta reemplaza el término “incremento” por “variación, sea en más o en menos”. Esto significa que los exportadores deberán acreditar la tenencia o adquisición de los productos ante cualquier cambio en las alícuotas, ya sea un aumento, una disminución, una suspensión o un restablecimiento.
2 - Eliminación de la Ambigüedad Legal:
La redacción actual generó debates e interpretaciones dispares sobre si la obligación de acreditar la tenencia se aplica en casos de baja de retenciones.
El proyecto busca eliminar esta “zona gris legal” para asegurar que la obligación sea clara y exigible sin importar la dirección del cambio en la alícuota.
3 - Prevención de Maniobras Especulativas:
Al exigir la acreditación ante cualquier variación, se busca garantizar que el registro de las operaciones de exportación corresponda a transacciones reales y no se utilice como un mecanismo especulativo frente a posibles cambios en los derechos de exportación. El fin es evitar maniobras que puedan erosionar la recaudación fiscal o distorsionar el mercado.
4 - Establecimiento de un Plazo Concreto:
El proyecto introduce un plazo máximo explícito de cinco (5) días hábiles para presentar la documentación que acredite la tenencia o adquisición de los productos. Este plazo se cuenta desde la fecha en que entra en vigencia la nueva alícuota.
5 - Consecuencias del Incumplimiento:
En caso de que un exportador no acredite la tenencia o adquisición en el tiempo y forma establecidos, la operación quedará sujeta a la alícuota vigente al momento de la oficialización de la exportación.
Esto se complementa con las sanciones que pudieran corresponder según la normativa aplicable.
Los impulsores del proyecto sostienen que esta reforma no implica un aumento de la presión fiscal ni introduce nuevas cargas para el sector exportador.
Por el contrario, argumentan que aporta seguridad jurídica, previsibilidad y equidad, asegurando que todos los operadores compitan en igualdad de condiciones.
