En poco más de dos meses vence la rebaja temporal de retenciones dispuesta por el gobierno de Javier Milei y la oposición se alista para dar la batalla en el Congreso. Diputados de distintos bloques buscarán consensos para dictaminar un proyecto dentro de dos semanas y empezar a ejercer presión sobre el presidente, que ya avisó que a partir de julio volverán las alícuotas de los derechos de exportación tal como estaban antes del decreto.
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Atilio Benedetti (UCR), avanza con cautela y analiza convocar a una reunión en 15 días para sacar un despacho entre los varios proyectos que hay en danza, aunque otros diputados quieren ir a fondo y ya piensan en aprobar un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, manejada por el oficialismo, para que haya un dictamen conjunto y una señal más contundente al Gobierno.
El debate promete enfrentar a Milei con los gobernadores de la Región Centro, que hasta ahora fueron un sostén del presidente en el Congreso: el cordobés Martín Llaryora, el entrerriano Rogelio Frigerio y el santafesino Maximiliano Pullaro. Los dos primeros impulsan proyectos propios a través de sus diputados.
En la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica están dispuestos a avanzar a sabiendas de que el veto presidencial está a la vuelta de la esquina. Lo hacen apalancados por un fuerte lobby de la Fundación Barbechando, que este jueves organizó en Diputados la Segunda Cumbre AgroGlobal de Sudamérica, con legisladores de seis países de la región.
El consenso básico en la Cámara baja es que a partir de julio no vuelvan a aumentar las retenciones. “Que el 26% (de alícuota para la soja) sea el nuevo techo”, definió un diputado involucrado en las negociaciones. En ese sentido, empiezan a ver con buenos ojos un proyecto del diputado Fabio Quetglas, del bloque UCR que encabeza Rodrigo De Loredo, para que la rebaja que estableció el Poder Ejecutivo quede perpetuada por ley, sin el tope del 30 de junio.
Quetglas cree que eso sería digerible para el Gobierno porque no tiene costo fiscal. “Trabajemos con una hipótesis: el 100% de los productores liquidarán antes del 30 de junio. Se recauda X. Ahora sacamos con la misma alícuota el límite temporal y se liquida el 100% pero ahora se liquida en julio, en agosto, etcétera. Pero recauda el mismo X, la única diferencia es que va a tener una secuencia de recaudación temporalmente más dispersa en el tiempo, pero lo que se recauda es exactamente lo mismo”, explicó a La Voz.
Para el diputado, “de esa manera el productor recupera una cierta soberanía comercial de poder ir liquidando de conformidad con las necesidades de su explotación y no se ve obligado a un cuello de botella que tiene un resultado comercial: si todos liquidan juntos, empujan el precio a la baja, en cambio la secuencialidad le va a permitir, dentro de este contexto donde las retenciones son muy malas, tener una mejor gestión de su producto”.
La propuesta de Quetglas sería un punto de partida para discutir un esquema de reducción gradual de las retenciones hasta llevarlas a cero, como proponen (con matices) el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), el santafesino Luciano Laspina (PRO) y el porteño Juan Manuel López (Coalición Cívica).
“Los países vecinos tienen esquemas impositivos estables para el agro y los productores conocen de antemano las condiciones fiscales para los próximos años. Esa previsibilidad les permite planificar inversiones a largo plazo. En Argentina, en cambio, las retenciones cambian según la coyuntura, y eso impide que el productor apueste a más tecnología o amplíe la frontera productiva. Es tiempo de que cambiemos esa lógica: el agro necesita reglas claras y estables para crecer”, sostuvo Agost Carreño.
Otros diputados, como el santafesino Roberto Mirabella, creen que es posible terminar de inmediato con los derechos de exportación. Propone solventarlo eliminando subsidios al transporte urbano en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y a AySA (Aguas y Saneamiento Argentino), y exenciones como el impuesto a las Ganancias para los jueces, entre otras fuentes de financiamiento.
El cordobés Luis Picat, cercano al Gobierno y otra de las voces fuertes del sector agropecuario, quedó en una posición incómoda. En una reciente columna de opinión, calificó como “desafortunadas” las declaraciones de Milei y ratificó su apoyo a la eliminación de las retenciones, pero a la vez advirtió que la medida generaría un rojo fiscal de 4.500 millones de dólares en el Estado nacional, que “se transfiere a las provincias de manera directa”.
El otro punto donde los diputados quieren trabajar es en la eliminación del artículo 755 del Código Aduanero, que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de fijar los derechos de exportación. Buscan que la potestad recaiga en el Congreso.
