Los diputados oficialistas que integran la Comisión de Juicio Político cerraron filas y anticiparon que irán “a fondo” contra la Corte Suprema de Justicia, aunque el tratamiento del proyecto comenzaría recién la semana del 23 de enero, a pesar de que el presidente Alberto Fernández había pedido celeridad.
A la espera de que el Poder Ejecutivo publique la convocatoria a extraordinarias, los representantes del Frente de Todos en la comisión se reunieron para acordar los próximos movimientos y se aprestan a presentar formalmente el pedido de juicio político en las próximas horas.
Puesto que varios diputados se encuentran fuera de Buenos Aires, la reunión se hizo por videoconferencia. Pero para evitar especulaciones sobre el quórum a la hora de reunir la comisión, el bloque se encargó de mencionar, en un comunicado posterior, que hubo “asistencia perfecta” de los 16 integrantes.
Entre los oficialistas que forman parte de la comisión, que preside la entrerriana Carolina Gaillard, se encuentran el jefe del bloque, Germán Martínez, y algunas de las principales espadas judiciales del kirchnerismo, como los bonaerenses Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Vanesa Siley.
“Fue una muy buena reunión, con asistencia completa y muy participativa”, comentó a este medio uno de los participantes de peso en la comisión, que anticipó que habrá nuevos encuentros.
Una de las líneas de acción que plantean es someter a discusión no solo el proyecto del oficialismo, sino también otros que cuentan con estado parlamentario, como el que presentó en sucesivas oportunidades la Coalición Cívica contra uno de los jueces supremos, Ricardo Lorenzetti.
También proyectan citar a los cuatro jueces de la Corte (pueden optar por concurrir o no) y requerir medidas de prueba para comprobar la verosimilitud de los chats que se difundieron públicamente y que revelan presuntos vínculos entre el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y el gobierno porteño.
En esas conversaciones se hablaba de dos fallos que el Gobierno pone en tela de juicio, y que son las principales motivaciones del juicio político: la sentencia a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre el pago de la coparticipación, y la que restituyó la vieja composición del Consejo de la Magistratura.
Los oficialistas anunciaron que impulsarán “un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino”, y aseguraron que estudiarán “a fondo las decisiones tomadas por la Corte Suprema y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones”.
Además, convocaron a “todos los bloques” que integran la comisión a “dar una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”.
El pronunciamiento fue rápidamente respondido por el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri. “La Constitución Nacional no es una verdad relativa. Los fallos de la Corte deben cumplirse. En medio de la crisis social y económica, el Frente de Todos solo tiene como programa llevarse puesta a la República, garantizar la impunidad de Cristina Kirchner y naturalizar la anarquía por encima de la ley”, reprochó.
Juntos por el Cambio resolvió este martes que bloqueará todos los proyectos que provengan del Gobierno o del oficialismo si no retiran el pedido de juicio político a la Corte. Además, la coalición opositora confirmó que no dará quórum, aunque sí participará del debate si logran el número.
Sin fecha de inicio
El debate del juicio político aún no tiene fecha cierta de inicio, pero podría demorarse a costa de los deseos de Fernández. Es que la convocatoria a las sesiones extraordinarias (necesaria para abrir el debate) podría ser a partir del 23 de enero, con lo cual la semana próxima no habría actividad legislativa.
El Gobierno negó que se trate de una postergación, ya que las fechas están dentro de la segunda quincena de enero, como había sido anunciado. “Tal como informé el jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero”, informó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti a la agencia Télam.
Y agregó: “Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso”.
Desde el bloque oficialista también negaron que haya habido cambios. “No se postergó nada, porque nunca hubo fecha. Siempre se habló de que iban a ser durante la segunda quincena de enero. La fecha no la fija el bloque, el Ejecutivo es el que tiene los elementos”, explicó una importante fuente.
