Un bloque de diputados nacionales presentó una iniciativa legislativa para dejar sin efecto el decreto 383/25 de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, argumentando que excede las atribuciones presidenciales delegadas por la Ley Bases en materia de seguridad y podría derivar en graves vulneraciones de derechos.
El bloque de diputados presentó formalmente en el Congreso un proyecto de ley para declarar la “nulidad absoluta” del decreto 383, impulsado por la ministra Patricia Bullrich, el cual busca reformar la Policía Federal Argentina (PFA). La iniciativa de la oposición, ingresada este jueves 19 de junio de 2025, busca revertir una medida del Poder Ejecutivo que, a su juicio, “viola derechos constitucionales” y “excede las facultades delegadas” por la Ley N° 27.742, conocida como Ley de Bases.
Los legisladores sostienen que la Ley de Bases no otorgó al Poder Ejecutivo “facultades legislativas en materia de seguridad”. Explican que el Congreso solamente habilitó la “colegislación” para reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero en ningún momento autorizó al Presidente a dictar normativas de carácter general que restrinjan los derechos de las personas.
Democracia para Siempre interpreta que el Ejecutivo está utilizando la Ley Bases como una “ventana de oportunidad forzada”, fundamentando la decisión en una supuesta “mayor eficacia y modernización del Estado”, a pesar de que la reforma propuesta “no implica un plan de eficacia de la administración” sino una modificación del “sentido de su intervención” y sus funciones.
Entre las preocupaciones centrales de los diputados se destaca que el decreto “no organiza con claridad de qué se va a tratar ese perfilamiento vinculado a la investigación criminal”. Advierten que esto “pareciera más bien una expansión encubierta de las facultades de inteligencia que invade competencias de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), regida por la Ley 25.520”.
Además, señalan la falta de información precisa sobre la especialización en áreas como la investigación de la ruta del dinero, la connivencia con otras instituciones estatales o la prevención de la violencia, observando que persisten y aparecen nuevas “atribuciones extraordinarias para la policía”.
Los fundamentos del proyecto también alertan sobre los “múltiples riesgos” que podrían surgir de estos cambios, sugiriendo que están más motivados por la “urgencia política que por un debate democrático serio”. Un punto de gran inquietud es la “falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA”, dado que el decreto no define con precisión conceptos como “amenaza a la seguridad del Estado” o “alteración del orden público”, lo que genera una “peligrosa zona gris”.
Los diputados advierten que “lagunas normativas similares” en otros contextos han llevado al “uso discrecional de fuerzas de seguridad” y a prácticas como la “persecución de la protesta, el ciberpatrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión”, a menudo justificadas bajo interpretaciones amplias.
Además, el proyecto subraya que el acceso de la policía a “mayores poderes sin orden judicial” –incluyendo detenciones, vigilancia de redes sociales y requisas en operativos de prevención– vulnera garantías fundamentales.
Esto incluye el derecho al debido proceso, la protección contra detenciones arbitrarias (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según interpretaciones de la Corte IDH) y la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Nacional). Los legisladores critican que la disposición crea una figura “similar a los ‘arrestos por averiguación de antecedentes’”, los cuales ya han sido declarados inconstitucionales por jurisprudencia reiterada debido a su carácter “arbitrario y discrecional”.
Se enfatiza que la “sospecha que funda las detenciones sin orden judicial de la policía, por lo general, descansa en un sesgo discriminatorio”, una noción previamente usada para controles poblacionales, extorsión y “estadística policial”, que podría derivar en “controles masivos”.
El proyecto de derogación cuenta con las firmas del presidente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y de sus colegas Facundo Manes, Danya Tavela, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal8. Cabe recordar que esta reforma de la PFA, presentada por el presidente Javier Milei junto a la ministra Bullrich, se orienta hacia un modelo “moderno y orientado a la investigación”, con el FBI como referencia.
En la presentación de la reestructuración, el Presidente afirmó: “Terminamos con la nefasta lógica del zaffaronismo penal, que trataba a las victimarias como víctimas”. La propuesta de Democracia para Siempre se suma a otros proyectos de la izquierda y el kirchnerismo que también buscan anular la reforma y alertan sobre el ciberpatrullaje sin orden judicial.
