El presidente, Javier Milei, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, fueron denunciados este jueves en Comodoro Py por la demora en la promulgación y reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad (27.739).
La denuncia fue presentada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein en Comodoro Py.
El texto señala que la ley debe estar publicada en el Boletín Oficial (BO) y promulgada para poder dar cumplimiento, ya que el Senado informó formalmente al Poder Ejecutivo de la insistencia sobre el proyecto original el pasado 4 de septiembre, hace ya diez días hábiles, por lo que los plazos para la implementación ya están vencidos.
“Sobre estas personas denunciadas recae el deber de publicar en el BO la norma que ha cumplido con todas las etapas del proceso de sanción de una ley de acuerdo a la Constitución Nacional”, agrega la denuncia.
La presentación judicial incluye a María Ibarzábal Murphy, Secretaría Legal y Técnica de la Nación, y Walter Rubén González, Director del Registro Oficial (BO).
El pasado viernes, Paulón había enviado una carta documento al Poder Ejecutivo para intimar a que “en plazo perentorio e improrrogable de 24 horas (…) bajo apercibimiento de denunciarlos penalmente”, implemente la ley de emergencia.
Si bien la semana pasada se conoció la información de que el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, les había comunicado a los prestadores del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedi) que estaban trabajando en la reglamentación, al día de hoy el Ejecutivo no publicó la ley en el B.O.
Que establece la ley
Declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
También, propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
Para que el aumento de los aranceles por inflación se ejecute, Francos debe firmar la compensación de la partida presupuestaria para la Andis. Sin aumento del presupuesto de la agencia, no se puede actualizar la escala para las prestaciones del plan Incluir Salud, entre ellas, terapias, transporte, talleres, centros educativos y terapéuticos, entre otras.
Recién una vez que se gire el dinero, la Andis quedaría en condiciones de actualizar formalmente el nomenclador. Para eso debe mirar los últimos valores (diciembre de 2023) y ajustarlos por inflación al día de hoy. A partir de entonces cada mes se actualizarán automáticamente por el índice de precios al consumidor (IPC). Dependiendo de cada prestación, los aumentos deberían rondar entre el 50% y el 70%.
Prestadores: cientos de instituciones al borde del cierre
“Aunque la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada, el sector continúa en una crisis profunda y reclama con urgencia su implementación efectiva, con respuestas concretas e inmediatas del Poder Ejecutivo”, manifestaron desde la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis).
“La Ley de Emergencia en Discapacidad logró resistir el veto presidencial, pero el colectivo de discapacidad continua en crisis, la misma que motivó su sanción. Si bien la normativa fue un paso importante, requerimos hoy de su urgente implementación ya que la situación que atraviesan los prestadores de servicios de discapacidad en todo el país sigue siendo extremadamente grave, y a pesar de versiones que circularon los últimos días, las suspensiones de pensiones, continúan”, dijeron.
“La falta de actualización de aranceles y la continua demora en los pagos por parte de las obras sociales y el Estado, impiden la correcta operatividad de los centros de día y educativo terapéuticos, escuelas especiales, centros de rehabilitación, hogares, servicios de inclusión y profesionales de las diversas áreas de salud y educación. Esta situación crítica pone en riesgo la continuidad de las terapias, tratamientos e inclusión social y educativa de miles de personas con discapacidad en todo el país. Las personas con discapacidad que acceden a estos servicios no saben si podrán seguir contando con estos apoyos en los próximos meses. Menos aún en el próximo año. No se puede esperar más”, concluyeron.
