El titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, rechazó este lunes “las amenazas del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich por carecer de cualquier sustento legal y pretender disfrazar bajo la excusa de un ‘pago solidario’ lo que en realidad es una extorsión a las organizaciones que representan a los trabajadores”.
El pago al que se refiere el comunicado tiene que ver con la marcha al Palacio de Tribunales que se realizó en diciembre, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía y en apoyo a las presentaciones judiciales que buscan su inconstitucionalidad. Las multas ascienden a 56.760.282 y 40.419.227 millones pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre”.
Un comunicado firmado por el diputado nacional kirchnerista y el secretario de Comunicación de esa central, Enrique Rositto, sostuvo que con su actitud la ministra pretende “vulnerar la libertad sindical y el derecho de huelga y de protesta”.
“Es falso que la CTA haya incurrido en situaciones delictivas, como señalan las cartas-documento enviadas por esa cartera, que utiliza como excusa para justificar ‘gastos operativos’ la concentración del 27 de diciembre hacia Plaza Lavalle, lo que fue solo un evento de ejercicio pacífico de derechos constitucionales de la población”, enfatizó.
La CTA ratificó que según la Constitución “los habitantes tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y huelga”, por lo que llamó a “la urgente reflexión”.
“La central obrera llama a la reflexión al Gobierno de Javier Milei para que cese su conducta discriminatoria y antisindical hacia la CTA, las organizaciones sindicales y los trabajadores, lo que es visible con sus medidas persecutorias absurdas”, concluyó
