El Gobierno nacional anunció este jueves que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que será enviado este mismo día al Congreso de la Nación
El acuerdo fue alcanzado con el staff del FMI para refinanciar la deuda récord de aproximadamente U$S 45.000 millones.
El proyecto incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.
Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023.
“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, dijeron desde el Gobierno.
1. Revisiones
El acuerdo alcanzado se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio.
El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión.
2. Plazos
El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
3. Inflación, reservas y devaluación
El Gobierno dijo que hubo coincidencia en que la inflación “es un fenómeno multicausal” -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral.
La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas.
El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas.
4. Déficit fiscal y tasas
Se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos.
Este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales.
Asimismo, se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional.
El objetivo es lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024.
5. Gastos e ingresos
Este sendero hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social.
6. Jubilaciones
En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional.
7. Energía
En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad.
Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.
Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.
La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate:
a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago
b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior
c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
8. Inversiones
Se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a:
1) Incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable.
2) Reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza.
3) Mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso.
4) Fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos.
5) Asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.
9. Crecimiento
Se implementarán políticas para tratar de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales.
