Desde este lunes, Oscar González, expresidente provisorio de la Legislatura y una de las figuras políticas que más poder acumuló dentro del peronismo de Córdoba en las sucesivas gestiones del PJ, debe cumplir con la prisión domiciliaria que le impuso la Justicia federal y que lo tendrá por un tiempo indeterminado recluido en la casa en la que reside en Villa Dolores.
La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos no está relacionada judicialmente con el choque que protagonizó el 22 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. Pero aquel fatal incidente –en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes terminaron con graves heridas y secuelas que permanecen hasta este lunes– marcó el principio de este presente aciago para quien fuera caudillo indiscutido del PJ en Traslasierra durante más de 20 años.
La noticia de la detención de González tiene un fuerte impacto puertas adentro del oficialismo provincial: es la primera vez que un dirigente de la talla de González es apresado por la Justicia, acusado de enriquecerse mientras ocupaba cargos públicos.
Este lunes, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja hizo lugar al pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian, quien en diciembre pasado había solicitado la detención del exministro y exlegislador. La feria judicial de enero demoró unas semanas la confirmación de la medida cautelar por parte del magistrado.
Además de disponer la prisión domiciliaria –González tiene 77 años, con lo cual encuadra en el beneficio para quienes superan los 70 años–, Vaca Narvaja ordenó una caución por 150 millones de pesos. En caso de que González incumpla la prisión, la Justicia ejecutará ese monto.
El juez también dispuso que mientras pese la prisión domiciliaria sobre González, le sea colocada una tobillera electrónica para su seguimiento. Esa instancia deberá esperar, porque no hay dispositivos disponibles en este momento. “Cuando se libere alguna tobillera, González recibirá la suya. El faltante es algo que suele suceder”, aclararon a este medio desde la fiscalía.
Por ahora, el juez no determinó una custodia sobre González para controlar el cumplimiento de la domiciliaria. “González y su abogado saben que si sale de su casa, va directo a Bouwer”, dijeron a La Voz desde el entorno del magistrado.
Vaca Narvaja tiene previsto que “el jueves o el viernes” González declare por primera vez en la causa para defenderse. Cuando se concrete, la indagatoria se hará vía teleconferencia.
La defensa de González apeló
Este lunes, Miguel Ortiz Pellegrini, el abogado del acusado, apeló la medida cautelar que fijó la detención y ahora se espera que resuelva la Cámara. Fuentes tribunalicias aseguraron que normalmente la Cámara se toma no menos de seis meses para dictaminar en casos similares. Será interesante conocer cuánto tiempo se demora en este caso, teniendo en cuenta las influencias del acusado.
Precisamente, las relaciones y los vínculos que González construyó durante su carrera política fueron claves para que el fiscal argumente que había riesgo procesal para la causa si González quedaba libre.
En su apelación, Ortiz Pellegrini fue duro con la decisión de Vaca Narvaja. “El auto del Sr. Juez de fecha 7/02/2025 se funda sobre hechos extraños al análisis jurídico penal, y sobre una interpretación arbitraria de la normativa legal, sumado a ello con errores de motivación lógica, por lo que solicitamos se lo declare nulo”, dice el letrado de González.
En uno de los párrafos de la apelación, a la que accedió este medio, el defensor cita al juez y luego lo cuestiona. “Dice el Sr. Juez: “…si bien al día de la fecha no posee condena firme- será citado a juicio a juicio a la brevedad en el marco de una causa que tramita la Justicia Provincial, en la que se lo investigó por los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor (SAC 11366988) y le corresponderá al mismo –en caso de ser condenado– la aplicación de la pena privativa de libertad en abstracto, pena que por si sola NO permite suponer que el mismo eludirá la de la justicia…”, refiere el defensor y luego señala que “el párrafo es absurdo, y violatorio del art. 18 CN, presunción de inocencia de todo ciudadano”. No son las únicas críticas.
El origen de la causa
La acusación de Hairabedian, avalada por el juez con la detención domiciliaria, tiene origen en una denuncia que llevó adelante en abril del año pasado la legisladora provincial Luciana Echevarría. La dirigente de izquierda cuestionó en la Justicia federal movimientos y traspasos de bienes que habría realizó González a sus familiares directos luego del siniestro vial.
Según el corazón de la investigación de Hairabedian, González no ha podido demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador provincial sean suficientes para explicar el crecimiento patrimonial que exhiben sus declaraciones de bienes. Por ese motivo, el fiscal lo acusó de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. “Transferir bienes de un delito es lavado”, recordaron este domingo desde los tribunales federales.
“Las cifras por las que fueron declarados los bienes son realmente irrisorias. Hay un departamento en Nueva Córdoba y un terreno en Villa Dolores que dan risa. Es increíble lo que dicen que cuesta”, dijo a La Voz una fuente que accedió al expediente.
Pedido de justificación
La Voz pudo saber que en el marco de la investigación, el fiscal Hairabedian pidió a la Fiscalía de Estado de la Provincia que intime a González para que justifique su crecimiento patrimonial. Según el fiscal, González contestó el requerimiento, pero no justificó sus bienes. En su presentación, el ahora detenido adujo, entre otros cuestionamientos, que el fiscal era incompetente para realizar ese pedido.
Además, el fiscal le solicitó en los últimos días a Vaca Narvaja que ordene una pericia para determinar el valor real de los bienes de González, ya que en las declaraciones de bienes figuran las valuaciones fiscales muy por debajo de los precios de mercado.
La pena a la que se enfrenta González en caso de ser juzgado y ser encontrado culpable de los dos delitos va de 4 a 21 años de prisión.
El hecho de que González haya sido acusado y apresado de manera domiciliaria por la Justicia federal y no por la provincial fue destacado en las últimas horas por dirigentes de la oposición.
Sobre ese punto, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que González sí tiene una causa activa en la Fiscalía Anticorrupción. Es por una denuncia que busca determinar el valor real de los bienes declarados por González.
