El Gobierno nacional le propuso al Congreso debatir una amplia reforma del Código Penal, que podría incluir la imprescriptibilidad de las penas por delitos de corrupción. La idea está generando un debate incipiente.
Existe una demanda creciente de la ciudadanía en orden a castigar con mayor dureza el conjunto de conductas fraudulentas que genéricamente son invocadas como “delitos de corrupción”. Esa legítima demanda debe ser, al mismo tiempo, adecuada a los principios y garantías de orden constitucional sobre el debido proceso.
Pero mientras esa cuestión será ahora motivo de deliberación parlamentaria, la corrupción ya existente sigue discurriendo por la realidad cotidiana. Los límites entre la honestidad y el delito se han tornado difusos.
Puede una expresidenta condenada por corrupción conducir un partido político desde su prisión domiciliaria, como pueden los jefes narcos conducir sus organizaciones criminales desde las cárceles donde purgan sus condenas. Y la agenda pública que observa la ciudadanía circula de manera incesante entre viejos y nuevos casos de corrupción.
Conviven en esa agenda, entre otros casos, la audiencia de la causa Cuadernos, los pedidos judiciales de resarcimiento al Estado por el fraude en la causa Vialidad, las revelaciones sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las opacidades cada vez más notorias en la Asociación del Fútbol Argentino.
En varias ocasiones, puede observarse que cuando los funcionarios judiciales tiran de la punta de un ovillo, la secuencia de descubrimientos adopta una inercia sorpresiva y conduce a escenarios inesperados.
Partiendo de los audios del solícito Diego Spagnuolo, exfuncionario y abogado personal del presidente Javier Milei, la trama derivó en la detección de una red de funcionarios de segunda línea y empresarios ignotos que en apariencia apuntaban a apropiarse de fondos públicos destinados a la Andis.
Y desde allí aparecieron otros indicios que condujeron a un financista investigado por la Dirección General Impositiva por presunta evasión tributaria y lavado de dinero. El financista en cuestión resultó ser un allegado estrecho del cuestionado presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el emergente actual más encumbrado del mundo sindical argentino, tras sus orígenes como “culata” del camionero Pablo Moyano.
La discusión sobre el agravamiento de penas para los delitos de corrupción disparará también otro debate: el de las condiciones prácticas necesarias para que esas normas se cumplan.
Entre esas condiciones, se destacan el funcionamiento eficaz del sistema judicial y la construcción de la estructura imprescindible para el cumplimiento efectivo de las penas.
El sistema judicial se encuentra en estado de fragilidad notoria por la cantidad de vacantes de jueces y fiscales que la política decidió dejar de cubrir. Y la estructura penitenciaria está peor. Fue la excusa que usó el último gobierno peronista para liberar a presos, mientras mantenía al conjunto de la ciudadanía en condiciones de riguroso aislamiento.
Ideologías
Pero hay un aspecto adicional (apenas advertido) en el debate sobre las causas y efectos de la corrupción. Se trata de algunas argumentaciones ideológicas que en distintos momentos fueron propuestas para justificar prácticas inadmisibles de fraude contra el erario público.
Tras los gobiernos del matrimonio Kirchner, hubo un historiador afín al pensamiento progresista que propuso la teoría de la corrupción como factor democratizante de la política argentina. Hernán Brienza, el ensayista de marras, escribió que la corrupción “democratiza de forma espeluznante a la política”.
Sin la corrupción, pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas, explicó Brienza. “Sólo son decentes los que pueden ‘darse el lujo’ de ser decentes. Sin el financiamiento espurio, sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios”.
Esta argumentación -en verdad espeluznante- todavía suele ser utilizada por militantes kirchneristas y resulta sencillo detectarla apenas se raspa en la superficie de su versión jurídica: la teoría del lawfare ("la maquinaria fusiladora mediático-judicial", para traducir el anglicismo en términos de Brienza).
Pero no es la única narrativa que tiende a relativizar la existencia de corrupción. Desde el advenimiento al país de la ola libertaria, ha surgido otra, no menos riesgosa. Según el credo libertario, el Estado es la institución por excelencia (entre todas las creadas en el decurso de la historia por el ingenio civilizatorio) para la expoliación del individuo. Es la estafa por antonomasia y el fraude por definición.
Esta ideología, tan singular como extrema, está en la base de la justificación de acciones como la evasión impositiva, conducta elogiada en público por el presidente Milei.
Si Milei se ajusta a sus dichos, el financista vinculado a “Chiqui” Tapia debería ser reconocido como “un héroe que eludió las garras del Estado”, en lugar de ser denunciado por evasión y lavado, como hizo recientemente el Estado nacional, con buen tino.
También frente a la corrupción, el camino recomendable es el de priorizar la acción por sobre la distopía libertaria.
