El juez de Control Penal Económico y Anticorrupción de la ciudad de Córdoba, Gustavo Hidalgo, confirmó la elevación a juicio del intendente de la localidad de Colonia Tirolesa, Remigio Oscar Lauret; el secretario de Hacienda y Finanzas del municipio, Aldo Maximiliano Rover, y la pareja de este último, María Cacciamano, todos ellos por presuntos negocios incompatibles con la función pública.
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El abogado y empleado judicial Sebastián Néstor Mira, el contador Luis César Ludueña, del Tribunal de Cuentas, y la contadora y concejala Marcela María Piccoli denunciaron penalmente en abril de 2020 a Lauret, Rover y Cacciamano por una serie de compras directas que habrían sido incompatibles con la función que estos cumplían.
Denuncias y números
Los denunciantes sostuvieron que en representación de la Municipalidad habrían realizado diversas compras a la empresa de informática Civilian Wireless Services, ubicada a la vera de la ruta A-74 (jurisdicción de Tirolesa), cuya titular sería Cacciamano, cónyuge de Rover.
El reporte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) respecto de la actividad económica de la mujer menciona que presta servicios en el rubro de reparación y mantenimiento de equipos informáticos, y en peluquería.
Según se desprende de una serie de comprobantes fechados en diversos meses de 2016 y de 2017, el municipio libró 20 órdenes de pago a Civilian por sus servicios, por $ 274.572, mientras que la compañía emitió facturas por $ 165.912. Seis de las boletas registran los mismos montos contemplados en las órdenes de pago, aunque también aparecen como facturados a la Municipalidad otros valores.
Los denunciantes –representados por el abogado Carlos Nayi– sostuvieron que las compras directas a la empresa explotada por Cacciamano fueron autorizadas por el intendente y por Rover (ambos con mandato hasta diciembre), ya que ambos suscribieron las órdenes de adquisición y pago.
De esta forma, las contrataciones directas habrían favorecido y beneficiado económicamente a Cacciamano y a su esposo, según afirmaron en la denuncia. De acuerdo con los denunciantes, en algunas de las facturas figuraba el nombre de Cacciamano.
Algunos montos eran llamativamente “iguales” en varias de las órdenes de pago, aunque tuvieran distinta fecha. Por ejemplo, aparecen siete “juegos” de montos idénticos con diferente número de orden de pago: $ 14.864 (del 11 de enero de 2016); $ 6.450 pesos (del 23 y 28 de marzo de 2016); $ 7.199 (del 23 y 26 de mayo de 2016); $ 7.763 (del 25 y 30 de agosto de 2016); $ 8.714,85 (del 12 y 13 de enero de 2017); $ 63.600 (del 11 y 18 de abril de 2017), y $ 6.514 (del 2 y 13 de junio de 2017).
El artículo 265 del Código Penal, referido al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, establece que será penado con cárcel e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que directamente o por otros “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
Elevación a juicio y oposición
El fiscal Mondino los imputó y elevó la causa a juicio por 42 hechos, con la oposición de la defensa. El juez de Control Penal Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, confirmó la elevación, pero la defensa nuevamente se opuso, por lo que el expediente fue elevado a la Cámara de Acusación.
Fuentes judiciales afirmaron a La Voz que la defensa argumentó que el local de insumos informáticos es el único de la zona y que, en realidad, benefició al municipio porque le hizo ahorrar dinero y tiempo, al no tener que recurrir a otro comercio más lejano.
Señaló también que nada se ocultó, sino que todo quedó facturado por la empresa, y que durante años los integrantes del Tribunal de Cuentas no observaron la contratación directa, con lo que Civilian siguió vinculada comercialmente con la Municipalidad.
La defensa reconoció que si bien el Código Penal es claro respecto de la incompatibilidad (en el caso, entre Rover y el comercio de su pareja), los dos funcionarios actuaron pensando que le harían ahorrar dinero a las arcas municipales y facilitarían su labor comprando en el negocio de Cacciamano.
Qué dijo Lauret
La Voz se comunicó con Lauret. “Se puede interpretar como que es un fraude, pero no es un fraude. Simplemente (el realizar la compra de insumos informáticos) es una práctica que, a lo mejor, no estaba contemplada. Nosotros históricamente operábamos con esta gente (Civilian). No es que uno pueda hacer la compra con los presupuestos, con los llamados, los procedimientos contables que a lo mejor determina la parte de administración”, dijo.
“En los pueblos chicos no contamos con varios negocios que dispongan de estos materiales (insumos informáticos). Esa es una de las principales situaciones en las que el municipio necesitaba resolver en forma urgente la compra de tóner y el personal disponible era esta firma (Civilian)”, señaló.
Lauret defendió la compra en el local cuestionado: “En ningún momento las operaciones (de compra en Civilian) que se realizaban excedían los valores del mercado; mayoritariamente eran 15, 20, 30% por debajo de los valores de los comercios de la ciudad de Córdoba”.
Sostuvo que era más barato comprar los insumos en la casa de informática local que hacerlo en la ciudad de Córdoba o en Jesús María. “Entendíamos que era una práctica que al municipio le beneficiaba porque, en realidad, pagaba menos en los insumos y no tenía el costo de operativo ir a buscarlos (a Córdoba capital o Jesús María). Esa es una de las cuestiones por las que se operaba de esta forma”, justificó.
“En ningún momento se pensó que estábamos haciendo un abuso de la autoridad, cuando siempre hemos tratado de proteger la economía municipal. Y el otro tema es que desde enero de 2016, el Tribunal de Cuentas supervisó todas las órdenes de compra minuciosamente”, indicó.
“La verdad que nos sorprendió (la denuncia) porque, inclusive, hay un documento que firman los tribunos de cuenta a finales de cada ejercicio municipal en el que se hace un informe del año administrativo y tampoco se manifestó ninguna irregularidad y lo firma la misma persona que después nos denuncia (sin mencionarlo, hizo referencia a Ludueña)”, señaló.
Insistió con que el municipio no buscó obtener un beneficio personal. “Nunca estuvimos en la gestión municipal buscando un beneficio propio. Siempre hemos tratado de defender el patrimonio y que sea bien invertido o direccionado para beneficios de la comunidad”, agregó.
Consultado sobre si la Municipalidad formalmente pidió un presupuesto en comercios de informática en Córdoba capital o en Jesús María para comparar los precios de los insumos respecto de los costos de Civilian, respondió: “Son montos de gran facilidad, no son montos grandes. Si hablamos de una cotización, por ejemplo, de alguna maquinaria, se hace una compulsa porque es un importe grande o significativo. Siempre se hace la compulsa. Pero cuando son valores menores, se usa la caja chica”.
–¿Cómo se sabe que era más barato en Tirolesa que en Jesús María? Más allá de una búsqueda de precios en internet, ¿formalmente hubo un registro en el que constara un pedido de costos a una empresa de Jesús María o Córdoba para comparar precios con el costo en el local de la esposa de Rover?
–Entonces caemos en la misma: si yo tengo que ir a Jesús María o a Córdoba, estoy poniendo vehículos y personal en un sitio para demostrar un importe que no tenía significación económica tan grande como para estar haciendo todo un operativo de compra.
De esta forma, la defensa no presentó una comparación de precios entre los valores de los productos facturados por Civilian y algún negocio de otra zona o ciudad, para establecer así que el alegado ahorro era tal.
Finalmente, dijo que cada insumo que ingresa como adquirido por el municipio tiene una constancia de acuse de recibo por parte de algún funcionario. Sin embargo, los denunciantes señalaron que no se pudo determinar si efectivamente los productos fueron provistos a la Municipalidad.
Para Lauret, el que haya sido denunciado obedeció al descontento de los tres denunciantes. “No puedo opinar de lo que ha interpretado el fiscal o el juez. Sí puedo decirle que hay una cuestión personal en la que alguien no se sintió cómodo o no le gustó el sistema o el trato que teníamos. Las personas que hacen la denuncia es porque no tuvieron el lugar en el municipio para tomar ciertas decisiones”, dijo.
–¿Usted se refiere a Mira, Ludueña y Piccoli?
–Usted lo está diciendo.
