El grupo empresarial pyme C20 expresó en un duro comunicado su absoluto rechazo al incremento del impuesto Inmobiliario provincial al que consideró “confiscatorio” y parte de un “ahogo económico” hacia las empresas que se manifiesta de distinta manera en la Provincia.
Asimismo, la organización que reúne a una veintena de cámaras sectoriales, expresó su total respaldo al modelo económico del Gobierno nacional, al tiempo que pidió a las gestiones de Hacemos por Córdoba en la Provincia y la municipalidad capitalina que “se pongan a la altura de las necesidades de su gente y sus empresas”.
El reclamo, distribuido por nota a los medios, lleva la firma de entidades como la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, y las cámaras de Industriales Metalúrgicos y de Componentes, Corredores Inmobiliarios, Repuestos Automotor, Fabricantes de Pastas Frescas, Ferreterías, Sanitarios, Hierros y Afines, Franquicias, Comercio Electrónico, Madera, Mueble y equipamiento de Córdoba y Supermercados y Autoservicios de Córdoba, entre otras.
También del Centro Industriales Panaderos y Afines de Córdoba, Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Córdoba, Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba y el Foro Productivo de la Zona Norte. Juntas suman 20 mil Pymes y 200.000 puestos de trabajo, aseguraron.
“Ante los aumentos desmesurados e incomprensibles que se han anunciado nos preguntamos: ¿cumplen los políticos cordobeses con esta función para la que los hemos elegido? Pareciera que no, ya que someten a toda la ciudadanía cordobesa a un permanente decatlón de obstáculos inflacionarios no reparando que el cambio de esa tendencia que impulsa el Gobierno nacional y que el pueblo acompaña”, evaluó el C20 en su declaración.
El grupo reparó también en la cantidad de empleados que contabiliza la Legislatura de Córdoba, “ya no podemos sostener una Epec ineficiente con 5.000 empleados privilegiados”. “Es necesaria una urgente reducción de los gastos de la política y así volcar recursos al mercado y a la población de forma de generar trabajo y bajar impuestos”, resaltó.
Rechazó entonces las justificaciones oficiales al incremento del “300% en el impuesto inmobiliario rural, 1200% en el inmobiliario urbano, 280% incremento de Epec, 320% incremento en el agua y 450% interurbanos”.
El documento castiga luego el abultado crecimiento del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), con un presupuesto, según afirmó, de nueve mil millones de pesos, organismo que, interpretan, solo sirve para avalar aumentos y también la exagerada dotación de empleados de la Municipalidad de Córdoba.
“Ni mencionar el Coeficiente de Equidad Inmobiliaria que solo ha generado distorsiones porque además de golpear en el valor del cedulón de DGR (Rentas) incide directamente en los costos de las escrituras proyectándolas a valores siderales generando un verdadero freno al sector inmobiliario y de la construcción”, evaluó el C20.
En la parte final, las entidades dijeron: “Nunca creímos enfrentar un avasallamiento semejante dentro de un contexto nacional completamente distinto”. “Nos sumamos a la mayoría de los argentinos expresando nuestro apoyo al Gobierno (nacional) y solicitando a los gobiernos provincial y municipal de Córdoba que se pongan a la altura de las necesidades de su gente y sus empresas”.
