De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 31 por ciento de la población del Gran Córdoba, es decir un 21 por ciento de los hogares, recibe algún plan monetario del Estado. Son 484.650 personas que perciben, en promedio, 8.251 pesos, una mínima parte de los 44.412 que ingresan mensualmente a cada uno de esos bolsillos.
La estadística incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo o una pensión no contributiva por discapacidad, pese a que éstas no son planes de empleo. Sin embargo, este enorme colectivo suele recibir el descalificativo de “planero”.
El número de beneficiaros del Progresar Trabajo representa aproximadamente a poco más del 5 por ciento de las personas del Gran Córdoba que reciben asistencia o subsidios monetarios del Estado en cualquiera de sus niveles (la pregunta en la EPH también incluye a ONG de socorros, pero la incidencia es mínima).
Pablo Montes, referente del Movimiento Evita, al igual que Silvia Quevedo, de Barrios de Pie, coinciden con que el discurso de “convertir los planes de empleo en trabajo genuino” carecen de sentido de la realidad y no contempla las severas complejidades que trae la pobreza.
En ese marco, ambos entienden que la capacitación que proponen los candidatos como método de reconversión laboral debe ser “debatida”.
“Hoy se necesitan capacitaciones para la empleabilidad en el cuidado de personas, que es una de las principales salidas laborales en Europa; o para el reciclado a gran escala”, dice Montes, quien también apuesta a salidas laborales desde la agricultura familiar y el reciclado a gran escala.
“No hay propuestas de fondo que contemplen la complejidad de la producción de alimentos o el uso industrial de la basura”, dice.
“Queremos discutir el ingreso de las mujeres a la construcción”, opina Quevedo, anticipándose a ese debate en el que las organizaciones piden ser parte. Sabe que, por su dinamismo, la construcción es un rápida generadora de empleos y que las empresas son refractarias a contratar mujeres.
Ambos coinciden que el Estado no puede ser el refugio de los desempleados, y que debe crearse nuevo empleo a escala, con el Estado como dinamizador de la economía.
Planes de promoción de empleo
A diferencia de los “planeros”, no reciben este mote los beneficiarios de planes de empleo de la Provincia. La clientela de estos programas es muy distinta: apunta a promover la incorporación de jóvenes y mujeres al sector privado. Hoy, entre inscriptos y trabajando, son 37 mil personas bajo programa de promoción de empleo.
Laura Jure, la ministra de Promoción de Empleo, lo define así: “Desde el Gobierno no tenemos que transformar planes sociales en empleos porque no tenemos. Lo que tenemos es un amplio abanico de programas de incentivo y promoción del empleo al sector privado, partiendo de la base que se necesitan más inversiones y una coyuntura económica y fundamentalmente social que acompañe”.
“Los puestos de trabajo no se generan solos. Lo que hacemos desde el Estado es fomentar el entrenamiento laboral en entornos de trabajo, para mejorar la competitividad de cada sector y del género”, dice. Esta última mención es por el programa Por Mí, enfocado en mujeres: “Suele ser su primera experiencia en contexto laboral, trabajaban en sus casas, pero no conocían el contexto laboral que les da la posibilidad de entrenarse y demostrar el compromiso “.
En general, los planes de empleo de la provincia, que apuntalan la contratación de aprendices en el sector privado, son por un año. Jure entiende que en ese plazo “la empresa puede formar y evaluar a un recurso humano, y nadie quiere que un ¿recurso humano valioso se vaya”, pero cualquier empresario “necesita una coyuntura” que aliente la inversión.
