El 55% de los asalariados con prepaga ya dejó de pasar por una obra social

Hasta el momento, 1,4 millón de trabajadores en relación de dependencia dejaron de derivar automáticamente a la obra social sindical en la que estaban sus aportes obligatorios al sistema de salud y pasaron a la prepaga, en la que también estaban. Ese pasamanos –conocido como “triangulación”– es una operación que la Superintendencia de Salud de la Nación cortó de cuajo con la resolución 1/2025 del 31 de enero pasado, que empezó a regir el 1° de febrero.

Esta medida abarca a todo trabajador que alguna vez ejerció la opción de cambio desde la obra social de la rama de su actividad (en la que hasta hace poco había que estar sí o sí un año) y se fue a otra obra social que tenía convenio con una prepaga, pasó directamente a estar en esa empresa de medicina prepaga. Si por alguna razón el afiliado quisiera quedarse en su obra social original, tiene 60 días para hacer uso de su opción e inhabilitar el traspaso.

La migración se va haciendo por etapas y en realidad, abarca a más personas dado que hay que considerar a los titulares con su grupo familiar. Ese 1,4 millón de titulares son alrededor de 2,5 millones de personas, si se tiene en cuenta el grupo familiar. Eso representa el 34% del total de afiliados que tienen las prepagas y el 55% de los que venían “triangulando” con una obra social. De los siete millones de afiliados totales que tiene el sistema, 2,5 millones son voluntarios puros, es decir, pagan el 100% de la cuota.

Hay, en tanto, unos 200 mil trabajadores aún no identificados en los padrones, o que están duplicados, que se irán migrando de a poco.

Para poder recibir aportes de la seguridad social, empresas y obras sociales debe estar inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro. Hasta el momento hay allí 330 entidades, de las cuales 294 son obras sociales y 36 son prepagas.

Competencia trunca

Para buscar el inicio de esta triangulación hay que remontarse hasta los ‘90, cuando se permitió en salud la “libre competencia”, pero sólo acotada entre obras sociales sindicales. No podían participar las prepagas, pero el sistema le encontró la vuelta. Así, un trabajador se podía ir de Comercio a Petroleros o Camioneros, por ejemplo.

Pero el verdadero incentivo para mudarse apareció cuando un grupo de obras sociales –en general, más chicas– hizo convenios con las prepagas y en lugar de ofrecer una cartilla propia de prestadores, ofrecían los servicios de las empresas de medicina privada. Eran sellos de gomas que, en general, captaron a trabajadores de mejores salarios, en lo que se conoció como “el descreme” del sistema.

Así, de ese aporte obligatorio que hace el trabajador (3% propio más 6% de su empleador) la obra social de origen se quedaba con un porcentaje y la que hacía de puente con la prepaga, con otro. En el camino, se perdía hasta un punto de los nueve puntos totales aportados sólo en burocracia sindical.

La idea del Gobierno es que el sistema se achique y que todos compitan entre sí. De hecho, se espera que las obras sociales con menos de cinco mil afiliados desaparezcan (porque además desapareció el Subsidio de Mitigación de Asimetrías, Suma) y otras, con situación irregular, sean intervenidas.

La pregunta del millón es si van a bajar las cuotas: todos los actores están autorizados a ofrecer planes diferenciados, lo que puede servir para determinado segmento etario. Si bien el plan tendrá el mismo precio, el aporte del trabajador le cubrirá una porción mayor, por eso es probable que bajen algo las cuotas o al menos, no suban en el corto plazo. Al menos eso quiere el Gobierno para marzo, el primer mes de “debut” del nuevo esquema. El cálculo es que la burocracia de la triangulación se llevaba 30 mil millones de pesos al mes.

En el sector aseguran que 10 mil afiliados es la masa crítica mínima como para garantizar prestaciones de cierta calidad y se calcula que un tercio de los financiadores desaparecerá o se fusionará con otros, de modo de aumentar la escala. Hay entidades con poquísimos afiliados y 15 empleados.

A fines del 2023, en el país había 291 obras sociales sindicales habilitadas, con 15,5 millones de afiliados. Fueron intervenidas siete entidades: la de trabajadores rurales (Ospera), de la industria del fósforo (Ospif), la del personal ladrillero (OSPL), la del personal de la industria ladrillera a máquina, la de vareadores, la de fotógrafos y la de trabajadores del gas y del petróleo privado de Chubut. En tanto, existían 661 empresas de medicina privada, de las cuales se dieron de baja 112, según informaron a este diario fuentes de la SSS. El achique hasta el momento es del 17% del universo y en el Gobierno espera que se achique aún más.

Claro que en el camino hay muchas objeciones: hay una decena de obras sociales que presentaron amparos por lo que consideran una apropiación del Gobierno sobre la propiedad privada. La Justicia aún no resolvió.

Las grandes, que pertenecen a los gremios “gordos” de la CGT, en el fondo ven en el achique del sistema una velada venganza contra las entidades chicas que por la ventana se les llevaron los trabajadores de mejores sueldos. Muchas obras sociales ofrecen también, símil prepaga, planes para trabajadores sin cobertura que no llegan a una prepaga por el valor de la cuota porque están en una zona donde la prepaga tiene baja cobertura.