Luego de dos semanas de arduas negociaciones, la administración del gobernador Martín Llaryora cerró un trabajoso acuerdo paritario con los gremios estatales, que en los salarios de abril tendrá para las finanzas provinciales un impacto fiscal de 13.800 millones de pesos.
En un contexto de caída de la recaudación propia y también los fondos de la coparticipación federal, la discusión salarial con los estatales se transformó en una cuestión de estado, que fue seguida muy de cerca por el propio gobernador.
Para dimensionar del impacto fiscal que significan los casi 14 mil millones de pesos que el Tesoro provincial deberá aportar para pagar el aumento salarial de abril, hay dos cifras a tener en cuenta: por decisión unilateral del Anses de no enviar fondos a la Caja de Jubilaciones, son casi 13 mil millones de pesos que el Gobierno de Córdoba debe destinar para pagar los haberes de los pasivos provinciales.
Por otro lado, en el caso que se apruebe el paquete fiscal que acompaña a la “ley bases”, con la revisión del Impuestos a las Ganancias, a Córdoba le reportará unos 12 mil millones de pesos más de coparticipación federal.
Es decir, que de aprobarse la ley con estos cambios en Ganancias, esos fondos irán directamente a cubrir el acuerdo salarial con los estatales, cerrado el lunes pasado.
El acuerdo fue con los nueve gremios de la administración central, ya que los docentes (UEPC) tienen una paritaria vigente, que vencerá el próximo 30 de mayo.
El consenso con los estatales se cerró sobre la base del 8,5% de aumento que cobrarán los docentes, con los salarios de abril, que se pagarán esta semana.
Aunque algunos sectores, sobre todo, los de menores ingresos, que en su mayoría son afiliados al Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la suba salarial llega al 10%, en abril.
En la negociación, funcionarios provinciales manejaron números que marcaron el rumbo de la discusión: cada punto de aumento remunerativo a los empleados públicos significan unos 1.600 millones de pesos mensuales. Mientras que un punto de incremento no remunerativo, son 1.000 millones de pesos.
De allí, que en algunos casos, hubo un incremento del 5% remunerativo, y otro 3,5% que se pasará al básico en el futuras discusiones salariales.
El techo
Los negociadores del Gobierno provincial tenían como techo el acuerdo firmado con la UEPC.
Si había un aumento superior al 8,5% acordado para abril con la UEPC se tenía que trasladar también a los docentes.
Los representantes del gobernador Llaryora en la mesa paritaria, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, que llevó el peso de las discusiones, con la participación del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el seguimiento de cerca de los números del ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, aplicaron una nueva estrategia de negociación: discutir por gremio y por sector.
Si bien los gremios estatales mantuvieron una posición unificada de reclamar el total de la inflación de marzo (11%) que se tuvo en cuenta en la discusión del aumento para abril, más la suspensión provisoria del descuento de unos de los descuentos para la Anses (ver aparte), en realidad, la negociación fue individual con cada sindicato.
Es más, en la mesa de discusión, los negociadores oficiales pusieron sobre la mesa el monto máximo de aumento que el Gobierno estaba dispuesto a otorgar por cada sector, y los gremialistas decidieron el modo de distribución de esos recursos entre las distintas categorías.
Por ejemplo, para las categorías más bajas, son más convenientes las sumas fijas, como ocurre con algunos sectores del SEP.
En cambio, en el caso de los jerárquicos, que representa el gremio de la Unión Personal Superior (UPS), rechazan las sumas fijas y prefieren los aumentos porcentuales y remunerativos, que les llegan al sector pasivo. Este gremio que conduce Domingo Ovando fue el primero en firmar el acuerdo, el sábado pasado, para que las fuerzas de seguridad (Policía) pudieran cobrar el martes pasado los salarios con aumento.
El Gobierno provincial cerró el lunes pasado la discusión paritaria con los gremios de la administración pública, pero en la primera semana de junio deberá sentarse a negociar con los docentes (UEPC).
Otra de las estrategias de los funcionarios llaryoristas fue despegar la discusión con los docentes del resto de los estatales. Precisamente, la negociación con la UEPC suele ser más complicada, teniendo en cuenta que el acuerdo debe pasar por una asamblea provincial de delegados, en la cual la oposición a la conducción del gremio suele tener mucho peso.
Apross: suspendieron un descuento
Más allá del aumento porcentual, en esta discusión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios estatales tuvieron injerencia los descuentos para la obra social estatal (Apross).
Los gremios vienen reclamando desde hace meses por los descuentos de dos fondos que impactan en los salarios: para enfermedades catastróficas y enfermedades crónicas, como lo denominan los estatales, pero que en realidad es el Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica (Fosaet).
El primer fondo se venía descontando desde hace mucho tiempo, pero el Fosaet fue implementado por esta administración llaryoristas, con el objetivo de cubrir los más de 5.000 millones de pesos de déficit que la Apross tuvo en abril.
En el acuerdo paritario se acordó que el descuento del Fosaet se suspende hasta el 1 de julio.
No se elimina como pretendían los gremios. En julio, se volverá a cobrar pero no como suma fija como fue en febrero (4.700 pesos) por cada carné de familiares y adherentes del titular. Será un descuento con progresivo, de acuerdo al nivel de los salarios.
Se arrancará desde los 2.970 pesos para los ingresos más bajos, y llegará a los mencionados 4.700 pesos para los que cobren más de 800 mil pesos de sueldo.
Aunque desde el primer día de julio próximo esos montos de base para el descuento del Fosaet se actualizarán de acuerdo a los incrementos salariales que se hayan acordado para el trimestre anterior, es decir, abril-junio.
