Una creencia que se generalizó popularmente durante el último año es que el Gobierno ha logrado sortear las dificultades económicas sin la necesidad de realizar el tan temido ajuste del gasto público. Esta sensación se generó sobre la base del taponamiento de algunos precios clave de la economía, como lo son el tipo de cambio oficial, algunos precios regulados y un esquema de fuertes trabas al comercio exterior. Así, el Gobierno apuntó a llegar a las Paso con la mayor competitividad electoral posible dentro de un contexto de severas restricciones al comercio y la producción.
Pero más allá de que parezca que nada cambia en la lenta agonía que aqueja a Argentina, los datos indican que el Gobierno, ante la abrupta caída de ingresos públicos tras la sequía, tuvo que realizar un ajuste en términos reales del gasto público. ¿Cómo? Al tener una inflación muy elevada, se pueden realizar aumentos nominales de gastos que son menores a la evolución de los precios y así lograr un ajuste silencioso. Se trata de un ajuste en el marco del cual la ilusión monetaria confunde a la sociedad y allana políticamente el territorio para bajar el gasto público.
Radiografía de los ingresos y los gastos
Veamos qué pasó con las cuentas públicas a junio de 2023. Los ingresos públicos, comparando los 12 meses que transcurrieron desde la salida de Guzmán del Ministerio de Economía contra los 12 meses previos, cayeron un 3% en términos reales. La caída se explicó en un 85% por los menores derechos de exportación cobrados ante la sequía.
El gasto público, en la misma ventana temporal, tuvo un ajuste del 8% en términos reales. Puede parecer poco, por la distorsión nominal en la que está inmersa Argentina con tasas de inflación de tres dígitos, pero implica que ya no se desembolse casi uno de cada diez pesos que gastaba el Estado hace un año. Este ajuste del gasto fue mayor que lo que cayó la recaudación, por lo que hubo un menor déficit fiscal.
Al adentrarnos en la estructura del gasto, vemos que hubo dos grandes variables de ajuste. La más grande fue la pérdida del valor de las jubilaciones y las pensiones, que representó más de la mitad de la caída del gasto. Como segundo factor explicativo aparece el descenso de subsidios económicos a la energía y el transporte, que representó un tercio del descenso.
Finalmente, entre la disminución en las prestaciones sociales y los subsidios se alcanza a explicar más del 90% de la caída del gasto público.
Escondiendo debajo de la alfombra
Es cierto que no estaba en los planes del Gobierno reducir el gasto público, menos en un año electoral. Sin embargo, a la caída de ingresos por la sequía se le sumó que, para mantener vivo el acuerdo con el FMI y evitar el default, no le quedó otra opción que mejorar la exposición de las cuentas públicas.
Para traccionar una mayor cantidad de votos, apeló a la estrategia más inteligente en términos de conveniencia política, que fue poner en marcha un ajuste implícito a través de la licuación que genera la inflación sobre componentes importantes del gasto público nacional.
Corolarios de este plan son los recurrentes anuncios políticos de aumentos nominales en las jubilaciones que nunca compensan a la inflación. Tal es así que la jubilación mínima ha perdido cerca de un 20% de su poder de compra en algo más de tres años de gobierno, como se puede ver en la figura.
Hace falta otra perspectiva
El tipo de ajuste descripto, además de buscar invisibilizar los problemas de gestión del sector público, nunca logró corregir consistentemente los desequilibrios fiscales. La estrategia miope de aliviar transitoriamente el gasto público gracias a una mayor tasa de inflación es inconsistente en el tiempo y siempre termina con una recomposición real de los rubros del gasto que previamente fueron licuados.
Tampoco se trata de afrontar un ajuste con improvisaciones tales como modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. Aunque mucho más frontal y explícito ante la sociedad, esto es igualmente inconsistente en el tiempo porque más temprano que tarde se revierten dichas decisiones y hay que pagar por los costos generados. Ningún país progresa con jubilados pobres.
Para solucionar los crónicos déficits del Estado, tanto presupuestarios como de gestión, hace falta reconocer que hay severos problemas organizacionales. Bajo este diagnóstico, queda claro que no hace falta ajustar, sino ordenar.
Una verdadera reforma del Estado debe centrarse en un ordenamiento tributario, en donde se unifiquen impuestos y se distribuyan potestades tributarias entre la Nación y las provincias; un ordenamiento previsional que elimine los regímenes especiales, flexibilice los requisitos para jubilarse y termine con las moratorias; y un ordenamiento funcional que abogue por la eliminación de solapamientos entre niveles del Estado y la profesionalización del gerenciamiento público.
(*) Equipo Idesa
