“El Presidente aún no tiene la decisión de nombrar a miembros de la Corte Suprema por decreto, pero no lo descarto. Si la Corte queda cercana de la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución, de manera absolutamente transitoria, para designar a nuevos ministros de la Corte, que después deban ser ratificados por el Senado”, sentenció este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la presentación del informe de la gestión libertaria ante el Senado.
De este modo, el jefe de los ministros confirmó que, ante la realidad de que el oficialismo no cuenta con los votos para designar a dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Javier Milei analiza designaciones por decreto.
Hace dos meses, el Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos del juez federal Ariel Lijo, y del catedrático Manuel García-Mansilla para ser nombrados en la Corte Suprema.
El polémico juez Lijo recibió una andanada de cuestionamientos de distintos sectores, incluido el propio oficialismo.
Hay senadores que son oficialistas o están cerca del Gobierno que adelantaron su rechazo a Lijo. Entre ellos, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al juez federal. También el ahora exlibertario Francisco Paoltroni y el cordobés Luis Juez, presidente del bloque del PRO, entre otros.
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) también lo rechazará, mientras que la peronista Alejandra Vigo dio indicios de oponerse a esa designación. La compañera de bancada de Juez fue tajante sobre la postulación de Lijo.
Por su parte, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti no fue tan explícita, aunque dio a entender que no votaría a un hombre para suceder a Elena Highton de Nolasco. Milei propuso al juez Lijo para suceder a la mujer que renunció hace dos años.
Paradójicamente, pese a sus detractores, Lijo tendría los votos para el dictamen a favor en comisión, mientras que a García-Mansilla le faltarían entre tres y cinco avales de senadores para que su nombre se trate en el recinto.
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el cristinismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, algunos senadores que integran el bloque de Unión por la Patria no responden a la expresidenta, pero alrededor de 30 son “incondicionales”.
Ese número del cristinismo hace inviable cualquier designación de jueces sin un acuerdo con la exvicepresidenta de Alberto Fernández.
El cristinismo le envió una señal a la Casa Rosada, cuando el viernes pasado la senadora Lucía Corpacci, muy cercana a Cristina Kirchner, puso la firma en el dictamen a favor de Lijo.
“Lo avalé, porque si no es Lijo, pueden proponer a otro peor”, fue el llamativo argumento de la exgobernadora de Catamarca para apoyar a Lijo.
En el Senado, todos tienen claro que Corpacci no habría firmado el dictamen sin una orden de la expresidenta.
Por su parte, José Mayans, titular del bloque cristinista, dio más pistas sobre una posible negociación con los libertarios. “Nosotros apoyaríamos a Lijo, un hombre del Presidente, pero la otra vacante debería ser una mujer, con una visión de Estado más cercano al nuestro”, admitió el senador formoseño.
La propuesta del cristinismo a los libertarios fue muy concreta: uno para cada uno.
Desde la Casa Rosada, rechazaron de plano cualquier negociación con la expresidenta. Mantienen la postura sobre sus postulantes Lijo y García-Mansilla: “Los dos o ninguno”.
Por ahora es ninguno. De allí que ahora cobra fuerza la posibilidad de la designación “temporaria” por decreto.
Una movida riesgosa, porque, si aplica el decreto, el cristinismo, junto con algunos aliados circunstanciales, lo podría voltear de un plumazo.
Mayans aseguró este miércoles que su bancada rechazará cualquier intento del Presidente de designaciones en la Corte por DNU por parte del jefe del Estado.
Urgencia oficialista
Más allá de las idas y vueltas por los dos postulantes de Milei, la pregunta del millón es por qué al Presidente le urge cambiar la actual conformación de la Corte Suprema.
Luego de la renuncia de Higthon de Nolasco, quien se jubiló, el máximo tribunal quedó conformado por cuatro jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
El cordobés Maqueda cumple 75 años el próximo 29 de diciembre, y el Poder Ejecutivo ya le comunicó que no enviará al Senado un pedido para extender su mandato.
La actual conformación marca que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda integran una mayoría alejada del Gobierno, mientras que Lorenzetti quedó aislado como un hombre con diálogo con la Casa Rosada.
La fina sintonía entre los tres magistrados quedó reflejada en septiembre pasado, cuando Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda vinieron a Córdoba para recibir reconocimientos del Colegio de Abogados y de la Universidad Nacional de Córdoba (UCN).
Se mostraron juntos y no disimularon que integran una mayoría en el máximo tribunal, que genera suspicacias y temor en la Casa Rosada.
En este contexto, en un hecho inédito para las instituciones del país, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, admitió, en una entrevista al canal porteño TN, que Lorenzetti fue quien le propuso al presidente Milei el nombre de Lijo.
El funcionario libertario oficializó lo que era un secreto a voces: Lorenzetti juega para el Gobierno y está enfrentado con sus colegas del alto tribunal.
Si no hay designaciones antes de enero, la Corte quedará integrada por tres miembros, de los cuales sólo Lorenzetti responde al oficialismo.
El apuro del Presidente por modificar la actual conformación del máximo tribunal es por las causas que involucran al Gobierno.
Una fuente relevante de la Corte admitió que en el tribunal hay 24 causas presentadas por gobernadores en contra del Gobierno nacional.
La mayoría son reclamos de las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
Entre ellas, Córdoba, que el año pasado presentó dos demandas en contra de la Anses. Sólo los juicios cordobeses le costarían a la Nación –en caso de perderlos– más de $ 500 mil millones.
También hay juicios de mandatarios provinciales por reclamos como subsidios al transporte o el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
En todas esas demandas, el Gobierno nacional tiene muchas chances de perder, ya que se tratan de incumplimientos de leyes vigentes.
El caso más reciente es un juicio heredado por el gobierno anterior: la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), juicio que la gestión libertaria comenzó a pagar.
En este contexto, las eventuales designaciones de Lijo y de García-Mansilla conformarían junto con Lorenzetti una nueva mayoría en la Corte, que podría traerle buenas noticias al gobierno libertario.
Milei, que llegó para terminar con la casta, tiene la misma aspiración que los presidentes tradicionales que lo antecedieron: tener el control de la cúpula del Poder Judicial.
