La distancia entre Córdoba y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) crece a pasos acelerados. Se siente a nivel político, se registra a nivel social y sanitario y se va transformando nuevamente en una diferencia abismal a nivel tarifario.
Mientras en el seno del Gobierno nacional transcurre una pulseada de peso entre las necesidades de actualización de las tarifas que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el sector que encabeza la vicepresidenta Cristina Fernández –que pretende que los servicios públicos continúen congelados en el Amba hasta después de las elecciones–, en Córdoba el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) no da abasto en el tratamiento de los pedidos de aumento de diferentes servicios.
Las empresas piden una suba del 87% en el boleto de los interurbanos
En simultáneo, ese organismo analiza las subas solicitadas por Epec (9,8%), Aguas Cordobesas (8,4%), Caminos de las Sierras (25%) y las prestatarias del transporte interurbano, que se despacharon con un pedido de aumento del 87% para el servicio deficitario que están brindando desde que retomaron la prestación tras 264 días de parálisis total.
En ninguno de los casos estas subas serán las primeras del año en Córdoba. En cambio, los precios del agua, la luz, el gas y el transporte del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires son casi los mismos desde fines de 2019.
La gestión de Juan Schiaretti confirma a cada paso su decisión de no aportar más recursos propios a subsidios. De más está decir que en un contexto de inflación sostenida y creciente como el que vive Argentina, la consecuencia directa de esa decisión es que los usuarios paguen más.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador Axel Kicillof ni siquiera enfrentan esa decisión de subsidiar o subir las tarifas: la Nación lo hace por ellos, y está a la vista que la balanza casi siempre se inclina por subir los subsidios que se solventan con los impuestos de todos los argentinos.
