Ocurrió a un mes de gestión del nuevo Gobierno: una suba incipiente en el dólar paralelo obligó a mirar otra vez con atención la brecha cambiaria, que parecía estable desde la última devaluación del peso. El dato es central para cualquier proyección política que haga el Gobierno.
Si el dólar se escapa, la licuación de pasivos operada con la devaluación podría perder su efecto y al cabo de un trimestre el equipo económico se encontraría de nuevo estacionado en el punto de inicio, sin el mismo capital político del punto de inicio.
La secuencia política elegida por Javier Milei para el primer tramo de su gestión ha sido la de avanzar con una amplia propuesta normativa de reformas con orientación al libre mercado, sin el lanzamiento ni la consolidación previa de un plan de estabilización inflacionaria.
De allí la relevancia que tiene la brecha cambiaria como predictor de dificultades –no sólo económicas, sino especialmente políticas– para el presidente Milei. Cada movimiento inquieto en el tipo de cambio lo puede alejar del objetivo por el cual será evaluado en breve por sus votantes: controlar la inflación.
En simultáneo, el Gobierno necesita con urgencia instrumentar algo tan importante como la reducción del gasto público: la adecuación de sus ingresos al ritmo de la inflación. Por eso sorprendió que haya incluido en un mismo paquete con la ley ómnibus el capítulo tributario que el Gobierno necesita tener aprobado de inmediato. Otras reformas admiten el debate más lento del trámite parlamentario.
El ajuste en los ingresos no puede darse ese lujo. Es condición necesaria para el equilibrio fiscal.
Hay otra constatación de necesidades: el realineamiento de precios relativos, el sinceramiento inicial del tipo de cambio y de la inflación reprimida que dejó la gestión Massa como presente griego no ha tenido hasta el momento el acompañamiento de ninguna medida relevante para atenuar su alto impacto en una trama social caracterizada por más de un 40% de la población bajo la línea de pobreza.
La sociedad ya sabía que ese tipo de heterodoxias no forman parte del cuerpo doctrinal del nuevo Gobierno. Pero una cosa es advertirlo como realidad teórica y otra distinta admitirlo como enorme sacrificio práctico.
Frente a estas imposiciones ineludibles de la crisis, la estrategia política del Gobierno sigue siendo, de manera predominante, la de avanzar, casi sin concesiones y con una voluntad de negociación homeopática, en una batalla de múltiples frentes abiertos. En el Parlamento se abrió ayer el debate de la ley ómnibus que incluye como mamushka contenidos del DNU 70, que también entró al Congreso para su validación legislativa, mientras acumula alrededor de 40 pedidos de amparo en contra en el Poder Judicial.
Lo más relevante, desde la perspectiva política, es que el Gobierno juega todas sus cartas en ese despliegue normativo, tomando el riesgo de victoria o derrota sin medias tintas. Si pasa la primera curva a máxima velocidad, habrá conseguido despejar sus condiciones de gobernabilidad sin haber obtenido todavía ningún logro económico sustancial.
Si la resistencia legislativa, judicial o corporativa lo detienen o demoran en ese primer tramo, quedará expuesto con el capital desnudo de su legitimidad de origen, sin poder exhibir todavía ningún resultado para alimentar la legitimidad de ejercicio.
Milei –en estos días entre el balcón y la Antártida– advirtió en varias ocasiones que en ese caso podría recurrir a algún tipo de herramienta plebiscitaria para sostener su programa de gobierno.
Negacionismo electoral
El maximalismo de la estrategia oficialista se explica por (y se alimenta de) la opción estratégica no menos agónica que ha elegido la principal oposición. Días atrás, el psicoanalista oficial del kirchnerismo, Jorge Alemán, la explicó como quien hace un resumen tras horas de diván. Para Alemán, Milei no es el emergente de una crisis de representación política, sino de una crisis sistémica.
Es decir que no está en juego una recomposición del esquema de espacios, fuerzas y coaliciones políticas, sino la supervivencia misma de la política democrática.
Este diagnóstico de máxima gravedad considera que Milei representa algo más que un giro pragmático del electorado argentino: representa un intento de constituir un Estado de excepción con apariencia democrática y sin que medie una asonada militar. Por eso, Alemán le aconseja al peronismo entrar en el mismo debate que lo laceró tras el regreso y la muerte de Juan Perón: debe decidir entre la ubicuidad y la resistencia. Alemán cree y sostiene que no se le puede construir “ninguna gobernabilidad” a la gestión Milei.
Al nuevo gobierno lo critica por su “negacionismo” frente a lo que el anterior gobierno defendía como derechos conquistados. Pero lo hace con un negacionismo igualmente sustantivo, ante la condición legítima e innegablemente mayoritaria del nuevo gobierno.
Este maximalismo doctrinario es el que expresan los dos nuevos emergentes que reclaman la herencia del kirchnerismo: Axel Kicillof en la gobernación de la provincia de Buenos Aires y Juan Grabois desde el movimiento piquetero. Otros protagonistas del esquema de poder supérstite del peronismo, como la CGT o los gobernadores del PJ, observan esos movimientos con recelo.
Entre ambos, sigue arbitrando en silencio la expresidenta Cristina Kirchner, que nada ha dicho todavía tras su salida. Pese a que Alemán grita desde el diván que están por incendiar el Reichstag, otros le aconsejan caminar con cautela.
No vaya a ser que ante el electorado la condene la impaciencia por clausurarle –de manera prematura, a una nueva mayoría– una legítima oportunidad democrática.
