El “borrón y cuenta nueva” que el vicejefe de Gabinete de la Nación, Lisandro Catalán, propuso el jueves pasado, cuando anunció un posible canje de deudas entre la Nación y las provincias, no generó –por ahora– un rechazo unánime entre los gobernadores, pero tampoco entusiasmo.
Impulsado por la gestión del presidente Javier Milei, el funcionario que es el segundo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y que en la práctica oficia como el nexo con los gobernadores, presentó un plan, con título grandilocuente: Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para facilitar el “saneamiento” de las deudas provinciales, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
Ante la consulta de La Voz, en el Gobierno de Córdoba, un funcionario muy cercano al gobernador Martín Llaryora, sintetizó la respuesta provisoria que generó en el Centro Cívico el anuncio del Gobierno nacional.
“Aún no tenemos todos los detalles de este plan canje, pero el gobernador enviará al ministro de Finanzas de la Provincia (Guillermo Acosta) para que participe en la negociación con los funcionarios nacionales. Lo primero que hay que acordar son las deudas que Córdoba le reclama a la Nación, para que ellos las reconozcan”, afirmó alguien al tanto de las reacciones en la provincia sobre la propuesta del presidente Milei.
El anuncio que hizo el Gobierno nacional sorprendió a la mayoría de los gobernadores. Si bien Catalán dijo que algunos mandatarios conocían de manera informal el plan que se estaba gestando en la Casa Rosada, en el chat que comparten los gobernadores ninguno lo reconoció, deslizaron en el Centro Cívico.
Según fuentes del Gobierno provincial, la postura de los gobernadores será sentarse a negociar con la Nación, pero ninguno renunciará de antemano al reclamo de las deudas al poder central.
Un funcionario llaryorista que tiene contactos fluidos a nivel nacional no descartó que esta nueva propuesta de la administración de Milei fuera un mensaje más para la Corte Suprema de Justicia que para las provincias.
Es que, en el máximo tribunal de Justicia, ya se acumulan más de 30 demandas de las provincias por distintas acreencias de la Nación.
En la visita que tres cortesanos realizaron a Córdoba, el 25 de septiembre pasado, el propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se pronunció sobre los reclamos de deudas de las provincias, en un discurso que brindó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“En una verdadera democracia, con división de poderes, los problemas de la política los deben resolver los políticos. La Justicia debe actuar como último recurso. No es una buena señal institucional que todas las controversias se judicialicen”, había dicho Rosatti, cuando llegó a Córdoba acompañado por otros dos cortesanos: el cordobés Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
Demandas
Precisamente, en la Corte Suprema se acumulan varias demandas de provincias por las deudas que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) mantiene con las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación.
Entre ellas, hay dos demandas que el año pasado inició el entonces gobernador, Juan Schiaretti, en contra de la Anses, por un monto que, actualizado al 31 de agosto pasado, es de $ 430 mil millones.
Las versiones indicaban que la Corte Suprema tenía previsto convocar antes de fin de año a la Nación y a las provincias a una audiencia de conciliación por las deudas previsionales.
Una alta fuente del máximo tribunal de Justicia nacional admitió este viernes a La Voz que había “amplias sonrisas” en el Palacio de Justicia por este anuncio del Gobierno nacional.
Los jueces esperan que los reclamos cruzados entre la Nación y los gobernadores tengan una salida, para evitar un fallo judicial.
El último fallo judicial fue en favor de Caba, por el reclamo que hizo el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la quita de coparticipación que en su momento decidió por decreto el presidente Alberto Fernández.
Además, Córdoba le reclama al Gobierno nacional deuda por obras que en su momento firmó el entonces presidente, Mauricio Macri, el 26 de enero de 2016, a poco de iniciar su gestión nacional.
El monto que el Gobierno de Córdoba le exige a la Nación por obras supera los U$S 200 millones. Sin embargo, los funcionarios llaryoristas admiten que están los convenios firmados por tres proyectos de obras que ya fueron finalizados, pero que antes debe haber un reconocimiento por parte de la gestión de Milei.
Debate del Presupuesto
Más allá de esta propuesta que el Gobierno nacional presentó para un posible canje de deuda con las provincias, la postura de los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora es que en el Presupuesto para el año que viene figuren los fondos que el poder central debe girar a las provincias, en materia previsional, y también por obras de infraestructura.
“Si esos recursos no figuran en el Presupuesto 2025, es difícil que la Nación cumpla con los desembolsos a las provincias”, aseguró un legislador nacional del PJ provincial.
