¿Cuántos Oscar González hay en Córdoba? ¿Cuántos habitan el Poder Ejecutivo? ¿Cuántos hay en la Unicameral? ¿Cuántos, en la Justicia provincial y en la federal? ¿Cuántos existen diseminados en el interior, al frente de municipios y gobiernos locales? ¿Cuántos hay ejerciendo el poder en otras provincias?
Sobre González no pesa aún ninguna condena. Y, como todo ciudadano, es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Sin embargo, González se convirtió, desde aquel trágico siniestro vial que protagonizó en el Camino de las Altas Cumbres, en un símbolo que resume una categoría de funcionario con un amplio espectro de privilegios. Un exponente premium de la casta.
Desde el auto de lujo que conducía, y que formaba parte de una flota que él mismo administraba desde la presidencia provisoria de la Unicameral, hasta las propiedades que ahora la Justicia federal le cuestiona porque sospecha que no pudo haberlas comprado con los ingresos declarados de sus años en la función pública.
Por eso, entre otros elementos, pesa sobre González una condena social, aunque todavía ninguna judicial.
Con todo, el agravante mayor llegó para el ex hombre fuerte del PJ el lunes pasado, día en que quedó preso en su casa, tras hacerse efectiva la medida cautelar de la Justicia federal.
González está preso ya no por su responsabilidad en el siniestro –aún no determinada por la Justicia provincial–, sino por estar acusado de presuntamente enriquecerse de manera ilícita y por haber procurado lavar activos, dos delitos que suelen ir de la mano.
La situación personal, política y también patrimonial del exlegislador y exfuncionario provincial cambió radicalmente el 29 de octubre de 2022, cuando su auto chocó de frente con el de la docente Alejandra Bengoa, quien murió.
Ese siniestro marcó el principio de la caída de uno de los dirigentes que más poder acumularon en la provincia en los últimos 25 años. Menos gobernador y vice, González fue casi todo en los gobiernos de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti. Ocupó diversos cargos con un estilo de ejercicio fuerte del poder. Congruente con eso, en un cuarto de siglo construyó un nivel de influencia significativo.
La prisión de González está produciendo un cimbronazo en el corazón del poder político provincial. La privación de la libertad de un político de la envergadura del excaudillo de Traslasierra es una excepción en Córdoba. Para los cánones y la casuística provincial, es lo más parecido a una falla (de las más graves) del sistema. Hasta ahora, la Justicia provincial, no había fallado. La Justicia federal dio la nota en este caso.
¿Cuántos otros “González” de la política pueden justificar los bienes que tienen? Más preciso aún: ¿cuántos pueden hacer coincidir sus ingresos con sus actuales niveles de vida? ¿Es necesario otro siniestro mortal para que se corra otro telón? ¿Por qué las instituciones de la democracia son incapaces de depurar la infección que ellas mismas producen?
La podredumbre
Los hedores de la podredumbre del sistema han quedados expuestos, también, en la Legislatura provincial. Hay un pacto no escrito, aunque evidente, de una mayoría que volvió a quedar al desnudo, ya no por un error en la matrix, sino por un abuso extremo de impunidad.
En los próximos días se cumplirá un mes del último escándalo del encumbrado puntero del PJ Guillermo Kraisman. El exconcejal sigue detenido en Bouwer luego de ser apresado cuando intentaba retirar un millón de pesos con un DNI que no era de la titular de la cuenta de la ahora ya célebre “empleada fantasma” de la Unicameral.
Preso en Bouwer, Kraisman mantiene el silencio, aunque ya avisó que está dispuesto a hablar. Un aviso directo y de alerta a sus jefes políticos, que lo dejaron a la intemperie.
El silencio también es total en las autoridades de la Legislatura, que siguen ocultando el nombre del legislador o de la legisladora a la que estaba asignada Virginia Martínez, la mujer que nunca pisó la Unicameral y que tenía depositado en su cuenta el millón de pesos que Kraisman quería para sí.
Ese mutismo es una síntesis perfecta de la opacidad, y una confesión de parte incontrastable del nivel de oscurantismo con el que se maneja parte del Poder Legislativo provincial.
El toma y daca de asesores, el nombramiento de familiares directos y de amigos, no es nuevo en la Unicameral. Todo lo contrario: es un esquema sistémico que se reproduce en el tiempo y que hasta se justifica con la cínica frase “el gasto de la Legislatura no mueve la aguja”.
En definitiva, ese dispendio de fondos públicos es el eslabón inicial de la misma cadena que en el otro extremo reproduce a los González. ¿Cuántos hay? Parece obvia la respuesta a esa pregunta.
