Cuentan quienes saben de crímenes organizados que hay detenidos que duermen mucho mejor en las apretadas y poco confortables celdas en las que están alojados que varios que se acuestan en las amplias camas de sus lujosas residencias de la libertad.
Desde que el empresario contratista del Estado Federico Máscolo está alojado en Bouwer, en diciembre del año pasado, hay una larga lista de consumidores de ansiolíticos para poder conciliar el sueño. Están de este lado de las rejas.
El escándalo amenaza con esquirlas por todos lados y parece revelar que la asociación de la corrupción con la obra pública es tan inherente de la constitución del poder local como lo ha sido a nivel nacional.
El caso Máscolo, ese empresario de descomunal crecimiento patrimonial y adjudicatario de todo tipo de obras provinciales y municipales sin tener casi estructura, no sólo nos habla de ausencia de transparencia en Córdoba sino de presuntas falencias severas de calidad institucional, de la que tanto se alardea por estas tierras.
Primer elemento: para que avance, el caso debió caer, casi por carambola, en la Justicia federal. La Justicia provincial tiene cada vez más aceitado el mecanismo que impermeabiliza cualquier investigación que pueda inquietar al poder político.
Su fuero Anticorrupción ya lleva más de 20 años de virginidad, y el resto del andamiaje acompaña, para que los ojos estén bien vendados.
¿Cómo es que en tan poco tiempo de investigación un par de fiscales federales y un juez del mismo ámbito encontraron tantas sospechas de manejos de la obra pública en Córdoba y a los magistrados provinciales jamás les sorprendió nada, pese a la existencia de denuncias?
Los pocos fiscales provinciales que se animan a encarar al poder, aunque sea de manera lateral, son objeto de persecuciones altamente sospechosas de una estructura paraestatal bastante efectiva a la hora de disciplinar.
Se ha perdido tanto la referencia de una lejana independencia de poderes que los fiscales provinciales que investigan determinadas áreas del Estado se reúnen con el ministro responsable del sector para ver cómo encarar la pesquisa.
La Voz informó esta semana que el fiscal que investiga la muerte de un preso el año pasado por presuntas torturas en Bouwer, José Mana, se reunió con el fiscal adjunto, José Gómez Demmel, y con el ministro de Justicia, Julián López. En cualquier lado, un encuentro de ese tipo sería objeto de una investigación.
Puñado
Pero el caso Máscolo arroja otros mensajes de deterioro de la calidad institucional. El fiscal federal Enrique Senestrari le pidió al Tribunal de Cuentas, en manos de la oposición desde diciembre, que le informe las obras que la Provincia le entregó a Máscolo.
¿No confía el fiscal en los datos que le pueda suministrar el Ministerio de Infraestructura o el propio Ejecutivo provincial?
Es que hace rato esos jugosos contratos del Estado son manejados por un puñado de funcionarios que se van alternando en cargos de presupuestos elevados.
El caso Máscolo no sólo parece desnudar un poder provincial ejercido desde hace más de 25 años por la misma fuerza política, que cambió tres gobernadores pero casi no tocó sus esquemas de vinculaciones, sino un entramado opositor puesto al servicio de esos andamiaje.
Ese poder no se puede ni se quiere investigar a sí mismo. Por eso, intervienen la Justicia federal, la Unidad de Investigaciones Financieras de la Nación y las fuerzas federales.
