“Los cambios son positivos si se hacen con inteligencia, porque otorgan herramientas para dar soluciones. Lo que no debe hacerse es dejarse llevar por el fragor de la coyuntura y actuar en función de lo que dictan las encuestas. Eso nunca será una solución; más bien todo lo contrario”.
La frase, lanzada en reserva por una fuente judicial cordobesa, resume parte del clima que se vive puertas adentro del Poder Judicial local frente al renovado intento del oficialismo provincial por regular la protesta social. El tema no es nuevo, ni la polémica que genera. Tampoco lo es el trasfondo político que lo alimenta.
Tras el fracaso de un proyecto similar el año pasado, el gobierno de Martín Llaryora vuelve con una iniciativa que propone modificar el Código de Convivencia. El objetivo declarado: limitar los excesos en las protestas callejeras. Pero, para los gremios, la lectura es otra. Rápidamente denunciaron que se busca “criminalizar” los reclamos sociales.
No es común que un gobernador peronista sea acusado de atacar el principal instrumento de presión sindical. Llaryora ya había sido señalado por algo similar en 2020, cuando se enfrentó al gremio de los municipales al comenzar su gestión en la Capital. Ahora, desde la Legislatura, es la oficialista Nadia Fernández quien toma la posta para empujar el debate.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, había iniciado ese debate al reclamar más herramientas para el accionar de la Policía y de los fiscales en las protestas.
La movida llega justo cuando el modelo de mano dura que instaló con éxito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sufre un revés judicial en Córdoba: hace unas semanas, la Cámara de Acusación absolvió a un grupo de gremialistas imputados por manifestarse y generar disturbios el año pasado. El fallo se sintió como un retroceso para quienes quieren replicar esa lógica nacional bullrichista en Córdoba.
La pregunta central es si esta nueva iniciativa será efectiva. La experiencia no es alentadora. Basta recordar la ley que garantizaba la prestación de servicios esenciales durante huelgas, celebrada como un triunfo de los usuarios y que hoy duerme en los cajones. Fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura en 2017, pero nunca se aplicó. ¿Correrá esta propuesta la misma suerte?
Obviedades y dudas a la vista
El fenómeno de la espiralización de la protesta no es nuevo. Ocurre a nivel nacional, provincial y municipal. En Córdoba capital, el Suoem es sinónimo de caos callejero para buena parte de los vecinos, en especial para los automovilistas. La dinámica entre las autoridades del municipio y el sindicato se repite: cruces mediáticos, amenazas, y una intervención provincial que llega justo para calmar las aguas cuando el desgaste se vuelve insostenible para ambas partes.
Las razones del conflicto tampoco sorprenden. Cuando los ingresos de la mayoría no alcanzan para empatarle a la inflación, las calles se llenan. Protestar es un derecho constitucional, pero que inevitablemente choca con los derechos de terceros, como quienes simplemente quieren circular. La tensión es estructural. Y la política, lejos de resolverla, muchas veces se limita a maquillarla.
A nivel nacional, la película no es muy distinta. El gobierno de Javier Milei apeló a un decreto presidencial para limitar paros y huelgas bajo la figura de servicios ya no esenciales, sino “trascendentales”, pero una jueza hizo lugar a una cautelar presentada por la CGT y desactivó el intento. El tema, como era de esperar, terminó judicializado.
En Córdoba, mientras tanto, el oficialismo intenta instalar nuevamente el debate. Pero no todos en la Justicia lo ven con buenos ojos. Algunos proponen aplicar el sentido común con las herramientas ya disponibles. “Cortar calles no es siempre un delito per se”, recuerdan. Una fuente judicial de sobrada experiencia en protestas callejeras lo ilustra con el siguiente ejemplo: “Ante una manifestación masiva, a veces es preferible un corte total y breve que uno parcial y prolongado. Tanto la Policía como los manifestantes han aprendido qué se puede hacer y qué no. Lo que no se puede evitar es que la gente se exprese dentro de la ley”.
La regulación de la protesta es un campo minado donde chocan derechos, intereses y discursos. La historia reciente muestra que las soluciones declamadas muchas veces no pasan de la intención. Y mientras tanto, la calle –esa vieja caja de resonancia en la que Córdoba tiene puntos históricos e icónicos– sigue marcando la agenda.
