El proyecto de amplias reformas sobre las cuales Javier Milei quiere constituir las bases de su gestión cumple su primer mes en el Congreso, sin que haya un vaticinio claro respecto a si se aprobará, en qué momento se concretará, ni cuánto quedará de la iniciativa original, si es que resulta aprobado.
Milei ya no juega sólo un andamiaje legal que sustente su plan de ajuste y liberalización de la economía sino también elementales cuestiones de gobernabilidad.
Cada cual podrá pararse en un lado diferente para analizar las causas de estas demoras pero lo cierto es que una gestión que llegó con la fortaleza de los votos y la debilidad de la estructura institucional podría quedar en complicaciones severas si esos dos instrumentos iniciales antigradualistas, como la “ley ómnibus” y el mega-DNU, fracasan.
Más allá de las motivaciones de cada actor, lo cierto es que el rugido de Milei de “la libertad avanza” se ha topado con el no menos sonoro de “la realidad avanza”, según lo describió el economista Salvador Vitelli.
Y, entre otras formas, esa realidad contiene muchos elementos del prócer al que Milei invoca como su inspirador, Juan Bautista Alberdi, aquel que edificó la estructura institucional sobre un Ejecutivo fuerte pero acotado por el Congreso de un lado y por la Justicia de otro.
Es probable que haya la reacción de casta en cada uno de estos poderes pero la casta termina siendo una especie de garantía y equilibrios.
Milei parece estar pagando más el precio de la impericia que los lógicos costos que tiene avanzar contra varias corporaciones a la vez y hacer cambios profundos en distintos frentes.
Diputados cordobeses de diferentes extracciones coinciden en que el Gobierno libertario no avanza al ritmo que pretendía en el Congreso más por amateurismo que por otras intenciones subalternas.
Está claro. Lo que sirvió para ganar las elecciones no necesariamente sirve después para gobernar.
Bien podría inscribirse en esa falta de tacto y de tiempos la conducta del ministro de Economía, Luis Caputo, que el día que el Gobierno debía aglutinar en torno del paro general opositor al kirchnerismo, a los gremialistas, a otras vertientes peronistas y la izquierda, él decidió poner también en la vereda de enfrente a los que sí están dispuestos a subirse al ómnibus de la ley de Bases y darle gobernabilidad a Milei.
Sin aquella intervención en redes de Caputo cuestionando a gobernadores y legisladores, el paro de la CGT había tenido más de ganancia que de pérdida para el Presidente y los suyos.
De hecho, la articulación política detrás de la protesta gremial es la que hace que los que andan por las avenidas del medio se sigan más inclinando para el lado del oficialismo que hacia otro.
Equilibrios inestables
Uno de ellos es el cordobés Martín Llaryora, que arrancó esta semana instalado en la ciudad de Buenos Aires, apuntando más a su inserción nacional que al seguimiento de la megaley.
Llaryora busca esos equilibrios del respaldo global a Milei y la defensa de cuestiones específicas que afectan a Córdoba, en especial lo de las retenciones.
Pero esos equilibrios no le están siendo sencillos. Porque a diferencia del rédito que cosecharon sus antecesores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti con el rechazo de la 125 de Néstor y Cristina Kirchner, los resultados pueden ser ahora más acotados en función de que la adhesión de los cordobeses a Milei es diametralmente opuesta a la que tenían con el matrimonio santacruceño.
Por contrapartida, el aval general a Milei le implica a Llaryora el encono de sectores K y progresistas que colaboraron con aquel exiguo triunfo que lo hizo gobernador.
Pero lo más importante es que si no se sale de la crisis, los destinos de todas las gestiones van a quedar bastante atados más allá de los signos políticos.
