La jueza Karina Andrade, quien tomó la detemrinación de liberar a 114 detenidos durante las protestas en la marcha por jubilados, justificó este viernes su medida al asegurar que los procedimientos “no estaban informados con los datos básicos” como la identidad de las personas o el lugar y el motivo por el cual eran detenidas.
En diálogo con Urbana Play, la magistrada justificó su decisión argumentando que no se le proporcionó la información básica sobre las detenciones de manera oportuna y completa.
Andrade enfatizó que se tardaron “horas” en pasarle los datos de la última tanda de detenidos y que la información recibida era deficiente, careciendo de detalles esenciales como el lugar exacto de la detención y un resumen de los hechos en el caso de desobediencia.
Andrade subrayó que priorizó derechos constitucionales, como el de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. “Nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse”, indicó.
Además, aclaró que no se le notificó de ninguna sospecha previa por parte del Gobierno sobre una situación delictiva orquestada con premeditación antes de la marcha, ni se solicitó ningún allanamiento.
La jueza también señaló que su función dentro del sistema acusatorio es “controlar los requisitos de detención” en un contexto de “ponderación de derechos”.
Afirmó que la sentencia que dictó dejó en claro “el ABC de la detención de una persona en el país” y que su argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución.
El caso del mejicano detenido
En declaraciones a El Destape, Andrade volvió a explicar los motivos por los que ordenó la liberaciones y reveló el caso de uno de los detenidos sobre quien sólo se consignaba que era de nacionalidadd mejicana, pero no se brindaban más datos.
“El contexto era general de información que iba siendo completada después, sin estar todo informado como se informa. La persona, el DNI”, indicó.
“Teníamos un caso que decía “mexicano” hasta las 2 de la mañana no tuve información de quien era ese mejicano”, puso como ejemplo.
Andrade sostuvo que se trataba de detenciones “que estaban siendo convalidadas pero no tenían los requisitos básicos” para ejercer un control.
Además, destacó el contexto “un ejercicio de un derecho constitucional que debe garantizarse”.
Además aclaró que “las investigaciones siguen” en curso.
“Ante el pedido del cese de la detención de la defensa, yo como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención. No me está siendo informada a tiempo, con los datos mínimos, ni el delito a tiempo. Después se completaba el delito”, relató.
“Eso me dio cuenta cómo se estaban llevando adelante las detenciones por las fuerzas policiales, sin que pudiera yo cumplir mi tarea”, concluyó.
El Gobierno denunció por sedición a los detenidos
El Gobierno nacional escaló la tensión tras los violentos incidentes protagonizados durante una marcha que originalmente apoyaba a jubilados, presentando una denuncia penal ante la Justicia Federal por los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”.
La presentación, realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, apunta directamente contra los detenidos por la protesta del miércoles y exige el apartamiento de la jueza porteña Karina Andrade, quien ordenó la liberación inmediata de todos los arrestados.
