La tensión dialéctica que llevó a la ruptura del diálogo político entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner afecta la gestión del Gobierno, que tiene sectores casi paralizados y otros aislados operando en soledad bajo el fuego amigo de integrantes de la misma coalición electoral.
El Presidente no quiere darle la razón, pero tarde o temprano las exigencias de la vice se imponen. Los datos de las finanzas públicas están empeorando y el Gobierno va tomando medidas a contramano de lo que expresan los ministros. Este año se pagará un 30% más de planes sociales que en 2021. Y la canasta de subsidios energéticos focalizada en el AMBA crece al 90% anual.
Amilcar Collante, economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), señaló que la dinámica fiscal se aleja de la meta anual acordada con el FMI de 2,5% del PIB de déficit primario. E indicó que los subsidios económicos totales aumentaron 54,4% en términos reales en el primer trimestre, cuando deberían ajustar 0,6% del PIB este año.
Esos puntos, entre otros, y la inflación disparada son los que llevarán en los próximos días al ministro de Economía, Martín Guzmán, a discutir con el FMI una “readecuación de metas”, porque las establecidas hace solo 45 días ya quedaron obsoletas.
El repliegue de ministros
La disputa política interna provoca desinteligencias y la gestión trastabilla corriendo de atrás a los problemas. La escasez de gasoil expuso que el Gobierno no había previsto la situación cuando el insumo resulta fundamental para el campo (y las divisas) y el transporte.
Argentina firmó un acuerdo de Estado con Bolivia por el gas. El Gobierno no quiso, no supo o no pudo explicar públicamente cómo es el nuevo contrato. Fernández fue consultado en la conferencia de prensa. Sonrió y dijo que no estaba al tanto de los detalles. Insólito.
De la guerra contra la inflación anunciada por el Presidente solo hubo un par de medidas, que básicamente extendieron acuerdos de precios que ya se aplicaban; programas que pueden evitar parcialmente que la inflación sea aún mayor, pero que son cada vez más difíciles de encontrar en las góndolas.
El gobierno dice que no ampliará los planes sociales, pero hace otra cosa: en el primer trimestre, el universo de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo aumentó un 52% anual, al pasar de 855.344 titulares activos hace un año a 1,3 millones, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Y la prestación alimentaria otorgada con tarjeta se incrementó 56% (de 1,6 millones a 2,5 millones).
En ese período los ingresos totales de la Administración Nacional crecieron en términos reales 3,6%, con los ingresos tributarios avanzando solo 2,3%, lo que también da cuenta de la desaceleración económica.
En la guerra interna, de 22 ministros solo quedaron Guzmán, Matías Kulfas, Aníbal Fernández y Gabriela Cerruti para defender la gestión. Los otros dieron un paso para atrás y tratan de evitar los micrófonos. A mitad de mandato abrieron la fase de gestión a puertas cerradas.
Ahora Fernández define en Olivos nuevos cambios para el Gabinete, con la idea de renovar para oxigenar y darle mayor dinámica a la gestión. Desde marzo de 2021 cuando echó a su mejor amiga Marcela Losardo de Justicia por pedido de Cristina, todos los ministros trabajan con la idea de que el pedido de renuncia está al caer.
Empeoran las variables
El gasto primario creció 16,5% anual en términos reales en el primer trimestre, según la OPC. El gran agujero lo generan los subsidios energéticos, que se dispararon 90,1% interanual. Mientras, el gasto de capital creció 30% y lo destinado a prestaciones sociales se incrementó 9%.
Guzmán pidió la segmentación de tarifas en 2020. Pasaron 700 días sin respuesta y su responsable, Federico Basualdo, sigue en el cargo por decisión de Cristina y a pesar de que el ministro lo había echado. Recién este jueves la secretaría de Energía convocó a audiencias públicas para el 10, 11 y 12 de mayo.
Taquión, la consultora que lideran Sergio Doval y Mariano Ambrosini, publicó su Monitor Social de marzo sobre la base de una encuesta online a 2.558 personas en todo el país. ¿Qué sentís respecto del futuro de los argentinos?, consultaron. El 40,4% respondió “preocupación”; el 23,4%, “incertidumbre”; el 11,6%, “miedo”; y el 11,2%, “desconfianza”; solo el 13,4% tiene sentimientos optimistas.
La montaña de deuda
Incluyendo los intereses de la deuda, el gasto creció 18% anual en el primer trimestre. Así, el déficit primario llegó a 392.842 millones de pesos, incrementándose 409,3% anual en términos reales. Y el rojo financiero alcanzó los 659.926 millones, creciendo 141,9% anual.
Son números que complican las cuentas públicas, obligando al Tesoro a un mayor endeudamiento en el mercado de capitales local y con el Banco Central. A su vez, la autoridad monetaria emite para asistir al Gobierno y para pagar los intereses de su deuda en una bola que no para de crecer y ya alcanza los 5,07 billones de pesos.
Solo este mes el Tesoro debe refinanciar vencimientos por 610.134 millones de pesos. Al margen de la ayuda de los bancos y organismos oficiales, el mercado le viene pidiendo cada vez más y va creciendo el stock de pasivos ajustados por inflación. Mayo será aún más exigente.
Mirando más hacia adelante, Guzmán va apilando vencimientos para la previa electoral de 2023. Para agosto del año que viene, mes en el que se celebrarán la PASO, ya hay compromisos por casi 700.000 millones. Será un desafío para el Gobierno poder refinanciárlo. Todo dependerá de la integridad política con la que llegue a ese momento.
Por diferentes vías, el Gobierno sigue volcando inmensas cantidades de dinero a la economía para evitar que se enfríe el mercado interno, también para contender la demanda social y sortear la ruptura política de la coalición. Pero para el kirchnerismo sigue siendo insuficiente. Cristina, la jefa del espacio mayoritario del Frente de Todos, lo dejó en claro esta semana al lamentar que “no se hacen las cosas que hay que hacer” ante un Centro Cultural Kirchner repleto de militantes que la ovacionaron.
