Martín Llaryora eligió el silencio, ante la catarata de agravios del propio presidente Javier Milei y de varios funcionarios libertarios que lo incluyeron en la lista de los supuestos “traidores” luego de la caída de la “ley ómnibus” en el Congreso.
Prefirió no alimentar el enfrentamiento con la Casa Rosada, incluso luego de la polémica medida de la Nación de quitarles a las provincias los subsidios al transporte público de pasajeros.
En el Centro Cívico, no tienen dudas de que se trató de un “castigo” al interior por el fracaso del proyecto de la “ley ómnibus”.
En la encrucijada que el Presidente les plantea a los gobernadores, de enfrentarlos y quitarles recursos, Llaryora dio la orden de que fueran los intendentes y el responsable del área de Transporte de la ciudad de Córdoba quienes salieran a cuestionar la medida, que genera un fuerte impacto en la administración del intendente capitalino, Daniel Passerini.
En un escenario distinto, Llaryora no eligió el camino del enfrentamiento con el poder central, que en su momento les trajo jugosos réditos políticos a sus antecesores peronistas, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, muy críticos del kirchnerismo.
Para ser moderado, en medio de las embestidas mileístas, el gobernador se respalda en los últimos resultados electorales, y también en encuestas actuales.
El Presidente fue votado por casi el 75% de los cordobeses en el balotaje presidencial. Y, más allá de que los sondeos marcan que perdió varios puntos en el último mes, Milei mantiene en la provincia un nivel de aprobación superior al 60%.
En privado, Llaryora se defiende de las acusaciones de los libertarios. Asegura que fue “coherente” al apoyar la gobernabilidad ordenando a los diputados peronistas cordobeses que aprobaran en general la megaley, pero le había advertido al ministro del Interior, Guillermo Francos, que “defendería” los intereses de Córdoba.
Es decir, sus legisladores no avalarían algunos artículos sensibles del proyecto si no había garantías de financiamiento para las provincias.
En el entorno del gobernador, sorprende la furia del Presidente. Consideran que los oficialistas no tuvieron en cuenta algunas señales de advertencia. Fueron a la votación por artículo sin cerrar un acuerdo con la mayoría de los gobernadores.
“Alguien le vendió pescado podrido al Presidente. No era cierto que estaba todo acordado. Se sabía que los gobernadores estaban en desacuerdo con varios de los artículos más importantes del proyecto”, explicó un ministro que conoce de cerca el pensamiento de Llaryora.
Ningún funcionario provincial lo dice con todas las letras, pero la sospecha es que el ministro Francos le habría transmitido al Presidente una realidad distinta de las ásperas conversaciones que mantuvo con gobernadores peronistas y también radicales.
Un dato abona esta teoría: en las últimas dos semanas, se enfrió la relación entre el gobernador y el ministro del Interior. “Martín no le atiende el teléfono”, contó un llaryorista puro.
El futuro
La quita de los subsidios nacionales al transporte público puede ser sólo la primera medida de la Nación en contra de las provincias.
Más allá de las críticas y de los agravios, hay una cuestión de fondo que divide aguas entre el Presidente y los gobernadores. Milei está convencido de que los mandatarios provinciales son “gastadores seriales” –como afirmó en varias oportunidades– y que fueron responsables, junto con el kirchnerismo, de la generación del millonario déficit fiscal que tiene el Estado nacional.
Llaryora y sus colegas no coinciden con este diagnóstico, aunque hoy no parece recomendable responder al desafío que propone el Presidente. En un país en crisis, la Nación es la que administra la caja más abultada.
Además, hay una cuestión personal y política que no pasa inadvertida en el Centro Cívico: Milei fue el candidato más disruptivo y ganó las elecciones presidenciales. Y, en estos 60 días de gestión, está demostrando ser el presidente más impulsivo e indescifrable de esta era democrática. Acusa de delincuentes a legisladores nacionales que se oponen a sus iniciativas en el Congreso, y de traidores a gobernadores que pretenden defender los intereses de las provincias que gobiernan.
“No hay que aplicar la lógica política para entender o relacionarse con este presidente. Es distinto a todos los anteriores. No es malo ni bueno: es descriptivo. Entonces, hay que tener mesura, es un momento crítico para el país”, argumentó otro funcionario provincial, de encumbrado nivel político, para defender la postura del gobernador de no alimentar el conflicto con Milei.
En medio de la tormenta, Llaryora abre el paraguas, mientas Milei acelera. Tras la acusación de delincuentes, en su última declaración pública los trató de “parásitos”.
En el contexto de su extenso pronunciamiento en las redes sociales, desde Roma pareció una descalificación destinada a los gobernadores.
