El gobierno de Martín Llaryora tiene, hoy por hoy, un triple problema. No quiere hacer apología del ajuste, pese a que ajustó (y mucho) en 2024, licuando salarios y jubilaciones. No quiere hacer campaña para esta elección porque cree que la ola Milei es arrasadora y que no conviene ni poner las manos en esta vuelta. Y no entiende cómo es que los cordobeses no conectan que las penurias locales obedecen a lo que el Estado nacional dejó de hacer. La encerrona es profunda y lo pone en una tensión tan extrema con su electorado que prefiere, por el momento, no hacer olas y apoyar. Nada que se le parezca a una confrontación con el proyecto libertario, aunque le pese.
Repasemos. Hace cuatro meses que la recaudación local viene subiendo, pero en el Gobierno provincial pretenden prolongar la queja. La pulseada está hoy en atar las paritarias a la inflación y no a la evolución de los ingresos. Ese es el corazón de la propuesta salarial que se discute con la Unión de Educadores de la Provincia, que está bastante empantanada: la Provincia quiere que los salarios ajusten por inflación (ahora que está planchada) y no por recaudación, dado que, si la economía consolida su recuperación, este ítem será más alto que ajustar por precios. Los docentes quieren lo segundo y que se vayan incluyendo puntos adicionales a cuenta de lo que se perdió en 2024. “Lo perdido, perdido está”, piensan en Casa de Gobierno.
De ese acuerdo (que repercute en jubilados y luego en todo el universo de activos) dependerá la salud financiera de 2025. A Córdoba le va a pasar lo que ya sucede en la Nación: se acabó la “licuadora” y, de ahora en más, el superávit dependerá de que la recaudación acompañe la reactivación de la economía o de afilar la motosierra. “Sintonía fina”, le llamó alguna vez una expresidenta.
Ese es un punto para destacar: los cordobeses perciben que la Provincia no hizo ajuste fino en la estructura del Estado. Eso tiene mucho de cierto: si bien en 2024 hubo superávit corriente, el grueso se explica por haber dilatado los aumentos paritarios a los activos y por disponer recortes adicionales a los pasivos, como la restauración del diferimiento a una parte de los jubilados y la retención de un punto extra para Apross.
Es inminente el cierre de tres agencias, como dijo el gobernador en la apertura de sesiones de la Legislatura. La Agencia de Conectividad sería absorbida por Epec, ahora sociedad anónima, y probablemente se unifique Deportes con Turismo. A estas horas se discute la tercera. No obstante, todo el personal y la estructura de esas agencias pasarán al nuevo destino; no es que habrá cesantías. El escándalo de los contratados en la Legislatura alimenta esa percepción.
La apuesta es al tercer año
El 44% de los cordobeses califica la gestión de Milei como muy buena y 21%, como buena. Ese 65% positivo es el porcentaje más alto de los 14 meses de gestión, según la consultora Corinto, que trabaja para la Provincia. “Le perdonan todo”, se enojan en el Panal.
Por eso es que aseguran que 2025 “no será un año electoral”, no habrá “plan platita” versión local ni se aceitará la máquina del gasto público. “No vamos a jugar”, repiten, y aunque presionan a Juan Schiaretti para que se postule, estiman que la ola libertaria (si la economía sigue en recuperación) será imparable y que hay poco para hacer. Llaryora quiere reservarse las fichas para 2026.
“Los terceros años son la clave; ahí hay que invertir”, aseguran. Según sondeos que encarga el Panal, los cordobeses le reclaman a la Provincia que haga obra pública, pero confiesan que no encuentran un proyecto emblemático y de alto consenso, como fueron las autovías o el cierre de la Circunvalación. Estudian el domo para espectáculos, más autovías, pero debaten aún con qué se podría identificar Llaryora.
El tercer dolor de cabeza que aqueja a Llaryora es que los cordobeses no le echan a Milei la culpa de nada. No encuentran ninguna explicación nacional a las penurias locales que son tan evidentes para los llaryoristas, como el corte de fondos a la Caja de Jubilaciones, el retiro de los subsidios del transporte o la finalización del incentivo docente.
Es más, hasta hicieron circular la versión de que dejaría de pagar el Fondo de Incentivo Docente en junio próximo. “Ni valoran los docentes el esfuerzo que estamos haciendo con eso”, repiten los negociadores oficialistas. Y dicen que las demandas de los cordobeses –inseguridad, control de las picadas, combate al narcotráfico– necesitan ser ejecutadas por un gobierno fuerte. “¿Quieren o no quieren Estado presente?”, interpelan en el Panal. “Si de verdad quieren que el Estado se retire, nos retiramos”, analizan.
Es probable que no decodifiquen todavía al particular electorado cordobés. Schiaretti sabía que compartía votos con las propuestas de centro y centroderecha. Llaryora reniega de eso. Y es la columna vertebral de los dilemas que hoy debe resolver.
