En la parroquia de San Pedro, Caracas, funciona el centro de tortura más grande de la Venezuela chavista: el Helicoide. Un edificio con forma de espiral que fue diseñado para ser utilizado como un gran centro comercial, pero la dictadura resolvió convertirlo en la sede del servicio bolivariano de inteligencia.
Para cualquiera de los cientos de presos políticos que hay en Venezuela, ser conducido a esas mazmorras es una sentencia de muerte.
Conviene imaginar ese escenario lóbrego para poner en contexto el dilema que atraviesa la discusión pública tras la intervención de Donald Trump para detener a Nicolás Maduro.
Imaginar, por ejemplo, que a un detenido en el Helicoide, el carcelero del régimen le propone la siguiente opción: ¿Podría usted soportar algunas sesiones más de tortura hasta que las Naciones Unidas debatan el ingreso de fuerzas extranjeras y pongan fin al régimen dictatorial?
Este dilema horrendo está hoy en el subsuelo del debate público. Porque salvo en caso de ideologismos muy fanatizados, existe una coincidencia generalizada sobre dos ideas: que en Venezuela hay una dictadura y que la intervención extranjera es un precedente riesgoso.
Hasta allí la coincidencia. Luego se bifurcan las posiciones. Están los que sostienen que el derecho internacional fracasó para detener la dictadura y la intervención de Trump es un principio posible de solución. Es el argumento que inspira las opiniones de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz.
Y están los que se niegan a admitir esa intervención porque implica convalidar una vía de hecho contra las normas de convivencia internacional.
Entre quienes se han pronunciado con este último criterio está el comité editorial del diario The New York Times: “Lo que separa a la guerra del asesinato es la ley”.
El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti recordó que el régimen chavista impugnó la Carta Interamericana de Derechos Humanos, rechazó a la Corte Interamericana que surge de ese orden jurídico y también se apartó de la carta de la OEA. Rememoró los tiempos de dictadura en su país: “Sostuvimos que la no intervención cedería ante la defensa de los derechos humanos”.
El exdiputado Fernando Iglesias señaló que todas las tradiciones progresistas ponen a los derechos humanos por encima de las soberanías nacionales, como condición indispensable para su ejercicio. Iglesias recordó, además, que el argumento en contra de la injerencia extranjera era el que usaba la dictadura de Videla cuando se produjo la visita de la Cidh.
El mismo argumento usó el chavismo contra Michelle Bachelet cuando presentó su informe en la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Desde ese momento, la comunidad internacional fue impotente para frenar esos horrores en el marco de las normas de gobernanza global vigentes.
María Corina Machado fue más a fondo al sostener que su país ya estaba intervenido. ¿De qué otro modo se explica que 32 cubanos eran la guardia pretoriana que protegía a Maduro?
Un concejal de Córdoba expuso en redes sociales el núcleo del dilema jurídico. Javier Fabre explicó que la soberanía y la autodeterminación no son atributos del poder de facto, sino derechos del pueblo. Cuando un régimen surge de la captura del Estado por una organización criminal, deja de expresar la voluntad popular.
Fabre desafía con una reflexión incómoda: “Si el derecho internacional sólo aparece cuando actúa una potencia y no cuando colapsa una democracia, entonces necesita reformas profundas”.
Quienes reprochan a Trump su ingreso a Venezuela, subrayan que no lo hizo invocando la defensa de la democracia, ni persiguiendo a un condenado por delitos de lesa humanidad. Los pragmáticos replican que la invasión a Panamá para detener al narco Manuel Noriega fue el inicio de la recuperación de ese país.
Debate
El dilema entre pragmáticos de la política realmente existente y principistas del derecho global lleva implícito un debate más profundo: el del fin y los medios.
Los pragmáticos reprochan con ácida ironía que algunos líderes como Lula Da Silva, Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum venían proponiendo que el pueblo venezolano haga renunciar al dictador con una suelta de globos.
Antonio Caño, periodista español, sostiene que el único argumento con el cual se puede defender la acción de Trump es que abre la escena de un final posible del régimen chavista: “Es decir, que el fin justifica los medios”.
Caño admite: “Entiendo que no es un argumento menor”. Ahora bien: “¿Qué mundo nos deja la aceptación de que el fin justifica los medios?”. El pragmatismo extremo suele confundir la necesidad con virtud.
Pero esa conclusión no resuelve el dilema del Helicoide. Si el derecho internacional vigente nos ha puesto en ese dilema no es porque Trump haya entrado ahora en Venezuela, o Vladimir Putin en Ucrania en el año 2014. El principismo teórico lleva a confundir las consecuencias con causas.
