Tal y como lo anunció el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el poder Ejecutivo envió este miércoles un proyecto al Congreso, el cual propone aumentar las penas contra quienes provoquen incendios.
En el documento enviado con la propuesta formal, el Ejecutivo propone modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal. La intención es que este proyecto sea tratado en las actuales sesiones extraordinarias, las cuales concluyen el viernes 21 de febrero.
En cuanto al artículo 186, la propuesta sugiere añadir nuevos “supuestos de conductas que pudieron producir estragos”. En concreto, el proyecto propone incluir dentro de las acciones punibles a la liberación de tóxicos, emisión de radiaciones, provocación de derrumbes y demás conductas que sean capaces de generar estragos.
De aprobarse el proyecto, estas acciones se sumarian a las ya enmarcadas dentro del artículo, como lo son las de causar incendios, explosiones o inundaciones.
Además, en cuanto a las penas, el documento propone elevar la mínima de tres a cuatro años, esto con el fin de que quién cometa el delito no pueda evitar cumplir efectivamente con la sanción, como ocurre actualmente.
En tanto, el proyecto aspira a aumentar las pena máximas. De esta manera, si el estrago causado afecta a bienes específicos, “tales como los que formen parte del patrimonio cultural de la Nación, bosques, parques nacionales o yacimientos arqueológicos, entre otros”, la pena máxima sería de 15 años.
Por su parte, si el delito provocase la muerte de una o más personas, el máximo aplicable ascendería de los actuales 20 años a los 25.
Por último, el documento enviado al Congreso propone elevar las penas para que aquellos casos en el que el delito sea realizado sin intención. Es decir, de modo culposo.
En cuanto a esto, la propuesta de modificación del artículo 189 prevé que la pena mínima de un mes de cárcel suba a un mínimo de cuatro años. Por su parte, de aprobarse el proyecto, el máximo actual de un año se elevaría a seis.
En tanto, el documento señala que, si dicho delito “pusiera en peligro la vida de una persona, o si se le produjera la muerte o lesiones gravísimas”, la pena máxima aumentaría a entre ocho y 10 años de prisión, respectivamente.
Según lo indicado en el proyecto, las modificaciones propuestas tienen como objetivo “desmotivar”, a través del endurecimiento de las penas, a quienes tengan la intención de llevar a cabo una de las conductas encuadradas en la normativa.
